Lo que callan sobre el Poder Judicial

Los diputados de Morena aprobaron eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial. El planteamiento ha despertado un apasionado debate. Hay dos bandos. Por un lado, Morena, que argumenta que los fideicomisos deben desaparecer, pues solo sirven para mantener los gastos superfluos y desmedidos. Por el otro, el Poder Judicial y sus aliados, quienes dicen que ...

Los diputados de Morena aprobaron eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial. El planteamiento ha despertado un apasionado debate. Hay dos bandos. Por un lado, Morena, que argumenta que los fideicomisos deben desaparecer, pues solo sirven para mantener los gastos superfluos y desmedidos. Por el otro, el Poder Judicial y sus aliados, quienes dicen que eliminar los fideicomisos limitará el acceso a la justicia y destruirá la división de poderes.

En este ensayo argumento que ambas posturas son hiperbólicas y no reflejan la realidad. El Poder Judicial sí podría deshacerse de algunos de sus fideicomisos y recortar prerrogativas excesivas sin que ello supusiera destruirse o afectar a sus trabajadores. Morena también podría ceder y permitir la existencia de ciertos fideicomisos bien regulados y transparentes.

La discusión actual es entre dos bandos igualmente militantes, cuyas intransigentes posturas terminarán afectando a la democracia mexicana. Me explico.

Mentiras de un lado

La postura de Morena oculta tres verdades.

Primero, no es verdad que todos los fideicomisos sean dinero que sustenta privilegios superfluos. Dentro de las prestaciones que cubren estos fideicomisos se encuentran los recursos que se destinan a proveer de seguridad a ministros, jueces y magistrados. En un país con los niveles de violencia de México, tener autos blindados y escoltas para juzgadores es una necesidad, no un privilegio.

Segundo, tampoco es cierto que todos los recursos de los fideicomisos sean dinero público. Por ejemplo, dentro de los fideicomisos que se pretenden extinguir se encuentra el destinado al “mantenimiento de casas habitación” cuyos recursos no son públicos, sino aportaciones privadas que realizan los jueces y magistrados desde su nómina. El dinero sirve para mantener las casas que ocupan ministros y magistrados cuando, por motivos laborales, cambian de lugar de residencia.

Tercero, no es verdad que la extinción de fideicomisos supone un uso más virtuoso de los recursos. De ser aprobada la reforma de Morena, el dinero de los fideicomisos sería enviado a la Tesorería de la Federación. Esto implica la posibilidad de que, como sucedió con la extinción de 109 fideicomisos en 2020, los recursos terminen siendo utilizados en lo que el gobierno federal señale.

Mentiras del otro lado

Sin embargo, no solo Morena miente. Los defensores a ultranza del Poder Judicial también lo hacen cuando dicen que eliminar los fideicomisos supone su destrucción y un grave atentado contra las prestaciones de sus trabajadores.

La realidad es distinta en tres aspectos:

Primero, la gran mayoría de los recursos de los fideicomisos no se utilizan. Como identificó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al analizar 12 fideicomisos en 2018, durante 10 años el Poder Judicial solo ha usado el 4,9% del dinero ahí disponible.

Esto se debe a que el Poder Judicial ha creado un efectivo mecanismo de “guardaditos”. Según reportó la ASF, cuando la SHCP no gasta todo el dinero que la Federación le otorga para su gasto ordinario, guarda una parte en los fideicomisos.

La intención, dicen, es poder usar ese dinero para gastos no ordinarios, como construcción e infraestructura. Pero la realidad es que, como mostró la ASF en la auditoría 2018-0-03100-19-0003-2019, el Poder Judicial no lo utiliza para eso. La mayoría de las veces emplean el presupuesto ordinario para dejar los fideicomisos gorditos. Así, en 10 años, el presupuesto de los fideicomisos del Poder Judicial se ha cuadruplicado.

Segundo, la abismal mayoría de las prestaciones médicas del personal judicial y de las pensiones complementarias de los magistrados y jueces se pagan con el presupuesto ordinario, no con los fideicomisos.

Como documentó el periodista Zedryk Raziel para el portal Animal Político, en 2018, único año para el que tuvo datos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pagó todas sus prestaciones médicas utilizando solo el 0,002% del dinero del fideicomiso. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pagó el 95% de sus pensiones sin necesidad del fideicomiso. De hecho, del fideicomiso solo se ejercieron 16 millones de pesos, de un total de 3.000 millones de pesos que tenía disponibles.

Tercero, la falta de transparencia del Poder Judicial y sus gastos desmedidos sí son una legítima preocupación.

