La saga de los Gilinski y el GEA escala a la justicia

Una empresa que cotiza en la Bolsa de Colombia, dueña del banco más grande del país y con operaciones en 11 países, dio una noticia con todo despliegue este viernes. No eran sus resultados financieros, una adquisición ni un producto nuevo. Divulgó la decisión de un juez que ordena a sus directivas no ejecutar una debatida decisión de algunos miembros de su junta directiva que significaría el fin de un conglomerado económico que produce el 6,7% del PIB del país. Ese despliegue, y el fracaso de un último intento para que esa empresa vendiera sus acciones en otra, marca que una puja empresarial s...

Una empresa que cotiza en la Bolsa de Colombia, dueña del banco más grande del país y con operaciones en 11 países, dio una noticia con todo despliegue este viernes. No eran sus resultados financieros, una adquisición ni un producto nuevo. Divulgó la decisión de un juez que ordena a sus directivas no ejecutar una debatida decisión de algunos miembros de su junta directiva que significaría el fin de un conglomerado económico que produce el 6,7% del PIB del país. Ese despliegue, y el fracaso de un último intento para que esa empresa vendiera sus acciones en otra, marca que una puja empresarial se convirtió en una de abogados.

La empresa es Grupo Sura, una de las tres holding que conforman la cúspide del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), la encargada de los negocios financieros. Tiene el 35% de las acciones de cada una de las otras dos, la industrial Grupo Agros y la de alimentos Grupo Nutresa, que se niega a vender. Esa participación cruzada es una suerte de Keiretsu colombianizado, y surgió como un enroque defensivo entre varias empresas antioqueñas en la década de los 70 del siglo XX, como forma de evitar que los conglomerados familiares que estaban surgiendo entonces y eran de otras regiones, los Michelsen, Santo Domingo o Ardila Lülle, las absorbieran. Se llamó el Sindicato Antioqueño, y lo logró. También evitó que entrara dineros del narcotráfico a esas empresas.

Terminó convertido en un conglomerado sin un dueño claro: con miles de accionistas individuales, muchos familiares entre sí y herederos de los fundadores de las primeras empresas, ninguno tenía una participación sustancial. En noviembre de 2021 Nutresa sumaba más de 12.000 accionistas y ninguna persona o familia llegaba a tener el 1%. Los administradores tenían más poder que en otras empresas, pues ningún accionista los podía presionar o sacar fácilmente. Eso, y que las acciones de las tres holding cotizaran en la bolsa, es inusual en un país de empresas concentradas.

Esa propiedad democratizada fue punto de partida de la puja. Justo hace un año la familia Gilinski, una de las más ricas de Colombia y encabezada por Jaime Gilinski Bacal, inició un intento de toma hostil de las empresas con fondos de la familia real de Abu Dabi. Presentó una oferta pública de adquisición (OPA) en la bolsa, para comprar entre el 50.1% y el 62.2% de Nutresa. La meta era clara: controlar la empresa y por esa vía, controlar todo el GEA. “Queremos desenrocar las empresas y enfocarlas”,, comentaba gente cerca a los Gilinski a este diario. Y es que si obtenían la mayoría en Nutresa, podrían designar a sus administradores y manejar los derechos de voto que tiene en Sura y Argos.

Pero eso no fue todo. Apenas dos semanas después de esa primera OPA, hizo otra por Grupo Sura, principal accionista de Bancolombia, el principal banco del país y del que los Gilinski fueron accionistas junto con los antioqueños, en una relación que terminó con una larga pelea jurídica. El éxito de cualquier de las OPA derrumbaba la fortaleza.

El gancho era claro. Los Gilinski ofrecían un buen precio. En el caso de Nutresa, la acción cotizaba a 5,62 dólares en la bolsa cuando presentaron la OPA, y ofrecían 7,71 dólares, un sobreprecio del 37%. Para las otras holding, era una posibilidad de recibir capital líquido para pagar deudas o invertir en sus sectores, a cambio de perder el enroque. Tras debates y discusiones, ninguna de las holding decidió vender, pero ante el atractivo miles de accionistas, incluyendo la administradora de fondos de pensiones Protección (que controla Sura), lo hicieron. El Grupo Gilinski serían socios significativos, con el 25.25% de Sura y el 27.69% de Nutresa, pero no tenían mayoría.

La partida iba en tablas y aseguraba a los Gilinski llegar con fuerza a sus asambleas, que por ley se deben hacer por lo menos una vez al año antes del 31 de marzo y en las que se eligen las juntas directivas. Entraron en ellas e hicieron dos Opas más por Sura y Nutresa, cada vez con precios más altos, para buscar más poder de voto y la posibilidad de tener mayorías en las juntas. Crecieron pero ya no había muchos interesados más. Desistieron de la tercera por Nutresa. A mitad de año intentaron una OPA por Argos, de la que también se retiraron, y pararon. Habían invertido más de 3.500 millones dólares para obtener el 38% de Sura y el 30.8% de Nutresa, y tres de los siete puestos de la junta de Sura, más dos de los siete de Nutresa. Lo habían logrado esencialmente con el atractivo de sus ofertas y con la fuerza mediática de Revista Semana, de su propiedad, pero sin grandes choques jurídicos.

