Los pasos en falso y el injerencismo de Ken Salazar

El embajador Ken Salazar dio esta semana pasos en falso. Quien desde 2021 representa a Estados Unidos en México ha violentado los límites de la buena vecindad y el derecho de todo pueblo a la soberanía. Washington y su alfil destilan injerencismo de rancio olor.

La polarización mexicana, que no es solo política sino básicamente social, no debe provocar miopía. Las lecciones de la historia están a la mano y los perennes impul...

El embajador Ken Salazar dio esta semana pasos en falso. Quien desde 2021 representa a Estados Unidos en México ha violentado los límites de la buena vecindad y el derecho de todo pueblo a la soberanía. Washington y su alfil destilan injerencismo de rancio olor.

La polarización mexicana, que no es solo política sino básicamente social, no debe provocar miopía. Las lecciones de la historia están a la mano y los perennes impulsos intervencionistas del Tío Sam, también. Es inaceptable que desde fuera se quieran dictar leyes a México.

La nación vive un momento crítico. Cada semana se acumulan escenas de ingobernabilidad por el dominio criminal en distintas y no pocas regiones. Igualmente, el mercurio de los termómetros económicos baja por recurrentes síntomas de enfriamiento fabril.

A pesar de lo anterior, la mayoría manifiesta su satisfacción con el modelo emprendido desde 2018. Las urnas ratificaron contundentemente la aprobación de Andrés Manuel López Obrador y dieron a su sucesora un claro mandato de continuidad.

Frente a los problemas, la receta a seguir es la que propone el obradorismo, fue la sentencia de las mayorías. Pertinente es decirlo en plural, pues el electorado mexicano, que sabe votar cruzado, en muchas papeletas sufragó por carro completo para los guindas.

La holgada victoria de Claudia Sheinbaum fue la locomotora que impulsó mayorías legislativas y la obtención de las más de las gubernaturas en juego el 2 de junio. Legítimos como son esos triunfos, la generosidad no ha acompañado a sus protagonistas.

El oficialismo ha traducido su renovada fuerza en una imposición a rajatabla de los deseos de AMLO, que pretende mucho más que un cerrojazo sexenal, cosa ya de por sí cuestionable: el presidente saliente no concede ni a su sucesora margen para opinar o revisar.

Las decisiones que el Congreso de mayoría morenista pretende tomar en septiembre, último mes de Andrés Manuel en Palacio Nacional, tendrán consecuencias mucho más allá del 2024. Y Sheinbaum será la primera en padecer la sacudida institucional de López Obrador.

Encima, si la revancha es el inocultable origen de algunas de las más importantes iniciativas del llamado Plan C, el proceso para entregárselas al presidente apenas arranque en septiembre la nueva legislatura está marcado por la simulación de diálogo.

Esa cerrazón provoca crisis. Trabajadores e impartidores de justicia del Poder Judicial lanzaron un paro sin precedentes, desesperada medida que el gobierno que se dice de izquierda responde con amenazas de quitar el pago a quienes recurren a la protesta.

Y si los inmediatamente afectados han tomado inéditas decisiones, como paralizar indefinidamente la mayoría de las operaciones de los tribunales, otros actores —así fuera de manera tardía y desbalagada— han decidido, al cuarto para las doce, al fin pronunciarse.

Tal es el caso de los tradicionales órganos de representación empresarial, que sin mucho vigor el domingo pasado hicieron publicar un comunicado en el que expresaban de manera torcida su oposición a la Reforma Judicial.

Las y los empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial no se atrevieron a llamar las cosas por su nombre. Se fueron por las ramas al pedir, para nada literalmente, que la autoridad electoral no diera al obradorismo la mayoría en San Lázaro.

Lo que el CCE quiso decir es que no quiere la Reforma Judicial. Por no hacer las cosas como es debido, por elegir un subterfugio luego de años de no entender ni al presidente López Obrador ni el apoyo que concita, se enredaron: terminaron cuestionando la mayoría popular.

El CCE quiso regatearle las diputaciones plurinominales a Morena y aliados que el Instituto Nacional Electoral estaba por definir. Enredados en su torpeza fueron presa fácil de AMLO, que ninguneó al sindicato patronal y pidió que se pronuncien algunos potentados.

Flaco favor hizo la IP a la democracia al creer que era mejor camino tratar de impedir una mayoría registrada en el INE en lugar de cuestionar, con argumentos y genuina representatividad, las aberraciones de una reforma que preocupa al capital propio y foráneo.

