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Los feminicidios en Morelos y en el Estado de México rompen el optimismo por la bajada de las cifras de la violencia machista

La presidenta Sheinbaum ha impulsado desde su llegada al poder una decidida agenda de políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres, aunque la propia mandataria reconoce que “obviamente falta más”

Estudiantes de la UAEM se manifiestan en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, por la desapacición de Kimberly, el 26 de febrero.Margarito Pérez Retana (Cuartoscuro)

El triunfo de Claudia Sheinbaum se interpretó dentro y fuera de México como un considerable impulso a la causa feminista. Ya desde la campaña electoral, el programa de la primera mujer en llegar al poder en un país con un grave problema de violencia machista resaltaba por un pronunciado acento en los derechos de las mujeres. En este año y...

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El triunfo de Claudia Sheinbaum se interpretó dentro y fuera de México como un considerable impulso a la causa feminista. Ya desde la campaña electoral, el programa de la primera mujer en llegar al poder en un país con un grave problema de violencia machista resaltaba por un pronunciado acento en los derechos de las mujeres. En este año y medio de mandato, la presidenta ha presentado toda una batería de medidas, con recorrido todavía en su implementación, para atender el problema de manera integral. Las cifras de feminicidios, por ejemplo, se han reducido considerablemente desde el estremecedor pico registrado durante la pandemia: una media de más de 10 mujeres asesinadas al día. Las organizaciones feministas conceden que se han dado pasos importantes pero todavía queda mucho camino. La propia presidenta ha reconocido este miércoles que “obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado”. Los recientes feminicidios ocurridos en apenas un par de días en Morelos y en el Estado de México, siguiendo patrones típicos de la violencia de género, ponen de relieve el reto al que aún se enfrenta este Gobierno.

La Fiscalía de Morelos confirmó este martes que había encontrado el cuerpo de Kimberly Joselín Ramos tras pasar 11 días desaparecida. La joven, de 18 años, fue vista por última vez en las inmediaciones de una universidad del céntrico Estado. Un día después, el cadáver de Ana Karen Nute, de 19 años, fue encontrado con signos de violencia en un descampado de Ecatepec, municipio del Estado de México. La última vez que la vieron con vida fue la noche del sábado pasado cuando se estaba subiendo a un mototaxi, que había pedido por una aplicación del celular, para regresar a su casa. El conductor del vehículo ya está detenido. Y en el caso de Ramos, también hay un detenido, un supuesto compañero de la universidad.

La celeridad en las detenciones, así como el hecho de que este tipo de casos se conviertan en fenómenos mediáticos, con espacio en las portadas de los grandes medios mexicanos, son puntos a favor según las organizaciones. Muestran una mayor sensibilidad en el debate público, en gran medida por las protestas y la movilizaicón de un movimiento feminista cada vez más fuerte en el país. Pero al mismo tiempo apuntan a cuestiones a mejorar. Para Maïssa Hubert, subdirectora de la organización Equis Justicia para las Mujeres, estos casos muestran que no “hemos logrado implementar una estrategia de seguridad en las aplicaciones de transporte. Y también en los protocolos de búsqueda para casos de mujeres desaparecidas. Son temas todavía muy rezagados”.

Una de las primeras medidas de la presidenta tras tomar posesión el 1 de octubre de 2024 fue presentar una batería de decretos para blindar los derechos de las mujeres. La más simbólica, además de crear la Secretaría de las Mujeres, fue incluir en la Constitución la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad salarial y el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia. Bajando más a lo concreto, resaltan la creación de oficinas de género en las Fiscalías estatales, aún por mejorar en su implementación; la presencia de mujeres abogadas en las mismas fiscalías para atender denuncias de violencia de género; el servicio gratuito 24 horas de una línea telefónica para atender casos; la ley que permite que un agresor, identificado en flagrancia, abandone el hogar aunque sea el hombre el propietario; o los “centros libres” de violencia, pensados para proteger a víctimas de los entornos más rurales y abandonados.

“El Gobierno ha convertido en políticas públicas mucha parte de las demandas de las colectivas feministas, aunque los avances están siendo muy heterogéneos”, afirma Malena Esparza, presidenta de la asociación Ola Violeta. Las cifras de feminicidios son, por ejemplo, uno de los apartados donde más se ha mejorado. De los más de 10 casos diarios en 2021, ese máximo ha ido cayendo progresivamente hasta cerrar el año pasado por debajo de los dos casos al día. “Es un avance desde luego, aunque todavía son cifras altísimas y además hay que tener en cuenta que los máximos se dieron en el contexto de la pandemia y era casi inevitable que bajaran”, apunta Hubert, que añade que “las señales son positivas pero para que todo el andamiaje y la coordinación institucional funcione hacen falta recursos, y estamos viendo desde el sexenio pasado que sin financiación, las buenas ideas se quedan en letra muerta”.

La subdirectora de Equis pone como ejemplo el caso de los Centros libres de violencia. “Es una gran iniciativa para atender a las mujeres con menos recursos y en las zonas más desatendidas, pero estamos viendo que apenas hay personal para atender los primeros centros que se están creando”. Al mismo tiempo, la académica subraya la importancia de un primer esbozo de una “estrategia de protección contra la violencia de género”, uno de los vértices del paquete de medidas presentadas al llegar Sheinbaum al poder. “Aún hay que desarrollarlo pero es una señal de cambio de paradigma. Hasta ahora todos los gobiernos se habían centrado en las medidas penales y policiales. No atendían las violencia hasta que nos llegaba hasta el cuello”, cierra la académica.

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