Quién es quién en el cese bilateral del Gobierno de Gustavo Petro

Una propuesta audaz o un tiro en el pie. El anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese bilateral con cinco grupos armados muy diversos tiene perplejos y expectantes a militares y comunidades que sufren la violencia. Aunque se ha presentado como inédita, la negociación múltiple ya ha sido ensayada en el país en momentos álgidos de la guerra del narco. El expresidente Belisario Betancourt intentó negociaciones con distintas insurgencias al mismo tie...

Una propuesta audaz o un tiro en el pie. El anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese bilateral con cinco grupos armados muy diversos tiene perplejos y expectantes a militares y comunidades que sufren la violencia. Aunque se ha presentado como inédita, la negociación múltiple ya ha sido ensayada en el país en momentos álgidos de la guerra del narco. El expresidente Belisario Betancourt intentó negociaciones con distintas insurgencias al mismo tiempo; mientras Cesar Gaviria abrió múltiples escenarios de negociación incluido el sometimiento a la justicia del cartel de Medellín y las autodefensas de Gonzalo Rodríguez Gacha y la Coordinadora Guerrillera. Sin embargo, como apunta el analista del conflicto, Luis Fernando Trejos, esta vez la novedad es la cantidad y la naturaleza diversa de los mismos. “Es novedoso también en la medida que sería la primera experiencia de cese al fuego multilateral porque antes habían sido unilaterales y bilaterales”, dice. Pero eso mismo puede ser su mayor desafío.

Estos son los cinco grupos con los que el gobierno de Petro pretende concretar un cese.

El Clan del Golfo

Se conocen como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Surgieron en la zona de Urabá y Córdoba, bastión histórico de los grupos paramilitares. Su nombre se hizo conocido entre la opinión nacional cuando paralizaron durante cuatro días zonas enteras del norte del país y por la cinematográfica detención y extradición su exjefe Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Pero en las zonas rurales de esas regiones su impacto y violencia ya eran conocidos de tiempo atrás. El Clan de Golfo tiene, según informes de inteligencia del anterior gobierno unos 1.200 hombres en armas y “está dedicado exclusivamente al negocio del narcotráfico”. Otras cifras hablan de 3.300 hombres. A finales de 2021, decía el mismo documento, buscaba expandirse desde el departamento del Meta hacia el Casanare, en el centro del país. Tras la extradición de Otoniel, que antes de irse reveló a la justicia que su grupo tenía relaciones con miembros de la fuerza pública y con políticos locales, quedó al mando Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. No es claro si con él, cuya historia es meramente militar y no política, es con quien se negocia la paz total que propone el gobierno de Gustavo Petro.

El Clan del Golfo tiene guerras abiertas con distintos grupos como el ELN y las Autodefensas de la Sierra Nevada, en Chocó y en el Caribe colombiano, entre otros. Y para analistas como Trejos y Reynell Badillo, del Centro de Pensamiento UNCaribe, no es un cartel del narcotráfico entendido de la manera tradicional sino una especie de “cluster del crimen”. “Más que un cartel narco son un operador logístico un cluster de cocaína, con un portafolio de rentas ilegales”, dice Trejos. Ese, además de su presencia urbana y su capacidad de extorsión, pueden ser uno de los retos más serios en el monitoreo de un cese al fuego. También aseguran que son entendidos erróneamente como sucesores de los paramilitares, aunque algunos de sus integrantes provienen de esos grupos desmovilizados en el año 2004 y que con ellos será clave cómo se desarmarán las estructuras urbanas.

Autodefensas de la Sierra Nevada

Si el Clan del Golfo es la más renombrada a nivel nacional, las Autodefensas de la Sierra Nevada son quizás las más desconocidas para gran parte del país. Sin embargo, se trata de un grupo armado con arraigada presencia en la costa atlántica, específicamente en la Sierra Nevada y, a diferencia de los demás grupos, es un clan familiar vinculado al exjefe paramilitar Hernán Giraldo. Con cuatro décadas es, junto al ELN, la organización más vieja con la que negociaría el Gobierno. Ha cambiado de nombre, primero fue la resistencia Tayrona, la sucursal en el caribe de la oficina de sicariato de Envigado, luego grupo paramilitar. De acuerdo con los analistas del Centro de Pensamiento UNCaribe, su politización es relativamente reciente y hoy se presentan como autodefensas.