Ese es el trasfondo de la peor de las expresiones injerencistas de Estados Unidos en muchos años y —dejando fuera la del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, que enseguida abordo pero de la que se requieren más datos— sin duda la mayor del sexenio de AMLO.

Ken Salazar entró este jueves en la galería de los ofensivos embajadores de EEUU que ha padecido México. A punto de cumplir tres años en el puesto, el diplomático emitió un pronunciamiento de viva voz en donde se entromete en la democracia mexicana.

No es aceptable en un diplomático invocar en abstracto supuestos riesgos para la relación entre países cuando lo que se está dirimiendo compete estrictamente a las y los mexicanos. Máxime si la mayoría, aunque sectaria en su proceder, hasta ahora ha cumplido con la ley.

Salazar es la prueba una vez más, y una muestra muy folclórica por si hiciera falta, del adagio que de antaño advierte que los vecinos del norte no pueden ser tomados por amigos, pues en todo tiempo solo les mueve garantizar e incluso ampliar la ventaja de sus intereses.

No es creíble, además, el súbito temor que Salazar manifiesta por el proceder del actual gobierno. Su país y él mismo han sacado estos años el máximo provecho posible del pragmatismo de López Obrador, que les ha dado cuanto pedían para que le dejaran en paz.

Buen negocio sexenal el de EEUU. Acaso le falta al embajador blindar los intereses de la empresa Vulcan, que podría perder la concesión que casi tres décadas en la península maya; pero salvo ese caso, siempre gozaron de acceso para convenencieros arreglos.

El Estado de derecho que se supone que ahora preocupa a Salazar y a su gobierno, en términos prácticos ha sido machacado desde 2019, pues desde entonces se forzó a renunciar o se persiguió a titulares de órganos autónomos, reguladores, prensa, enfermos e incluso víctimas.

De forma que si siempre resulta execrable el injerencismo de Washington (en México, en Irak o en Palestina…), cuánto más tendría que ser si proviene de quien ha tenido el picaporte de Palacio y, como es evidente, con ello ha logrado pingües réditos para su país.

Por si fuera poco, la relación México-Estados Unidos ya padecía la grosera tarascada del caso Zambada. La información disponible apunta a un secuestro extraterritorial por parte de agencias estadounidenses. Una afrenta al presidente y a la nación.

No se trata de defender a un criminal. Si se tolera tal proceder, que otros decidan unilateralmente cómo llevan ante la ley a un nacional, se renuncia al principio de la soberanía: nadie sino México debe regir modos y leyes para enfrentar problemas y retos de los mexicanos.

La Reforma Judicial no gusta a diversos sectores e, indistintamente de lo que se opine, supone delicados riesgos. El experimento puede llevar al país a más ingobernabilidad, a menos justicia y, por si fuera poco, terminar empoderando a peligrosos criminales.

Sin embargo, es en casa, y estrictamente dentro del marco de la ley, donde quienes se oponen al presidente López Obrador y a su radical intento de reorganización institucional deben ejercer oposición e incluso presión en la medida de sus capacidades.

Quienes de tiempo atrás suspiraban con aquello de que quedaban pocos contrapesos al presidente, “los mercados y Washington”, destacadamente, siguen sin entender el presente y, sin duda, buena parte del pasado.

Ni los primeros ni el segundo son amigos. Sus intereses siempre, en el mejor de los casos, serán estrictamente monetarios. México no les debe nada, antes al contrario. Por siglos y décadas se han aprovechado de mucho de la riqueza nacional.

Que no guste el intento obradorista de reformulación de la manera en que se regirán la justicia, el derecho a la información, la competencia, las telecomunicaciones, la producción energética, etcétera, no quita solvencia a dos realidades.

La primera, es que llegamos aquí luego de múltiples oportunidades perdidas durante los gobiernos de las alternancias en el Congreso y en Los Pinos. Hay, pues, un reclamo genuino y hasta hoy democrático de las mayorías de repensar modelo, reglas e instituciones.

Y la segunda: nunca será buena noticia que el embajador estadounidense se haga pasar por un preocupado amigo. No lo es. No lo han sido. Son ejecutivos que velan únicamente por los intereses de su país. Así visiten a la Guadalupana, como Salazar hace días.

México —sus problemas, sus recursos y el derecho a darse instituciones— para las y los mexicanos. Siempre.

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