Para qué los diálogos regionales

“Queremos que la ley del Plan de Desarrollo la haga la gente”, dijo el presidente Petro. Se supone -entonces- que el Departamento Nacional de Planeación deberá dedicarse a recoger los documentos y aportes de los diálogos regionales para construir el plan nacional. Si a cada uno de los diálogos asisten 15.000 personas en promedio, con base en el que se realizó en el Valle del Cauca, y son 47 diálogos, estamos hablando de más de 700.000 personas consultad...

“Queremos que la ley del Plan de Desarrollo la haga la gente”, dijo el presidente Petro. Se supone -entonces- que el Departamento Nacional de Planeación deberá dedicarse a recoger los documentos y aportes de los diálogos regionales para construir el plan nacional. Si a cada uno de los diálogos asisten 15.000 personas en promedio, con base en el que se realizó en el Valle del Cauca, y son 47 diálogos, estamos hablando de más de 700.000 personas consultadas, lo que hace muy dispendioso la armonización de las pretensiones regionales.

El consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, reconoció que en los primeros diálogos han sido víctimas de lo que él llama el “éxito” porque los “insumos” son vinculantes de lo que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo, que a su vez se traducirá en el presupuesto plurianual de inversiones del gobierno. “Nos llegó mucha gente”. ¿Se imaginan ustedes lo que va a ser ese presupuesto de inversiones? Sub-planes con participación en cada vereda, en cada cabecera; para el consejero " lo que nos han presentado es todo un plan de vida.” Y reconoce, como es obvio, que “tenemos que mejorar la metodología”. Es natural que el resultado va a ser un despelote.

La pregunta es por qué se mete el Gobierno en semejante proceso tan complicado en el que el doctor Velasco diga “solo nos dimos unos días para decirles a nuestros técnicos, ojo, que la gente está mucho más preparada de lo que creíamos. Tuvimos hasta que buscar respaldo logístico de transporte de los alcaldes para que los diálogos no quedaran concentrados sólo en las cabeceras de los municipios más grandes, sino que pudieran llegar campesinos, indígenas y todos”.

La respuesta es muy clara. Estamos en campaña electoral y no hay un camino más expedito para hacer política electoral a través de un modelo de participación con “todos” los habitantes de las distintas regiones. Universidades y carreteras a tutiplén. Hay que derrotar al “enemigo interno”. Es la manera exprés de pactar reivindicaciones sociales “con los de abajo”, en el lenguaje del presidente al clausurar la minga del Cauca. No olvidar que la aspiración regional plantea problemas prácticamente insolubles.

El problema que se deriva de los diálogos así planteados es qué sucedería con los sectores sin representación. Los que no cupieron en los diálogos regionales. La fórmula democrática es creando de manera constitucional el derecho a la planeación. A no ser que se desee prescindir de “los que tienen el poder”, los ricos de más de 13 millones de pesos mensuales en ingresos que van a pagar más en la reforma tributaria y que quedarían por fuera del Plan de Desarrollo.

La Planeación es el instrumento moderno para administrar el Estado con la contribución de lo que antes se conocía como las fuerzas vivas de la nación.

Cómo compaginar las normas constitucionales con los diálogos nacionales del capítulo segundo del título XII de la Constitución, “Del régimen económico y de la hacienda pública”, que crea el Consejo Nacional de Planeación, integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores ya mencionados.

Esta es la norma que habría que modificar para que sea el Congreso el que coordine la elaboración del Plan con la participación obligatoria del Gobierno a través del Departamento Nacional de Planeación. En 1968 se intentó crear una Comisión Especial Permanente para elaborar el Plan y su fracaso se evidenció en la imposibilidad de elegirla.

En 1978 se aprobó una reforma que hizo obligatorio el plan de desarrollo económico y social y una composición viable de la Comisión del Plan con diez senadores y otros tantos representantes, elegidos teniendo en cuenta la proporción de los partidos en el Congreso. Todo eso, tan bueno y tan equitativo (de lo que no dan tanto) para concentrar el debate nacional con todos los sectores sociales en el Congreso, una información completa y la tecnología de planeación, se frustró. La Corte Suprema, pues no había Corte Constitucional, declaró inexequible la reforma por un vicio de forma traído de los cabellos y volvimos al régimen actual en el que el papel del Congreso es muy secundario. Los gobiernos imponen su Plan y el clientelismo se arrodilla.

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