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La hoy alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), afirmó ayer que, como delegada de Urbanismo de El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1987, inició el trámite del proyecto del edificio declarado ahora ilegal por el Tribunal Supremo. Martínez explicó que remitió documentación a la Junta "porque tenía la obligación de mandar el proyecto para informar de él".
Cataluña tiene 1.096 urbanizaciones. Algunas pueden ser devoradas por las llamas si se produce un incendio en los bosques que las rodean. Una ley de 2003 obliga a los municipios a establecer franjas sin vegetación que sirvan de cortafuegos en caso de peligro. El Departamento de Medio Ambiente financia estas actuaciones.
Las constructoras C-15 y Accord presentaron a los propietarios de unos terrenos de Torrelodones protegidos medioambientalmente (Área Homogénea Norte) el proyecto urbanístico de construcción (1.536 viviendas, un campo de golf, un centro comercial...) un año antes de que el Ayuntamiento, del PP, anunciase que pretendía convertir los terrenos en urbanizables.
El Consell, a través de su vicepresidente, Víctor Campos, hizo ayer una cerrada defensa de la gestión del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, denunciado, junto a otros dos ediles de su equipo de gobierno, por el Fiscal anticorrupción por supuesto trato de favor en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor Enrique Ortiz.
El director de Inmigración del Gobierno vasco, Roberto Marro (Lima, 1959), asegura que el Ejecutivo está dispuesto a ayudar en la crisis humanitaria que se ha desatado en el archipiélago canario con la llegada incesante de cayucos repletos de inmigrantes. Pero advierte de que la derogación de la actual Ley de Extranjería es el verdadero debate de fondo al que se debe enfrentar el Estado.
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