Las tensiones entre socios amenazan la coalición de Gobierno de Petro

La reforma a la salud que propuso el Gobierno de Gustavo Petro no solo es el proyecto legislativo que marca el debate público en Colombia. También es la iniciativa que evidencia las tensiones internas de un Gabinete formado por figuras de orientaciones políticas diversas y que no necesariamente representan a las bancadas de la coalición en el Congreso, que sufre de su propio estrés. A medida que se acercan las elecciones regionales de octubre y que el Ejecutivo avanza con sus proyectos más ambiciosos, parece que las dificultades se harán más notorias.

Dos ministros han confirmado a EL P...

La reforma a la salud que propuso el Gobierno de Gustavo Petro no solo es el proyecto legislativo que marca el debate público en Colombia. También es la iniciativa que evidencia las tensiones internas de un Gabinete formado por figuras de orientaciones políticas diversas y que no necesariamente representan a las bancadas de la coalición en el Congreso, que sufre de su propio estrés. A medida que se acercan las elecciones regionales de octubre y que el Ejecutivo avanza con sus proyectos más ambiciosos, parece que las dificultades se harán más notorias.

Dos ministros han confirmado a EL PAÍS que el jueves de la semana pasada, después de que circuló un borrador de la reforma entre ellos, cuatro miembros del gabinete enviaron un documento al presidente con las preocupaciones que les dejaba el texto, especialmente las fiscales. Los firmantes fueron los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Agricultura, Cecilia López; Educación, Alejandro Gaviria, y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Todos ellos tienen una larga trayectoria en cargos directivos del Estado y representan posiciones más cercanas al liberalismo o la socialdemocracia que a la izquierda más activista de la que vienen varios de sus colegas, incluyendo a la ministra de Salud, Carolina Corcho.

La carta fue el último intento para incidir en el texto después de varias discusiones en el Consejo de Ministros y el comité estratégico y los reparos públicos de Gaviria, quien fue ministro de Salud de Juan Manuel Santos durante seis años. Pero no logró mayor efecto. El lunes la ministra Corcho repartió el texto que iba a ser radicado y no tenía casi ningún cambio frente al borrador del jueves. Eso aumentó más la tensión.

A última hora, los cuatro ministros lograron incluir dos breves menciones a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Una de ellas es el artículo 54, que les entrega tres funciones en el sistema de salud propuesto y así las mantiene teóricamente con vida pero muy debilitadas, pues actualmente son centrales en el régimen como afiliadoras de la población, encargadas de manejar el riesgo en salud y administradoras de los pagos a los médicos y hospitales. Pero el texto final representa la mirada más radical, que ha ido ganando fuerza en el Gobierno.

En paralelo, la presidencia del directorio nacional conservador dio un giro en el partido más tradicional de derecha, que desde septiembre se había declarado parte de la coalición de Gobierno en el Congreso. El senador Efraín Cepeda logró un respaldo mayoritario para sacar del cargo a su colega Carlos Andrés Trujillo, quien desde la campaña electoral fue uno de los grandes impulsores del apoyo conservador al Ejecutivo de izquierda. Con Cepeda, la renuncia a la coalición parece ser cuestión de tiempo -legalmente solo podrían hacer una declaración formal en septiembre- y aunque ha dicho que seguirán siendo partido de Gobierno, también ha aclarado que será “un partido con carácter”.

En los dos casos se trata de tensiones y no de rupturas. Ningún ministro ha renunciado. Dos de los críticos de la reforma a la salud, Ocampo y González, firmaron este jueves el decreto por el que el presidente asumió por tres meses las funciones para fijar reglas centrales de los servicios públicos domiciliarios, lo que manda un mensaje de unión en un asunto que ha sido motivo de críticas. Varios congresistas conservadores, encabezados por Trujillo, mantienen su apoyo a Petro. La cuota azul en el Gabinete, el ministro de Transporte Guillermo Reyes, sigue firme.

Sin embargo, las tensiones entre socios son significativas. Por un lado, porque el Gobierno las enfrenta justo cuando empieza a ejecutar sus grandes ajustes sociales, desde la reforma a la salud hasta la pensional, o con las decisiones que implementen la transición energética. En palabras de uno de sus alfiles, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, de las reformas que logre sacar adelante depende el futuro del Gobierno. “Ahí miraremos si triunfamos o fracasamos”, explicó a este diario hace varias semanas. En la misma línea, en su primera entrevista a un medio internacional después de ser elegido presidente, Petro le dijo a EL PAÍS : “Las reformas se hacen el primer año o no se hacen.”

Esa necesidad de mostrar que el Gobierno logra las reformas se nota tanto en el mensaje de una reforma a la salud radical, como en el haber asumido las facultades de regular los servicios públicos. Y también en el discurso. Petro no ha vuelto a hablar del “Gran Acuerdo Nacional” del que hablaba cuando fue elegido y selló su alianza con los conservadores, y más bien hace énfasis en su mandato de cambio. Así lo dijo en su discurso de cierre de las movilizaciones que convocó este martes. “El cambio por el que votaron millones de personas no puede ser un cambio de mentiras, ni de maquillaje”. “El cambio no es posible sin el pueblo. El cambio fue por lo que Colombia escogió este Gobierno”.

Ejecutar ese cambio pone de relieve las dificultades para mantener unidos a sectores que, en el Gabinete o en el Congreso, quieren ajustes graduales. Además, a medida que se acercan las elecciones regionales de octubre, los partidos más alejados de la izquierda tienen más motivos para marcar sus diferencias con las propuestas más radicales, particularmente si el presidente sigue con una aprobación baja y si las posturas menos conciliadoras siguen ganando terreno en el Gobierno y en la oposición.

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