El fiscal Barbosa insiste en sus críticas al Gobierno por supuestos beneficios a narcotraficantes

El fiscal general, Francisco Barbosa, no está satisfecho con las explicaciones del Ejecutivo sobre supuestas concesiones a narcotraficantes en la reforma de política criminal y penitenciaria. “Creo que deberíamos hacer un gran pacto en donde el Gobierno plantee de una vez por todas que ninguna norma que pase por el Congreso va a buscar el beneficio narcotraficante”, ha declarado este jueves en Caracol Radio. El funcionario ya había expresado sus críticas el miércoles, durante una audiencia pública en el Legislativo. Considera que la figura de suspensión de ejecución de la pena que propone la r...

El fiscal general, Francisco Barbosa, no está satisfecho con las explicaciones del Ejecutivo sobre supuestas concesiones a narcotraficantes en la reforma de política criminal y penitenciaria. “Creo que deberíamos hacer un gran pacto en donde el Gobierno plantee de una vez por todas que ninguna norma que pase por el Congreso va a buscar el beneficio narcotraficante”, ha declarado este jueves en Caracol Radio. El funcionario ya había expresado sus críticas el miércoles, durante una audiencia pública en el Legislativo. Considera que la figura de suspensión de ejecución de la pena que propone la reforma para pequeños agricultores de coca también beneficia a comercializadores de la droga o de sus insumos.

El Gobierno radicó la reforma de política criminal y penitenciaria a principios de febrero, con el objetivo de “humanizar las cárceles” y terminar con el hacinamiento de los presos. Incluye medidas para consolidar la justicia restaurativa, agilizar la concesión de beneficios judiciales, eliminar delitos y ajustar algunas de las penas máximas. El fiscal general opina que es un proyecto “bien intencionado” e “interesante” por sus modalidades de reparación a las víctimas.

Sin embargo, Barbosa se revela preocupado por un parágrafo que establece que los jueces podrán aplicar el beneficio de suspensión de ejecución de la pena si el condenado participa en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) o en “cualquier otro programa de tránsito a la legalidad”. Según el fiscal, esa redacción abre la puerta a beneficiar a toda la cadena de producción de las drogas de uso ilícito, y no solo a los eslabones más débiles. “Hay que hablarle al país con claridad. Digamos de frente que queremos un camino distinto en el narcotráfico”, ha comentado en sus declaraciones radiales.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya le había respondido el miércoles, durante la audiencia. “Ni este proyecto ni ningún otro deben tener la menor sospecha de tener alguna inspiración o anhelo de favorecer narcotraficantes”, comentó. Para él, el texto es claro en especificar que la concesión está pensada para pequeños agricultores en situación de pobreza. No obstante, ha prometido que se revisará la redacción: “Si esa previsión no resultara suficiente, la reforzamos, la adecuamos, para que no haya ninguna suspicacia o posibilidad interpretativa que nos vaya a resultar en que se beneficie a narcotraficantes”.

La explicación no parece haber sido suficiente para Barbosa. El fiscal ha vuelto este jueves a sembrar dudas sobre las intenciones del Gobierno. “Si no se logra algo en el sometimiento [a la justicia], pues se lo mete por este proyecto”, ha señalado en Caracol Radio, en referencia al proyecto que también debate el Congreso y que busca reglamentar las negociaciones con el crimen organizado. Para Barbosa, el Ejecutivo ha abierto varios frentes paralelos que son contraproducentes: “No puede empezar a abrir boquetes por todos lados. Si empieza a abrir boquetes, este país empieza a hacer agua”.

La Fiscalía y el Gobierno llevan meses de desacuerdos y debates. El más notorio ha sido la negativa de la entidad acusatoria de levantar las ordenes de captura de los voceros de grupos del crimen organizado hasta que no haya una ley de sometimiento a la justicia. “No existe un marco normativo”, dictaminó la vicefiscal en enero. La tensión bajó tras reuniones entre Barbosa y el presidente de la República, Gustavo Petro.

En la audiencia del miércoles, Barbosa reiteró varias críticas que ha realizado al Ejecutivo. Dijo que el proyecto de sometimiento no incluye “ni una palabra” sobre las víctimas del crimen organizado, algo que ya había resaltado a principios de febrero en una lista de nueve cuestionamientos. Además, comentó que los acuerdos del cese al fuego bilateral con cuatro grupos armados han impactado negativamente en las capacidades operativas de la Fiscalía. “No hay erradicación, no hay incautación, no hay destrucción de laboratorios y tenemos 356 órdenes de captura sin ejecutar contra los homicidas de reincorporados y de defensores de derechos humanos”, enfatizó.

Contra la eliminación de delitos

La reforma de política criminal y penitenciaria incluye la eliminación de delitos que para Barbosa deben ser mantenidos. El fiscal ha reiterado este jueves que el incesto debe penalizarse, pese a que el ministro recordara el miércoles que el delito sexual agravado por parentesco otorga penas más altas. “En este país, usted tiene un riesgo enorme de normalizar la conducta que despenalice. No podemos mandar este tipo de mensajes”, ha señalado en sus declaraciones radiales. Para él, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional señaló en 1998 que “las relaciones incestuosas son indeseables desde el punto de vista de estabilidad, cohesión y armonía de la institución familiar”.

Otro delito que el fiscal no quiere que desaparezca es el de inasistencia alimentaria. Osuna explicó que ya existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, establecido por el Congreso en 2021. Considera que es más eficiente, ya que establece restricciones como la inhabilidad para contratar con el Estado o a impedir que los hijos salgan del país. En cambio, la justicia penal se demora y casi nunca llega a dictar sentencias. Barbosa argumenta que las denuncias penales habilitan espacios de mediación que han sido eficientes. “El Ministerio quiere pasarlos a la jurisdicción civil, pero ahí hay demoras de hasta 10 años”, ha subrayado.

Las críticas no han derivado en mayores tensiones entre la entidad acusatoria y el Ejecutivo. El fiscal ha indicado que se siente cómodo y “tranquilo” con el Gobierno de Petro. Aunque ha indicado que los políticos “nunca habían puesto a la Fiscalía en este nivel de tensión”, ha resaltado que se siente escuchado en sus reuniones con el presidente y sus participaciones en los debates parlamentarios.

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