Este 8M marchamos unidas para exigir nuestros derechos

Hoy, en el 8M, las mujeres tomaremos de nuevo las calles, las inundaremos de color morado, símbolo de la lucha por nuestros derechos humanos. Saldremos a exigir igualdad, acceso al aborto, a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, y además seguiremos impulsando, con gran alegría y decisión, la primavera feminista que iniciamos hace varios años.

A este movimiento ya nadie lo detiene. Las mujeres trabajadoras, estudiantes, de los pueblos originarios, de la comunidad LGBTI, marchamos hoy unidas, acuerpadas, entusiastas, para exigir que podamos vivir libres y segu...

Hoy, en el 8M, las mujeres tomaremos de nuevo las calles, las inundaremos de color morado, símbolo de la lucha por nuestros derechos humanos. Saldremos a exigir igualdad, acceso al aborto, a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, y además seguiremos impulsando, con gran alegría y decisión, la primavera feminista que iniciamos hace varios años.

A este movimiento ya nadie lo detiene. Las mujeres trabajadoras, estudiantes, de los pueblos originarios, de la comunidad LGBTI, marchamos hoy unidas, acuerpadas, entusiastas, para exigir que podamos vivir libres y seguras en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las escuelas, en las calles y también cuando salimos a protestar.

Marchamos por las que ya no están y para honrar la lucha de las familias de las víctimas de feminicidios. Desde Amnistía Internacional hemos acompañado a las madres, hijas, hermanas, amigas de las víctimas de feminicidios que llevan décadas exigiendo una justicia que no llega. El ejemplo emblemático de esta lucha son los asesinatos de mujeres registrados en Ciudad Juárez. En nuestro informe Muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua (2003) dimos cuenta de la falta de la debida diligencia por parte de las autoridades al investigar esos crímenes.

En él documentamos, entre otras deficiencias, demoras injustificables en las investigaciones iniciales, falta de seguimiento a pruebas o declaraciones de testigos, exámenes forenses practicados de manera inadecuada, falsificación de pruebas, uso de tortura por agentes estatales para obtener información y confesiones.

Ante este terrible panorama, las familias de las víctimas, acompañadas de organizaciones civiles, tuvieron que acudir incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su búsqueda de justicia. Sólo así lograron poner el foco de atención en las graves deficiencias registradas en las investigaciones de los feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua, y al Estado y la justicia mexicana en la mira del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como resultado de esta lucha, en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano en el emblemático caso del “Campo algodonero”.

Su incansable lucha permitió construir en México un robusto andamiaje institucional y jurídico para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres, que incluye Fiscalías especializadas para atender los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, policías de género y Centros de Justicia para las Mujeres que operan en casi todas las entidades federativas.

En lo jurídico, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia -que incluye el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género- (2007); el Reglamento de la misma (2008); el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2007); la Ley General de Víctimas (2013); la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2018) y la tipificación del delito de feminicidio (a partir 2012).

Sin embargo, todo este andamiaje jurídico e institucional sigue sin tener resultados efectivos en el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias. Lamentablemente su aplicación es mínima o nula, de tal forma que persisten gravísimas deficiencias en los procesos de prevención y atención de las violencias contra las mujeres y en las investigaciones de feminicidios, que derivan en altísimas cifras de impunidad a lo largo y ancho de todo el país.

A ello se suma la violencia institucional hacia las familias de las víctimas de feminicidio, que en lugar de encontrar garantías para acceder a la verdad, la justicia y la reparación, deben hacer frente a prácticas revictimizantes y hasta amenazas por parte de agentes del Estado.

La sentencia de la CIDH sobre campo algodonero, traza directrices muy claras al Estado mexicano para efectuar una investigación de feminicidio. Precisa que ésta debe ser expedita; realizada con perspectiva de género y por funcionarios altamente capacitados; debe proveer de información a las familias de las víctimas sobre los avances obtenidos; darles acceso a los expedientes y garantizar que las dependencias cuenten con recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar sus tareas, entre otros aspectos.

Contrario sensu, en la investigación del feminicidio de la joven Karla Pontigo, ocurrido en 2012 en San Luis Potosí —que acompañamos desde Amnistía Internacional—, la autoridad investigadora no protegió la escena del crimen, no tomó fotografías de la misma, no protegió la cadena de custodia de muestras y pruebas, negó a la familia acceso al expediente y no aplicó la perspectiva de género en la investigación.

El caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en sentencia histórica (2019) ordenó —a la luz de la jurisprudencia de la CIDH— que la ahora Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí repusiera la investigación, que ésta se efectúe con perspectiva de género y que además se investigue y sancione, administrativa o penalmente, a las autoridades que llevaron a cabo el anterior proceso “por su actividad irregular”.

En nuestro informe Juicio a la Justicia (2021) documentamos cuatro casos de feminicidio en los que las autoridades perdieron evidencias, no aplicaron correctamente la perspectiva de género, no analizaron ni resguardaron elementos de prueba y en uno de los casos el cuerpo de la víctima no fue resguardado de manera adecuada por el Servicio Médico Forense.

Ante la indolencia del Estado mexicano frente a los feminicidios es imprescindible que las organizaciones civiles mantengamos el acompañamiento a las familias de las víctimas. No puede ser de otra manera si queremos contribuir a que obtengan justicia para sus hijas, acceso a una reparación integral del daño y a cerrar el duelo interminable en que han vivido por décadas.

Desafortunadamente, la evidencia muestra que muy probablemente tendremos que seguir recurriendo a instancias internacionales para que las familias puedan acceder a la verdad y la justicia pues debemos reconocer, con mucho dolor, que en México, a tres décadas de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, una sentencia como la emitida por la CIDH no fue suficiente para el Estado.

¡¡¡Memoria, memoria, memoria que camina!!! ¡¡¡A miles de mujeres se les debe justicia!!!

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