Barcelona celebró ayer en la plaza de la Catedral la designación de su capitalidad euromediterránea lograda tras cuatro meses de una titánica tarea de la diplomacia española, en discreta conjura con la Generalitat y el Ayuntamiento, dirigida a desbaratar los planes del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para que la secretaría de la Unión por el Mediterráneo (UpM) radicara en un país de la ribera sur.
Acompañada de sus músicos y sobre un escenario en el que se leía "Barcelona, capital del Euromediterráneo", Maria del Mar Bonet ofreció ayer un concierto en la plaza de la Catedral para festejar la sede concedida a Barcelona. "Espero que Barcelona sea un puente para promover la paz y la cooperación de nuestros países", dijo la cantante mallorquina.
Los partidos catalanes, todos, sortearon la Ley de Igualdad. Y lo hicieron con plena conciencia. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) tras estudiar cómo se aplicó en Cataluña, en las elecciones municipales de 2007, la norma que establece listas electorales paritarias.
Música, juegos infantiles y una paella popular. Barcelona celebró ayer, en la plaza de la Catedral, una fiesta con motivo de la designación de la ciudad como sede de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en la que participaron unas 5.000 personas. El Ayuntamiento regaló a los asistentes globos de colores y una braga de cuello naranjas y azules en la que se leía "Visca Barcelona! Capital de l'Euromediterrània".
Se apuntó en una oficina del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) en el año 2001. No volvió a saber nada más de él. Ni una sola comunicación. Siete años después, hace tres semanas, recibió inesperadamente una carta en la que el SOC la citaba para presentarle una oferta de trabajo de secretaria por 800 euros mensuales.
Jordi Miralles, coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), advirtió ayer de que su grupo no votará a favor de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que se debatirá la próxima semana en el Parlament si el Gobierno de José Montilla no introduce cambios durante su tramitación parlamentaria.