Se calcula que sean unos 150 en armas, pero esa cifra no tiene en cuenta las personas que contratan de forma tercerizada. También prestan servicios logísticos de transporte de droga y protección de rutas y son los mayores extorsionadores de todo tipo de empresas en la zona de la Troncal del Caribe, por eso tienen una pelea a muerte con el Clan del Golfo por el control del puerto de Santa Marta. Desde la cárcel, Hernán Giraldo ha enviado cartas desde la cárcel ofreciéndose como mediador. Tampoco es claro si el gobierno de Petro acepte que Giraldo, condenado no solo por paramilitarismo sino también por violación de menores, participe en un proceso de negociación.

ELN

Aunque desmintió el alto al fuego anunciado por el gobierno, hasta el momento es el único grupo armado sentado oficialmente en una mesa de negociación. Es la última guerrilla activa en el país después del desarme de las extintas FARC y, según las últimas cifras del Ejército, en 2021 tenía 2.350 combatientes. Su presencia y violencia en regiones como Catatumbo y Arauca, en el nororiente del país; así como en Nariño y Chocó, por el occidente, hacen clave un cese y alivio humanitario.

También, como indica un documento de inteligencia del gobierno de Iván Duque, tienen fuerte presencia en Venezuela. “Se tiene conocimiento que en diferentes Estados de Venezuela permanecen más de 1.100 integrantes de las estructuras del grupo armado organizado ELN”, indicaba el documento de inteligencia de comienzos de 2022 que agregaba que el 60 % de sus estructuras se dedican al narcotráfico como fuente de financiación y que en territorio venezolano permanecían tres cabecillas del Comando Central, ocho de la Dirección Nacional, 17 de frentes de guerra y 21 de frentes y compañías.

El ELN suele ser un hueso duro de roer en las negociaciones. Esta es la sexta vez que un gobierno intenta desarmarlos. El actual pasa por su momento más crítico. Ese es uno de los desafíos para concretar un cese con ese grupo. Es una estructura federada en la que las subestructuras no necesariamente acata las órdenes de la mesa en Caracas y está en disputa con el Clan del Golfo en el Chocó. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluso ha identificado al menos 6 frentes que podrían dar al traste con las conversaciones.

La Segunda Marquetalia

Nació oficialmente de un hecho que sacudió a Colombia. El 29 de agosto de 2019, Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC en La Habana, anunciaba a través de un video que retomaba las armas junto a otros excomandantes como Jesús Santrich. La llamó Segunda Marquetalia y ahora, a pesar de las críticas contra el presidente Petro por dialogar con quienes renunciaron al proceso de paz, está entre los grupos con los que habría un cese.

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz “está aún lejos de tener las dimensiones y capacidades de las antiguas FARC. Si bien busca evocar a esta guerrilla, se asemeja más a una combinación ecléctica de facciones armadas que aspiran a tener mayores niveles de autonomía y que buscan respaldo económico o ganar sustento ideológico”. Según el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el grupo dice tener 1.500 hombres en armas y la FIP apunta que la Segunda Marquetalia está integrada por reclutas “colombianos y venezolanos con poco entrenamiento y adoctrinamiento político”.

Estado Mayor Central

Es el nombre que últimamente se ha dado a las llamadas disidencias de las FARC, agrupadas bajo la figura de Gentil Duarte y de Iván Mordisco, quien reapareció después de ser dado por muerto por el presidente Iván Duque. Se mueven en el Cauca y tienen en jaque a comunidades del occidente del país con asesinatos de líderes sociales. Durante el gobierno de Iván Duque eran consideradas Grupos Armados Residuales (GAOR), pero con la llegada del nuevo Ejecutivo se han ido politizando. “Se cambian nombres, se politizan para generar la idea de que son las FARC-EP, pero son federaciones criminales”, explica Trejos. Con este grupo, el riesgo es que ocurra lo que pasó durante la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2004: una serie de federaciones criminales regionales pagó para estar bajo un mismo paraguas y mostrarse fuerte políticamente ante el gobierno de la época y con la vocería del exjefe paramilitar Carlos Castaño.

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