El marchitamiento del sector privado

Desde el siglo XVIII estamos discutiendo cuál debe ser el tamaño del Estado. El debate entre derecha e izquierda o entre comunismo y capitalismo en el siglo XXI resulta estéril. En los siglos XIX y XX esa polémica definió el resultado democrático en los países en los cuales el pueblo definía la suerte política de sus pobladores.

Los liberales defendían el Estado “gendarme”: ...

Desde el siglo XVIII estamos discutiendo cuál debe ser el tamaño del Estado. El debate entre derecha e izquierda o entre comunismo y capitalismo en el siglo XXI resulta estéril. En los siglos XIX y XX esa polémica definió el resultado democrático en los países en los cuales el pueblo definía la suerte política de sus pobladores.

Los liberales defendían el Estado “gendarme”: la autoridad pública no intervenía en la vida económica. A partir de 1848 se cambiaron de bando y representaron la tendencia intervencionista. Los conservadores buscaban limitarla con el reconocimiento de la función social de la propiedad privada.

El fondo del problema está en determinar hasta dónde puede llegar la intervención del Estado y hasta dónde el mercado de la oferta y la demanda justifican la participación de los particulares.

Hoy nadie discute la necesidad de intervenir en la economía de un país, pero ello no implica más tamaño del Estado. El problema se presenta cuando se formula la pregunta: ¿cuánto Estado?

El gobierno ya contestó; el Presidente quiere un Estado más grande y por tanto necesita mucha plata para atender la cantidad de programas sociales, deseables, aunque no se conozca su destino, siempre necesarios si se cuenta con el recurso fiscal. Todo esto dentro del marco inflacionario más alto de la historia del país. Para obtener los recursos, dijo el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo: “necesitamos muchos más para los programas sociales nuevos, más los programas de paz que incluyen la erradicación de cultivos ilícitos”.

El Partido de los Economistas y los empresarios tienen diferencias de fondo con el gobierno. El ministro rechaza los cálculos hechos por la Asociación de Empresarios (ANDI) advirtiendo que están “en la dirección incorrecta, se trata de responder, a través del gasto público a la alta deuda histórica con los sectores más pobres de la población en uno de los países con mayor desigualdad del mundo”.

Lo que es indiscutible es que el peso de la carga tributaria afecta a las empresas que pondrán el 66% de la totalidad de la meta de la reforma tributaria, que se calcula en 21,5 billones. Esas empresas soportan el 90% del empleo y generan el 85% del producto interno de los colombianos. Al desestimular la inversión con un torrente de impuestos que, según el presidente de la ANDI, supera el 60, se debilita el empleo. Ese es el marchitamiento del sector privado.

El Gobierno considera por el contrario que esa es la reforma que necesita el país y que con esa bandera ganó la jefatura del Estado.

La economía se ha llevado los titulares de los medios esta semana porque la reforma tributaria pasó avante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso y la inflación despertó las preocupaciones del Presidente de la República, quién soltó un twitter cuestionando al banco central, lo cual disparó el precio del dólar y los bonos de deuda colombiana subieron un 8%. El ministro Ocampo intentó calmar las aguas señalando que el Gobierno no iba a proponer un control de cambios, pero no consiguió detener la hemorragia.

El presidente Gustavo Petro produce una noticia todos los días y siempre está en primera página; nunca se echa para atrás y, si sus ministros meten la pata, sale a rescatarlos.

Aun así, parece que lo que mueve el baile colombiano es la política. Las próximas elecciones están lejos, pero los tiempos electorales van más rápido que el almanaque. El 29 de octubre de 2023 decidirá muchas cosas, entre esas, el futuro presidencial. La izquierda aspira a mantenerse en el poder y la oposición no ha superado el letargo de la derrota. Pero el Gobierno no la tiene fácil: los precios, las tarifas de servicios públicos y los impuestos suben. Por su parte, el candidato perdedor de la segunda vuelta sacó la mano rapidito y la ANDI ha ocupado el espacio que han dejado libre los políticos.

En Antioquia, segunda región en número de votos, se va a dilucidar el futuro del Centro Democrático. El alcalde de Medellín está en alerta de primer grado para dar la batalla y los uribistas no son mancos.

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