El Poder Judicial federal sí es demasiado caro. Como mostró el trabajo de la académica Ana Laura Magaloni, los ministros, magistrados, jueces y secretarios tienen remuneraciones superiores a las de sus pares en Latinoamérica. A eso se agregan excelsas prerrogativas que incluyen múltiples autos blindados, equipos de lujo, traslados y comidas de primera. Además de las prestaciones de ley, hay “compensaciones garantizadas y bonos de apoyo” por 3.000 millones de pesos, seguros de vida, separación y gastos médicos por otros tres millones de pesos, y “compensaciones de apoyo” por 4.000 millones de pesos.

A ello hay que agregar gastos aparentemente mundanos, pero que calan en un país con tanta pobreza como México. Aspectos como que el Poder Judicial hace una fiesta del Día de la Madre que cuesta 24 millones de pesos, una del Día del Padre que cuesta 26 millones, o que gasta 90 millones de pesos anuales en anteojos. Hay abusos que duelen. Las togas que usan los ministros, por ejemplo, cuestan 23.000 pesos cada una y son elaboradas por el mismo proveedor desde hace 28 años. Un coto privado del que alguien se beneficia.

El Poder Judicial tampoco es probo en su transparencia. Es frecuente que la información que comparten en la Plataforma Nacional de Transparencia esté incompleta, vieja o en formatos que no son accesibles o comprensibles para el público, como ha mostrado el trabajo de Hugo Concha Cantú del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A diferencia del Poder Legislativo y Ejecutivo, que han sido impulsados a ser más transparentes y puestos en la mira pública, “el Poder Judicial ha quedado mucho tiempo en la sombra (…) siempre ha sido el poder más alejado de los ciudadanos” en palabras de la actual decana de la escuela de gobierno del ITESM, Edna Jaime.

Por si lo anterior fuera poco, el Poder Judicial tiene un problema severo de nepotismo. Más de la mitad de jueces y magistrados han logrado que sus esposas, hijos, cuñados u otros integrantes de su familia figuren en la nómina, según ha mostrado la investigación de Julio Ríos-Figueroa del ITAM. Hasta el momento no se ha logrado reformar la carrera judicial para impedir que esto siga pasando.

El fondo

Todos los abusos del Poder Judicial, sin embargo, han quedado silenciados. La discusión pública se ha convertido en una batalla de dos facciones polarizadas con verdades parciales que evitan llegar al fondo.

La pregunta esencial del debate es si tener fideicomisos y prerrogativas excesivas contribuye con la independencia del Poder Judicial. En lo personal, yo pienso que no.

El fideicomiso no es la razón de existencia de la independencia del Poder Judicial, si así lo fuera podríamos concluir que todo el financiamiento del Poder Judicial debiera provenir de fideicomisos, en vez del presupuesto ordinario, como actualmente sucede. Los fideicomisos son una parte menor de su gasto y salvo contadas excepciones, no representan una proporción significativa de las prestaciones de sus trabajadores. En realidad, las prestaciones del Poder Judicial y su presupuesto están protegidos por la ley y su presupuesto ordinario, no por sus fideicomisos.

La independencia del Poder Judicial no puede, ni debe ser condicionada a tener beneficios excesivos. En los años noventa se pensó que dar altísimos salarios y prestaciones reduciría la corrupción de juzgadores, pero hoy tenemos múltiples casos que desmienten esta postura. Lo que se necesita no son fideicomisos, ni chefs y camionetas blindadas, sino un sistema robusto de responsabilidades.

Debo confesar que, en la discusión sobre el Poder Judicial, yo sí esperaba que Morena tuviera una posición parcial, politizada y sesgada. Son un partido político. De quienes no lo esperaba era de la abogacía y la SCJN.

Los puntos de vista de la SCJN están teñidos por sus propios intereses. La abogacía, en muchos casos relacionada de forma directa o indirecta con el Poder Judicial, ha dominado gran parte de las discusiones, e inundado la discusión pública con pocos matices. Tal parece que tomaron bando y que han olvidado que, en este debate, el Poder Judicial no solo es juez, también es parte.

Hay tarea por hacer. Ambas facciones en disputa deben abrirse al debate. Habrá más discusión sobre el tema y seguro llegará hasta la SCJN. El Poder Judicial puede y debe reformar sus fideicomisos. Morena no debe desaparecerlos todos de tajo. Los matices existen.

No nos confundamos. Si el Poder Judicial termina afectado y debilitado, será por culpa de la intransigencia de ambas facciones.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país