Colombia quiere acabar con un servicio militar clasista, pero útil para la seguridad

Jhon Jairo Bernal acababa de cumplir los 18 años y entre sus planes no estaba hacer el servicio militar. Había estado ahorrando para empezar a estudiar. Tres meses después de cumplir la mayoría de edad, hizo los trámites para “comprar” la libreta militar. El sistema que, todo el que puede, utiliza para evitar el Ejército. Mientras esperaba su libreta, se cruzó una tarde con un camión. Era septiembre y no pensaba en nada concreto al atravesar la plaza central de Calarcá, en el Quindío, donde vivía con su madre y su hermano. Vio al vehículo pararse y a sus ocupantes uniformados pedir la libreta ...

Jhon Jairo Bernal acababa de cumplir los 18 años y entre sus planes no estaba hacer el servicio militar. Había estado ahorrando para empezar a estudiar. Tres meses después de cumplir la mayoría de edad, hizo los trámites para “comprar” la libreta militar. El sistema que, todo el que puede, utiliza para evitar el Ejército. Mientras esperaba su libreta, se cruzó una tarde con un camión. Era septiembre y no pensaba en nada concreto al atravesar la plaza central de Calarcá, en el Quindío, donde vivía con su madre y su hermano. Vio al vehículo pararse y a sus ocupantes uniformados pedir la libreta a “todos los chinos” que se cruzaban. A Bernal no le sirvieron de nada sus explicaciones. Con lo puesto, lo subieron y no volvió a pisar su casa hasta cuatro meses después. Pasó un año y medio en un batallón de Tolima.

El Colombia el servicio militar es obligatorio solo para el que no puede pagarlo. En una sociedad tan clasista como la colombiana, el Ejército es terreno de los más desfavorecidos. Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2014, mostró que el 80% de los jóvenes reclutados pertenecen al estrato socioeconómico cero, uno o dos. Apenas un 0,13% son de estrato cinco y un 0,01% de estrato seis, el más alto.

El Gobierno quiere acabar con la obligatoriedad y ofrecer como alternativa un servicio social para la paz. La idea es que los jóvenes puedan ayudar a mejorar la vida de los colombianos en los territorios más apartados y empobrecidos del país y avanzar hacia un camino en el que, en algunos años, “no tengan que ir a las armas”, ha dicho el ministro de Interior, Alfonso Prada, .

La iniciativa, una de las promesas de campaña de Petro, ha causado rechazo en parte de la oposición de derechas y el Ejército. La seguridad es una obsesión nacional en un país atravesado por décadas de todo tipo de violencia y la idea de perder efectivos es para algunos un suicidio. El general Juvenal Díaz, que se retiró del Ejército en octubre por los cambios en la cúpula militar ordenada por Petro, calificó la eliminación del servicio militar obligatorio como “un atentado contra la seguridad nacional”.

Las mayores críticas se centran en el adelgazamiento que sufrirán las fuerzas de seguridad si los jóvenes deciden optar en masa por el servicio social. En los últimos cinco años, 460.113 hombres fueron reclutados para el servicio militar. No es poco si se tiene en cuenta que hay unos 240.000 profesionales de las fuerzas armadas. Un fallo de la Corte Constitucional impide que estos jóvenes sean enviados a zonas de combate, pero realizan funciones clave en mantenimiento, seguridad y control de infraestructuras militares. “El Ejército no se debilita con esto si las amenazas internas están disminuidas, pero si no es así, no se podría quitar el servicio militar obligatorio”, opina el coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez.

Se trata, al final, de un tema de recursos. Las labores que no cubran los reclutados tendrán que cubrirlas militares profesionales, explica Hugo Acero, experto en temas de seguridad y justicia. Para María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, “dañar la seguridad es algo que se paga políticamente muy fuerte” y, sin negar que la medida sea buena, sí apunta al costo que debe asumir el Estado para tener una fuerza militar 100% profesional. “Mientras reconstruyes el edificio, tiene que seguir funcionando”, añade. La idea del Gobierno es que la implantación sea progresiva y que la obligatoriedad solo quede para casos de guerra en el exterior.

El Ejecutivo está decidido a sacar la medida adelante y esta semana tuvo que echar mano de su astucia electoral para salvar el proyecto de ley. Este lunes, la oposición, valiéndose de la ausencia de dos congresistas del Pacto Histórico, logró tumbar la propuesta. El miércoles, el proyecto volvió al Congreso por otro lado y fue respaldado por una amplia mayoría, aunque aún necesita más trámites pasar para ser ley. La vicepresidente Francia Márquez celebró esta primera victoria de lo que considera una cuestión de justicia. “¡No parimos hijos para la guerra!”, dijo.

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