Historia de una fiesta y del traslado de cárcel del asesino de mi padre

Lo más inquietante de esta historia no son las certezas, sino las contradicciones que la ensombrecen. Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se casó durante el confinamiento de la pandemia. La boda civil fue en Cajicá (Cundinamarca), en 2020, y la celebración se hizo, un año después, en Barranquilla, con dos eventos: uno, en la mañana a orillas de la playa, y otro, en la noche del mismo día, en el patio de una casa. En las imágenes, la pareja aparece sentada en la mitad, y los asistentes, vestidos de blanco, la rodean en una ceremonia austera. Entre los pocos invitados resa...

Lo más inquietante de esta historia no son las certezas, sino las contradicciones que la ensombrecen. Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se casó durante el confinamiento de la pandemia. La boda civil fue en Cajicá (Cundinamarca), en 2020, y la celebración se hizo, un año después, en Barranquilla, con dos eventos: uno, en la mañana a orillas de la playa, y otro, en la noche del mismo día, en el patio de una casa. En las imágenes, la pareja aparece sentada en la mitad, y los asistentes, vestidos de blanco, la rodean en una ceremonia austera. Entre los pocos invitados resaltan la esposa y las hijas de Kiko Gómez, exgobernador condenado por seis homicidios (el de mi papá, uno de ellos). Recientemente, Gómez ha conseguido que lo trasladen de una cárcel de alta seguridad a una de su preferencia y de menor seguridad.

Bibiana Bacci, esposa de Kiko Gómez, no figura en las imágenes. Uno de los testigos, que pidió reserva de su nombre, contó que Juan Fernando advirtió que se cuidasen de tomar fotografías. Aunque ella no aparece, varios de los invitados confirman que sí estuvo. En la reunión de la mañana, bajo las carpas en la playa, hicieron un ritual esotérico para los novios; en la noche celebraron con whisky. Los novios recibieron lluvia de sobres con dinero como regalos. El comisionado de Paz, Danilo Rueda, fue uno de los invitados. Afirma que ese día conoció a Bacci y alcanzó a cruzar algunas palabras con ella. A las celebraciones fueron invitados también Alfonso Manzur (actual superintendente de Vigilancia) y Pedro Niño, abogado de Kiko Gómez.

Hace unos días contacté a Juan Fernando Petro para preguntarle sobre la celebración y sus relaciones con Bibiana Bacci. Respondió alterado, en mensajes de voz, con una perorata hiperbólica sobre la manipulación de la verdad en los medios. Antes de preguntarle por la fiesta de Barranquilla, se refirió a ella como una reunión de amigos que trabajaban por la paz. A la pregunta de si Bacci había estado en la fiesta, dio rodeos, desvió la conversación. “La pregunta es monstruosamente simple, pero lo que está detrás (…) es monstruosamente complejo”, dijo. Finalmente, negó que ella hubiera estado allí. Afirmó que la conocía por el trabajo con artesanías de una de las hijas de ella. Cuando le pregunté si había recibido un regalo de Bacci, increpó diciendo que si acaso ella era una criminal: “Que yo sepa ella es una ciudadana como cualquier otra”. Repetí la pregunta varias veces. Nunca la respondió.

Aunque Juan Fernando niega que fuera la celebración de su matrimonio, el superintendente Alfonso Manzur y el comisionado Danilo Rueda se refieren a ella como tal. Cuando le dije a Juan Fernando que Rueda había dicho que la esposa de Kiko Gómez sí estuvo ahí, respondió que Rueda lo ha traicionado desde que se posesionó como comisionado. El funcionario explicó que no pudo traicionarlo, pues no había acordado su nombramiento con nadie.

Petro y Rueda, entonces director de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se vieron envueltos en una controversia por una visita que hicieron a la cárcel La Picota, en plena campaña electoral de 2022. Varios presos aseguraron que Juan Fernando les ofreció beneficios judiciales; él lo negó, pero la visita fue el punto de partida de otros debates. La reunión fue gestionada por Pedro Niño, abogado de Kiko Gómez. A comienzos de este año, el Clan del Golfo designó al abogado como su vocero en los diálogos de la paz total de Petro, pero apenas se hizo público su nombramiento, el Gobierno anuló la designación.

El presidente Petro ha pedido a la Fiscalía que investigue a su hermano por presuntos enredos con abogados que pedían dinero a presos que buscaban ingresar al proyecto de paz total para obtener beneficios penitenciarios como reducción de penas. Sin mencionar nombres de intermediarios, hace pocos meses el comisionado Rueda denunció que un preso había pagado 120 millones a un abogado para ser trasladado a una cárcel de su preferencia. Nunca dijo quién era el preso ni cuál era la cárcel.

