Santa Cruz comienza un paro indefinido para que se adelante el censo en Bolivia
La región ha comenzado un paro indefinido que trata de parecerse al que realizó en 2019 y terminó con un levantamiento general de la clase media y el derrocamiento de Evo Morales
La región de Santa Cruz, la más rica de Bolivia, ha comenzado un paro indefinido de labores que trata de parecerse al que realizó en 2019 y terminó con un levantamiento general de las clases medias bolivianas y el derrocamiento del presidente Evo Morales. Sin embargo, las condiciones son diferentes. El “movimiento cívico” cruceño exige el adelanto del censo de población y vivienda, fijado por el Gobierno para el primer trimestre de 2024. Esta consigna no tiene poder de convocatoria nacional, así que Santa Cruz se arriesga a que...
La región de Santa Cruz, la más rica de Bolivia, ha comenzado un paro indefinido de labores que trata de parecerse al que realizó en 2019 y terminó con un levantamiento general de las clases medias bolivianas y el derrocamiento del presidente Evo Morales. Sin embargo, las condiciones son diferentes. El “movimiento cívico” cruceño exige el adelanto del censo de población y vivienda, fijado por el Gobierno para el primer trimestre de 2024. Esta consigna no tiene poder de convocatoria nacional, así que Santa Cruz se arriesga a quedar aislada. Aun así, su huelga desorganiza la economía del país. A poco de comenzar el paro, una persona murió en un choque entre quienes querían bloquear las calles en Puerto Quijarro, un poblado fronterizo con Brasil, y quienes buscaban impedírselo.
El comité cívico de Santa Cruz (que reúne a las organizaciones locales) preparó todo para que el paro indefinido comenzara el mismo día en que lo hizo el de 2019, considerado por la región una gesta democrática que impidió la reelección indefinida de Morales. El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) lo condena como parte de un golpe de Estado. Antes del paro, los cívicos dieron un plazo de 21 días al Gobierno, exactamente el plazo que duró la movilización contra Morales.
Bolivia es un país unitario con autonomías. Los impuestos se centralizan y luego se distribuyen según la población que tiene cada departamento o región. De ahí la importancia que tienen los resultados del censo. El último que realizó el país fue en 2012, por lo que el siguiente debía ser el presente año, pero el Gobierno alegó el perjuicio causado por la pandemia y lo postergó hasta 2024. La población de Santa Cruz es, de acuerdo a las mediciones preliminares, la que más crece como resultado de un constante flujo de inmigración del resto del país. Bolivianos de todas partes llegan a la llamada “capital del oriente”, Santa Cruz de la Sierra, que ronda los dos millones de habitantes, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Es la zona de mayor dinamismo económico gracias a que en ella se asienta la agroindustria exportadora nacional y los cuarteles generales de la mayoría de las empresas privadas. Su conexión aérea y terrestre con el exterior es también la mejor del país.
Santa Cruz no solamente siente que la postergación del censo la perjudica por razones económicas. La distribución de puestos en la Cámara de diputados también depende de esta medición. Si el censo se realizara en 2023, los resultados podrían aplicarse en las elecciones de 2025. Se calcula que le darían a Santa Cruz tres diputados más. Además, el censo es necesario para rediseñar las circunscripciones electorales en las que, según la oposición, el voto de las áreas rurales, donde el MAS tiene más fuerza, tiene más peso del que debiera. Si el censo fuera en 2024, las elecciones deberían efectuarse con los datos poblacionales de 2012.
El oficialismo relativiza los prejuicios de esta situación para los cruceños. La cantidad de recursos adicionales será modesta y no cambiará la situación de las arcas autonómicas. Los tres nuevos diputados cruceños poco podrán hacer en una Asamblea Legislativa que ha estado controlada por el MAS desde 2006. Además, este partido es la segunda fuerza política en la región, así que al menos uno de estos diputados será suyo. Se acusa al comité cívico de usar el censo como un pretexto para movilizar a las bases opositoras tras sentimientos regionalistas y desestabilizar al Gobierno. El presidente, Luis Arce, en el discurso por el segundo aniversario de su llegada al poder, calificó la movilización como una “aventura golpista”.
En vísperas del paro, Arce y el jefe del MAS, Evo Morales, hicieron una tregua en su lucha interna. “Coincidimos en que defender nuestra revolución democrática cultural es defender nuestro instrumento político que es del pueblo”, tuiteó Evo luego de reunirse con Arce. La pugna entre ellos se debe a que ambos se proyectan como posibles candidatos para las elecciones de 2025; y se expresa en múltiples acusaciones y disputas entre los seguidores del expresidente y los miembros del Gobierno.
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Los paros regionales, y en particular los de Santa Cruz, donde el regionalismo alinea a casi todos los grupos en la misma dirección, no solo paralizan la actividad por medio de huelgas simultáneas, sino también a través de bloqueos de calles. Así se combate la tendencia de los sectores económicos informales a acatar el paro pero trabajar de todas maneras. En 2019, la decisión cívica de bloquear las calles en torno a ciertas zonas y poblaciones que son baluartes del MAS causó intentos de “desbloqueo”, con enfrentamientos físicos, muertos y heridos. Lo mismo se ha comenzado a repetir en esta ocasión. Una persona que quería desbloquear el puente que comunica la población de Puerto Quijarro con la frontera de Brasil fue golpeada por los manifestantes y murió. Otra se encuentra herida.
En torno al paro cruceño se movilizarán varias fuerzas opositoras del resto del país. La consigna del adelanto del censo no resulta atractiva en los demás departamentos. En cambio, están apareciendo demandas de otro tipo, que podrían articularse con la lucha regional. De ello dependerá que el Gobierno de Arce salga bien librado de esta prueba, que será la más importante en sus dos años en el poder.
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