Los asesinatos de firmantes de la paz en Colombia, una crisis camino al exterminio

Carlos Marín, exguerrillero de las FARC y congresista, no exagera cuando dice que los firmantes de la paz están en riesgo de un exterminio, como ocurrió con la Unión Patriótica en los años ochenta e inicios de los noventa. Según la ONU, desde 2016, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla firmaron el acuerdo, 355 hombres y mujeres que se acogieron al proceso y aceptaron dejar las armas, han sid...

Carlos Marín, exguerrillero de las FARC y congresista, no exagera cuando dice que los firmantes de la paz están en riesgo de un exterminio, como ocurrió con la Unión Patriótica en los años ochenta e inicios de los noventa. Según la ONU, desde 2016, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla firmaron el acuerdo, 355 hombres y mujeres que se acogieron al proceso y aceptaron dejar las armas, han sido asesinados. “La muerte de un excombatiente era noticia hace cinco años, ya no lo es. El riesgo de que ya no preocupe, ni conmocione, es que termine convirtiéndose en un exterminio como el de la Unión Patriótica”, dice el Representante a la Cámara por Comunes, el partido político de los desmovilizados de las FARC.

El último de sus excompañeros de la guerrilla en ser asesinado fue Cristian Salinas, de 34 años. El 8 de enero, fue atacado a tiros por sicarios que lo dejaron malherido en una vía del Valle del Cauca. Murió ese mismo día en un hospital. Tras dejar las FARC, Salinas se había hecho líder comunitario y trabajaba con jóvenes barristas. En la tribuna del Barón Rojo, la barra del América de Cali, ya lo echan de menos. Allí se hizo conocido por promover el fútbol en paz. A los excombatientes que han intentado liderar procesos con comunidades, los amenazan por no querer hacer parte de la guerra. “Por su liderazgo social y su rol destacado en la comunidad, Cristian había sido objeto de múltiples persecuciones, hostigamientos, amenazas y estigmatización”, decía Comunes sobre este último asesinato.

Un informe de 2020 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señalaba que la mayoría de los asesinados eran guerrilleros de bajo rango y poca escolaridad, entre los 25 y 44 años, atacados en lugares públicos, especialmente en las zonas rurales, y asesinados por disparos en la cabeza y el tórax.

La JEP aseguraba que, como ocurre hasta ahora, casi todos los firmantes asesinados asumían algún rol de liderazgo o promovían proyectos productivos y campañas de acceso a la tierra.

Marín señala el incumplimiento de acuerdo como el principal obstáculo para poder frenar la violencia contra los exguerrilleros. “A estas alturas, seis años después de la firma, ya se debería haber avanzado en la entrega y titulación de tierras, en la protección a todos los desmovilizados, pero hubo cuatro años que fueron desperdiciados, en los que no se hizo nada para avanzar”. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia reveló en un estudio divulgado a inicios de este mes que de los 355 excombatientes asesinados, 11 eran mujeres, 48 afrocolombianos y 33 indígenas. La mayoría de crímenes ocurrieron justamente en los territorios que se han priorizado para la implementación del acuerdo de paz.

Sandra Ramírez, exmilitante de las FARC y ahora senadora de Comunes, dice que ha sido una frustración para quienes firmaron el acuerdo llevar la cuenta de sus compañeros muertos. “Lamentamos que aún tengamos que poner estas cuotas de sangre. Se siente mucho dolor. Nosotros hicimos este proceso de buena fe, acá estamos, pero hay sectores que no quieren la paz”, dice. Ramírez fue delegada de la guerrilla en los diálogos con el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana y cree que si todo lo que se pactó allí se cumpliera, los firmantes no estarían tan desprotegidos. “Es urgente la implementación del acuerdo porque no hacerlo nos está costando vidas. El Gobierno de Gustavo Petro ha dado muestras de querer hacerlo, pero hay que entender que un acuerdo de esas dimensiones no se cumple en seis meses”, dice. Denuncia que senadores de su partido, surgido tras el proceso de paz, han sido amenazados y obligados a extremar su seguridad. El miedo a morir de un balazo les recuerda la zozobra con la que vivían en los campamentos guerrilleros.

La protección a los guerrilleros que dejaron las armas se pensó de manera colectiva. No se calculó lo que pasaría cuando los firmantes decidieran a dejar los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y empezaran a retornar a sus lugares de origen de manera individual. Alejo Vargas, director del centro de investigación de paz de la Universidad Nacional de Colombia, estuvo a cargo, junto a su equipo de trabajo, del censo de la comunidad de las FARC que iniciaba el tránsito hacia su vida civil tras dejar la guerrilla. Eran 13.000 y la mayoría, como era previsto dice Vargas, decidieron no quedarse en los ETCR .

“La seguridad que se pensó en el acuerdo era en función de una protección colectiva, a pesar de que advertimos que era altamente probable que hubiera gente que no quisiera mantenerse en los espacios territoriales y decidieran emprender caminos de forma individual”, cuenta el investigador, que reconoce que al Estado le resulta imposible poner un escolta por cada desmovilizado. La ONU ha dicho que más de 10.000 de los 13.600 exintegrantes de las FARC que se acogieron al proceso viven fuera de estos lugares.

El proceso de reincorporación de las FARC ha sido difícil por la violencia y por las pocas oportunidades que han tenido debido a su bajo nivel educativo. Vargas menciona de nuevo el censo para señalar que la mayoría de desmovilizados eran campesinos que apenas sabían leer y escribir. “Las opciones para ellos sigue siendo muy limitadas, algunos solo habían llegado a primaria”. Cuando volvieron al campo, muchos fueron asesinados.

En los cinco meses que lleva Gustavo Petro como presidente, nueve firmantes del acuerdo de paz han muerto de forma violenta. El Gobierno ha anunciado una campaña contra de la estigmatización de excombatientes y líderes sociales, y la Unidad Nacional de Protección ha anunciado atender “con prontitud” las solicitudes de los desmovilizados en situación de riesgo.

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