Juan Fernando dijo que su trabajo en las cárceles no tuvo nada que ver con Kiko Gómez. Rueda explicó que Gómez, en su condición de victimario, a través de Niño había enviado audios a la Comisión Intereclesial reconociendo su responsabilidad (sin especificar en qué). Gómez pretendía que la Jurisdicción Especial para la Paz lo acogiera para así obtener beneficios como menores penas por sus crímenes.

La amistad entre el hermano del presidente y la esposa de un criminal no es delito, pero sí es cuestionable si deriva en beneficios para el condenado. Kiko Gómez fue alcalde de Barrancas, La Guajira, y gobernador de ese mismo departamento. Cumple dos condenas (la pena máxima impuesta es de 55 años) por seis homicidios y dos conciertos para delinquir con grupos armados ilegales. Estaba preso en la cárcel La Picota y el pasado 23 de diciembre pidió un traslado a la cárcel El Bosque, de Barranquilla, que le fue aprobado en tiempo récord: 15 días hábiles después, el 16 de enero, ya estaba en Barranquilla.

Fue una decisión inusualmente veloz. “Como mínimo puede demorar entre dos y tres meses en cumplirse”, señaló un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Lo más insólito es que se dio como “estímulo de buena conducta”, cuando Gómez ha celebrado fiestas en la cárcel, ha sobornado funcionarios del INPEC y en varias redadas le han decomisado elementos prohibidos. Es decir, ha violado la ley. Sin ningún argumento de peso, el director del INPEC, Daniel Fernando Gutiérrez, autorizó el traslado a la cárcel El Bosque. Existen serias discrepancias entre lo que dijo en una entrevista a la W Radio, en la que afirmó que el traslado se dio por afectaciones de salud a causa del clima de Bogotá, y la solicitud y resolución de traslado, en la que no aparecen ni dictamen médico legal alguno, ni tampoco un reporte del Consejo de Disciplina, requisito mínimo que ordena la ley cuando se trata de traslados como estímulo a la buena conducta.

El INPEC se saltó otros procedimientos: no convocó la junta asesora de traslados que, en caso de condenados por delitos graves, deberá analizar si es procedente. Lo envió a una cárcel que no cumple con el requisito de máxima seguridad, y a un patio especial para servidores públicos, aun cuando sus delitos no tienen nada que ver con el ejercicio de su función pública. Su traslado desconoce por completo la lógica y el principio de resocialización que acompaña la pena privativa de la libertad dentro de la legislación colombiana. Ignora que Gómez no ha aportado ningún tipo de verdad por los casos en los que se le acusa e investiga, ni en los que fue condenado, y que tampoco ha reparado a sus víctimas.

Su poder, aún hoy, se extiende a otros departamentos de la región Caribe. Varios de los sicarios contratados por él para la comisión de sus crímenes son de Barranquilla. Envalentonado, una vez le dijo a una de sus víctimas (que posteriormente fue asesinada) que si quería matarlo tenía que buscar sicarios en Medellín o Cali, porque los de la costa le pertenecían a él. En 2014 la Corte Suprema de Justicia decidió que sus procesos no se podían adelantar en La Guajira sino en Bogotá porque su poder en el departamento era tal que no había garantías. Esas circunstancias se mantienen vigentes y demuestran que la justicia y la estructura del Estado en la costa Caribe no son las adecuadas para tratar a Gómez, incluida la fase de ejecución de la pena.

Son muchas las veces que el exgobernador ha tratado de burlar la justicia comprando diagnósticos médicos falsos para lograr la prisión domiciliaria, o jueces para lograr la libertad (un juez fue condenado por haberle vendido un habeas corpus). Su traslado significa que sus procesos pasan a Barranquilla. No es poco lo que contiene el mensaje del regreso de Gómez Cerchar a la región Caribe, menos aún en época preelectoral. De hecho, su hija Juana Gómez Bacci es candidata a la Alcaldía de Barrancas.

Tuvieron que pasar 20 años para que Kiko Gómez fuera condenado por el asesinato de mi padre. En 2018, cuando era candidato, el presidente Gustavo Petro se levantó en la plaza de Barrancas y rechazó cualquier apoyo de Kiko Gómez: “Que se guarde su plata y sus votos, porque están sucios de sangre y cocaína”, dijo. Hoy, paradójicamente, durante su Gobierno le han beneficiado con un traslado ilegal del cual le informé personalmente al ministro de Justicia. Hasta ahora no ha hecho nada.

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