Una jueza de Arizona prorroga el bloqueo a la deportación de niños guatemaltecos y hondureños

Una nueva orden judicial ha impedido que la Administración de Donald Trump continúe sus planes para deportar a niños que llegaron solos a Estados Unidos y buscan asilo en el país. Esta vez es un caso que se pelea en un tribunal de Arizona para evitar la expulsión de 57 niños guatemaltecos y otros 12 hondureños de entre 3 y 17 años, que cruzaron solos la frontera huyendo de las situaciones que vivían en sus países de origen. Los menores se encuentran bajo custodia en la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y en casas de acogida.

La jueza federal de distrito Rosemary Márquez en Tucson amplió una orden preliminar que bloqueaba temporalmente la expulsión de los menores y que vencía este viernes. La magistrada alegó preocupación por las medidas que el Gobierno había tomado para preparar la deportación de los niños.

“El argumento de los demandados para justificar su autoridad para trasladar a los demandantes fuera de Estados Unidos se basa en que están reuniendo a los niños demandantes con sus padres en el extranjero, pero el abogado no pudo identificar un solo caso de coordinación entre un padre y algún gobierno, ya sea estadounidense o guatemalteco”, escribió Márquez.

La demanda, que fue presentada por la organización de defensa de los migrantes The Florence Project, solicita al Gobierno que dé a los niños la oportunidad de presentar sus casos y tener acceso a la asistencia legal. También exige que se les ubique en el entorno menos restrictivo que mejor les convenga.

La demanda inicial se modificó para incluir a 12 menores hondureños que expresaron su rechazo a regresar a Honduras y a cuatro guatemaltecos que quedaron bajo custodia del Gobierno en Arizona desde que se presentó la demanda el 31 de agosto. Entre los demandantes se encuentran niños cuyos únicos padres con capacidad para cuidarlos ya se encuentran en Estados Unidos.

La Administración Trump argumenta que la deportación se hace por el interés de los niños y que forma parte de un plan de reunificación familiar, pero los abogados de los menores sostienen que ninguno de los niños quiere regresar al país del que huyeron y niegan que tengan familiares esperándoles. En algunos casos los dos progenitores de los menores se encuentran en Estados Unidos y, en otros, los niños huyeron de la violencia que sufrían en su propia familia.

Según The Florence Project, una de las demandantes es una niña de 12 años que padece una enfermedad renal crónica y depende de diálisis para sobrevivir. Su enfermedad es tan grave que requerirá un trasplante de riñón. Lleva más de un año bajo el cuidado de la ORR y solicita asilo en Estados Unidos. Teme no recibir la atención que necesita en Guatemala.

Una segunda demandante tiene 17 años y está embarazada. En Guatemala, nunca completó la primaria porque se vio obligada a dejarla para trabajar con su padre en el campo. La joven declaró que su padre se enojó al enterarse de su embarazo y probablemente no la aceptará de vuelta en su país. Si regresa a Guatemala, no tendrá acceso a atención prenatal, de parto ni posnatal para ella ni para su bebé recién nacido, ni tendrá forma de mantenerse a sí misma ni a su hijo.

El caso de Washington

El caso es similar al que tramita en un tribunal de Washington y que definirá el futuro de 327 menores guatemaltecos. Su deportación también está parada porque el juez federal de distrito Timothy J. Kelly prorrogó su bloqueo. La orden inicial que frenó la expulsión se produjo de manera urgente cuando decenas de niños ya habían embarcado en un avión con destino a Guatemala. El hecho de que la Administración lo realizara en medio de la noche de un festivo, como es el Día del Trabajo, levantó sospechas sobre la transparencia de la deportación.

“El hecho de que el Gobierno intentara implementar este plan en plena noche, de madrugada, durante un fin de semana festivo, sugiere que pretendía minimizar la posibilidad de que los niños obtuvieran asistencia legal para proteger sus derechos. El Gobierno intentaba violar la ley, eludir el debido proceso y devolver a los niños al peligro del que huyeron, en algunos casos, a un peligro mortal”, declaró The Florence Project en un comunicado.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha incluido a los menores no acompañados en su ofensiva contra la inmigración. Ha recortado fondos para las organizaciones que los ayudan, prohibido su acceso a una defensa legal e impuesto estrictos requisitos para evitar que los familiares que tienen en Estados Unidos les acojan. Los menores superan con creces el tiempo que por ley pueden permanecer en los centros de detención y no reciben la atención médica ni psicológica que requieren, según denuncian las organizaciones que los defienden.

400 niños para un albergue de 20 plazas en Honduras

La organización de defensa de los menores KIND (Kids in Need of Defense) ha informado de que la Administración planea deportar a unos 400 niños hondureños que están bajo custodia del ORR. Dos miembros de KIND viajaron recientemente a Honduras para supervisar la reintegración de los niños que son deportados y relataron que el país centroamericano ha recibido una lista con el nombre de menores que van a ser enviados desde Estados Unidos. El anuncio, aseguran, ha causado estupor entre las organizaciones que atienden a los niños y los funcionarios gubernamentales.

“La respuesta unánime fue que no tienen lo necesario para recibirlos. No tienen ni la información ni los recursos para hacerlo”, explicó Jennifer Podkul, responsable de Derechos Global de KIND. “Se dieron instrucciones, no sabemos de quién, sobre la llegada de esta gran cantidad de niños. No tenían una fecha exacta. Lo único que se les había dado era una lista de nombres, sin información sobre quiénes eran los familiares, dónde estaban, si estaban en Honduras, en Estados Unidos, en México o en otro país, ni sobre qué necesidades podrían tener estos niños al regresar”, dijo.

Aunque Podkul aseguró que tanto las autoridades como las organizaciones civiles están dispuestos a acoger a los niños, no pueden hacerlo por falta de recursos. Solo hay un albergue en todo Honduras preparado para recibir a los niños, en San Pedro Sula, al norte del país. Su capacidad es de 15 a 20 camas.

“La idea de tener que recibir a más de 400 niños a la vez es insostenible, solamente en términos de dónde se los iba a ubicar, y mucho menos de asegurarse de tener los proveedores de servicios necesarios para evaluarlos y garantizar que puedan ir a un lugar seguro”, sostuvo.

Esto se ha visto agravado por el hecho de que Estados Unidos ha limitado la ayuda al país. Muchas de las organizaciones nacionales e internacionales que podrían apoyar a los menores han tenido que reducir drásticamente el personal y la capacidad para recibirlos.