México ha utilizado la fractura hidráulica en 8.000 pozos petroleros

El fracturamiento hidráulico, una tecnología petrolera que usa enormes cantidades de agua combinada con químicos, está de vuelta. El Gobierno de Claudia Sheinbaum enfila en dirección contraria a su promesa de campaña y ya se da por hecho que, tras los años de hiato del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México recuperar...

El fracturamiento hidráulico, una tecnología petrolera que usa enormes cantidades de agua combinada con químicos, está de vuelta. El Gobierno de Claudia Sheinbaum enfila en dirección contraria a su promesa de campaña y ya se da por hecho que, tras los años de hiato del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México recuperará esta técnica criticada por los ambientalistas y parte de la comunidad científica con la meta de insuflar nueva vida a las exiguas reservas petroleras del país. Un camino que México comenzó a mediados de los 90 del siglo pasado y que desde entonces se ha usado más de 36.000 veces en 8.000 pozos, dejando problemas ambientales en varios de los Estados donde se realizó.

En México, el fracking se practicó con frecuencia desde 2003 hasta 2018, concentrando 30.000, un 95%, de todos los procesos de fracturación. En esos años, Pemex Exploración y Producción comenzó con la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales de los yacimientos en el proyecto Aceite Terciario del Golfo—que abarca el norte de Veracruz y parte de Puebla— usando fracturamiento hidráulico y, poco después, se sumó su uso a la perforación exploratoria en otros yacimientos para determinar el potencial de este tipo de gas y petróleo en el país. Pemex identifica cinco provincias geológicas para la exploración y explotación de gas de lutitas: Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. Estos proyectos nunca han dejado de recibir dinero público, ni durante los años de López Obrador.

Este es un grupo de técnicas de extracción de hidrocarburos contenidos en rocas que no se pueden extraer con técnicas convencionales. Primero se perfora un pozo vertical y luego, una vez alcanzado el yacimiento profundo, se desvía la tubería y se hace una sección horizontal. Con una serie de cargas, se realizan perforaciones para comunicar el pozo y la roca y se inyecta un mezcla de 90% agua con arena y aditivos químicos, muchos con alta toxicidad, lo que fractura la roca y permite que fluyan los hidrocarburos. También se usa para estimular pozos cuya producción vaya en declive. Su uso de agua es cuantioso y además el uso de estos químicos hace que quede inservible para el uso humano.

El pasado julio, la Comisión para la Cooperación Ambiental, una organización internacional creada por Canadá, Estados Unidos y México para fomentar la proteger el medio ambiente en América del Norte en el marco del acuerdo comercial trinacional, publicó su informe Fracturación hidráulica en Nuevo León. Este documento se deriva de una denuncia de campesinos y ganaderos que notaron escasez y contaminación de agua tras quedar sus tierras entre dos pozos fracturados en la fase de exploración entre 2013 y 2014. Situaciones similares se han documentado en los Estados de Puebla, Veracruz y Tamaulipas, que concentran la mayor parte de las fracturas realizadas en el país.

El texto, exhaustivo y técnico, permite un vistazo empírico al agua necesaria para hacer un proceso de fractura. Uno de los pozos, el Nerita 1, usó 12 millones de litros que extrajo, en parte, de una concesión agrícola y, según los denunciantes, del río San Juan; el otro, el Tangram-1, 25 millones, sin que se sepa de cuál fue la fuente de agua. Como medida de comparación, una piscina olímpica tiene 2,5 millones de litros. Además, los fluidos de retorno, básicamente el agua utilizada en la fracturación que regresa a la superficie con aditivos, sales y metales pesados, fueron inyectados de nuevo a la tierra en lo que se llama un pozo letrina, “en contraposición con la restricción establecida en las condicionantes de la autoridad para la viabilidad ambiental del Proyecto Cuenca de Burgos”.

Justo en el vecino Texas, Estados Unidos, la cuna del fracturamiento hidráulico, la cantidad de agua contaminada inyectada en estos pozos de desecho (hay 52.000 por todo el Estado) ha llevado a que la Comisión de Ferrocarriles, que regula las industrias extractivas, advierta que están causando un aumento de la presión subterránea que puede dañar tanto las reservas de crudo como las de agua dulce. Desde junio de 2025 entró en vigor una nueva legislación para poner límites a estos pozos. Los activistas y propietarios de la tierra llevan años advirtiendo de los peligros de estos procesos.

El primer aviso de la vuelta del fracking en este sexenio fue la primera semana de agosto de 2025, cuando se presentó el Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos que entre su batería de medidas propone “reactivar la evaluación de yacimientos de geología compleja”. Este es un eufemismo para “yacimiento no convencional”, que según la definición de la Secretaría de Energía, son aquellos yacimientos que “requieren pozos horizontales con fracturamiento hidráulico”. Cuando le preguntaron si volvía el fracking, director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, cantinfleó en su respuesta y aseguró que la técnica ha mejorado en términos ambientales. Los colectivos ecologistas lo bautizaron como “fracking del bienestar”.

Prohibir el fracturamiento hidráulico fue primero una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador y, aunque en los hechos disminuyó radicalmente, nunca se puso negro sobre blanco. Hubo varias iniciativas para desarrollar leyes secundarias, pero todas fueron desechadas, y, en ese periodo, la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó en 2019 siete planes para “incorporar recursos de aceites y gas en yacimientos no convencionales”, además de se fracturaron un centenar de pozos en Veracruz y Puebla de acuerdo a diversas solicitudes de acceso a la información realizadas a Pemex.

En 2022 López Obrador casi firma un decreto presidencial que marcaba una moratoria del fracking hasta disponer de suficiente evidencia científica para evaluar sus riesgos potenciales y posibles. El equipo jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente, entonces encabezada por María Luisa Albores, junto al colectivo Alianza Mexicana contra el Fracking y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), hizo llegar a Palacio Nacional este escrito, pero López Obrador dijo que tenía que pasar por la Secretaría de Economía y Energía. En Energía estaba Rocío Nahle, hoy gobernadora de Veracruz, que se ha manifestado a favor de esta técnica, y la propuesta de decreto se pudrió en un cajón.

Incluso el Plan C de López Obrador, su herencia legislativa al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, incluye una reforma constitucional que prohíbe “otorgar contratos o realizar actos administrativos que permitan la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico” y la minería a cielo abierto. No parece que este legado vaya a cumplirse.