Un muerto y cuatro heridos en un enfrentamiento entre un grupo de mineros y el Ejército en el Valle del Cauca
Los 30 soldados implicados fueron retenidos el miércoles por la noche y liberados este jueves
Un enfrentamiento entre un grupo de mineros y 30 soldados dejó un muerto y cuatro heridos en la noche del miércoles, según ha informado este jueves la Tercera División del Ejército colombiano. Los hechos ocurrieron en la vereda de Peñas Blancas, en los Farallones de Cali, una zona natural protegida cerca de la capital del Valle del Cauca, en las montañas de la cordillera occidental de los Andes. Los uniformados intentaron incautar seis mulas que t...
Un enfrentamiento entre un grupo de mineros y 30 soldados dejó un muerto y cuatro heridos en la noche del miércoles, según ha informado este jueves la Tercera División del Ejército colombiano. Los hechos ocurrieron en la vereda de Peñas Blancas, en los Farallones de Cali, una zona natural protegida cerca de la capital del Valle del Cauca, en las montañas de la cordillera occidental de los Andes. Los uniformados intentaron incautar seis mulas que transportaban herramientas destinadas a la minería ilegal. No llegaron a hacerlo. Un centenar de personas los rodeó, quemó sus víveres y los atacó con palos, piedras y disparos. Los soldados quedaron retenidos y fueron liberados este jueves en dos tandas: los primeros 24 por la mañana y los restantes seis hacia el mediodía.
La Tercera División ha señalado a este periódico por mensaje de WhatsApp que la persona fallecida y los heridos eran civiles. Asimismo, ha declarado que se establecerá una mesa de diálogo para abordar la situación de la minería en el lugar. No obstante, ha reiterado que continuarán los operativos para frenar la minería ilegal en la zona.
El Ejército defendió en la mañana del jueves en un comunicado el actuar de los uniformados durante el enfrentamiento: “Las tropas son atacadas por disparos, por lo que habrían reaccionado para preservar su integridad”. Asimismo, indicó que interpondrá denuncias por “asonada y secuestro”. Tras la liberación, la Tercera División comentó que las acciones jurídicas se mantendrán y que se adelantarán investigaciones para determinar si la persona fallecida pertenecía a la comunidad de la zona o si era un infiltrado.
Varias instituciones participaron en la mediación con los mineros: la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, enfatizó en Twitter que el Ejército continuará con sus labores en los Farallones de Cali para evitar que la minería ilegal “se apropie de esta reserva natural protegida”. “Yo soy la autoridad y yo no voy a renunciar a mi potestad de autoridad acá. No van a ingresar herramientas que favorezcan la minería ilegal”, agregó en un video con miembros de la comunidad. Reconoció, además, que algunas promesas realizadas en años anteriores no se habían cumplido.
La Defensoría del Pueblo identificó al fallecido como Wilmer Álvarez, originario de Suárez (Cauca), y resaltó que es necesario abordar la problemática “estructural” de los yacimientos mineros en la zona. Tras colaborar en la mediación de los últimos seis soldados, la entidad señaló que los afectados se encontraban en buen estado de salud y que fueron trasladados al puesto de Pichindé, donde entregaron sus armas para que sean parte de la investigación que adelantan las autoridades.
El incidente no es el primero que en los últimos meses evidencia la tensión entre el estilo de vida de pequeños mineros y las acciones militares para proteger el medio ambiente. Antioquia vivió en marzo un paro minero que frenó la vida diaria en las regiones del Nordeste y el Bajo Cauca durante semanas, con acciones que incluyeron la obstrucción de vías públicas, la destrucción de peajes y el sabotaje de un acueducto. El detonante fue la destrucción de cinco dragas que eran utilizadas en la minería ilegal de oro. El paro derivó en que el Gobierno suspendiera el final del cese al fuego bilateral con el grupo armado, señalado por el Ejecutivo como el operador de las instalaciones ilegales y como el responsable de instigar la violencia durante el paro.
En enero, la guardia campesina de un pueblo del Meta retuvo durante tres días a 30 soldados. En la zona hay desconfianza hacia los militares por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido con la excusa de la persecución de la guerrilla.
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