De lo financiero a lo jurídico

Desde junio la situación cada vez se parece más a la larga batalla legal que tuvieron los Gilinski y el GEA por Bancolombia. En 1997 el Grupo Gilinski era dueño de la mayoría de Bancolombia y le vendió el 51% a los antioqueños, dueños del Banco Industrial Colombiano. Éstos los fusionaron en 1999 para crear Bancolombia, y de lado y lado se acusaron de malos manejos, engaños y demás. La pelea, con procesos legales de todo tipo, incluso penales, solo terminó en 2010. Su sombra planea sobre el intento de toma hostil.

Inicialmente lo legal ganó relevancia en medio de la OPA por Argos, cuando hubo discusiones en Sura y Nutresa sobre las inhabilidades de miembros de los dos sectores en sus juntas directivas, y varios de ellos renunciaron por ello. En paralelo, las superintendencias Financiera y de Sociedades decidieron de oficio investigar si el GEA es un grupo económico, una categoría jurídica que tendría como consecuencia la obligación de deshacer el enroque.

La tensión creció aún más en septiembre cuando Semana se reveló que Sura había demandado una decisión de la Superintendencia de Salud que autorizó la primera OPA y, apenas, una semana después, la International Holding Corporation (IHC), la misma empresa que financió las Opas de los Gilinski, lanzó su propia OPA. Ofrecía comprar entre el 25% y el 31,25 % de Nutresa. Si lo lograba, los dos aliados sumados tendrían la mayoría en esa empresa y podrían deshacer el enroque.

La llave estaba en la junta de Sura, que decide si vende sus acciones en Nutresa. Allí la discusión legal se tornó central cuando, tras la renovación de la junta el 3 de octubre, los Gilinski pidieron una asamblea para revisar si los elegidos tenían inhabilidades para decidir sobre la OPA. Los cuatro que no representaban a los Gilinski, explicaron que ellos y sus familias tenían participaciones accionarias pequeñas en varias compañías del GEA, incluyendo Nutresa. Aunque la asamblea les dio el aval para seguir participando, los Gilinski demandaron ante la Superintendencia de Sociedades. Ganaron. “Como parte de las medidas cautelares decretadas por la Superintendencia de Sociedades, se ordenó a los Directores Luis Javier Zuluaga Palacio y Sebastián Orejuela Martínez abstenerse de participar en deliberaciones y decisiones de la Junta Directiva de Grupo SURA, relacionada con la participación de dicha sociedad en la OPA formulada por IHC Capital Holding”, explica Sura en un comunicado del 5 de noviembre.

Esa decisión produjo un estallido ¿La mayoría de la junta bajaría a ser de tres, porque solo cinco miembros podían actuar, o seguía siendo de cuatro? Los tres delegados de los Gilinski (Angela María Tafur, Andrés Bernal Correa y Ximena Lombana, ministra de Comercio del Gobierno de Iván Duque) entendieron que eran mayoría y el jueves 10 de noviembre decidieron que Sura sí le vendería a IHC. Los cuatro miembros restantes renunciaron ese mismo día y dijeron que la decisión no era válida.

El reloj corría, porque la OPA de IHC vencía este viernes 18. La semana corta por el puente estuvo movida. El martes, Sura publicó un anuncio que dice su junta “no ha tomado decisión alguna para la venta de las acciones de Grupo Sura en Grupo Nutresa” y que “La supuesta “acta” que circula en medios, es un documento privado entre tres personas que no tienen la capacidad legal ni estatutaria de tomar la decisión”. El miércoles el Tribunal Superior de Bogotá admitió una tutela de Nutresa contra la suspensión de los dos miembros por la Superintendencia, pero negó la solicitud de congelar esa suspensión antes de emitir una sentencia. Ese mismo día Semana publicó un “Comunicado a la opinión pública desmintiendo a la alta gerencia de Sura”, que dice que fue “emitido por los abogados del Grupo Gilinski”, y en el que argumenta que el anuncio de Sura es ilegal. EL choque quedó en el terreno legal.

Incluso cuando el jueves los Gilinski decidieron que venderían entre el 5% y el 9,99% de Nutresa a sus aliados de IHC como forma de pagarle parte de su deuda, tenía un cariz jurídico: abría la puerta a demandar a los administradores de Argos y Sura si no le venden a IHC, alegando que los impacta porque les impide hacer un buen negocio. Ese mismo día un juez de Medellín le dio la razón a un pensionado y pequeño accionista de Sura que pedía que la empresa no reconociera las decisiones tomadas por menos de cuatro miembros de la junta, es decir, le dio un sustento legal a la negativa de vender.

El viernes se terminó el plazo e IHC solo logró que le quisieran vender 7,71% de las acciones, incluyendo el 5% de Gilinski, por lo que la OPA quedó desierta. Pero no así la puja. No tanto porque el martes habrá una asamblea de Sura para elegir una nueva junta, sino porque los cruces de acciones legales apenas están comenzando. Así lo dejó claro Camilo Martínez, abogado de los Gilinski y socio de la firma DLA Piper, al diario La República: “Los accionistas tendrán la legitimación para iniciar acciones contra los representantes legales que no hayan cumplido con la orden dispuesta por la Junta Directiva. Esas acciones legales se resuelven en sede jurisdiccional de la Supersociedades. Seguramente también se plantearán quejas, y esas las resolverá la Superintendencia Financiera.” La última vez que eso pasó con los mismos protagonistas, la pelea llegó a las más altas cortes colombianas, a juzgados en Estados Unidos y al Congreso.

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