El envío de presos a Estados Unidos constata la falta de control en las cárceles mexicanas

Lo que se cuece dentro de las cárceles mexicanas salta los muros. No solo por su impacto en la seguridad del país, sino también en la relación con Estados Unidos. México ha trasladado en el último año 92 presos al país vecino, donde también son requeridos por la justicia por delitos de crimen organizado, y ha justificado esa maniobra como una decisión soberana que “conviene a la seguridad nacional”, ante la evidencia de que seguían operando para los grupos delictivos desde prisión. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha recalcado que los envíos de presos—en un marco legal difuso y plagado de controversia— dirigían el crimen desde sus celdas y extorsionaban a través de llamadas a ciudadanos mexicanos. “Lamentablemente, dentro de prisiones muchas veces generan alianzas entre otros grupos y en varios lugares donde están recluidos tienen la oportunidad de continuar delinquiendo. Esto es en beneficio de nuestro país”, argumentó a la prensa, dejando entrever los persistentes problemas de descontrol en el sistema penitenciario nacional.

Convertidas en centros de mando y call centers de los carteles, según denuncian expertos y organizaciones civiles y reconocen las autoridades, las prisiones han sido un punto débil de la política de seguridad heredado de sexenio en sexenio. Sin embargo, es la primera vez que el Gobierno mexicano envía a casi un centenar de presos, en tres remesas en un año, con la justificación oficial de que los cabecillas de organizaciones criminales se fortalecen estando entre rejas y siguen amedrentando a sus víctimas. En la última entrega de capos del crimen había personajes de alto perfil que estaban recluidos en centros federales, como Juan Pedro Saldívar Farías, alias Z-27, o Daniel Manera Macías, alias Danny, ambos de Los Zetas, encerrados en el CEFERESO 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit. Otros, como Armando Gómez Núñez, más conocido como Delta-1 o Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, estaban el Altiplano, un penal de máxima seguridad.

Eso no les impedía continuar trabajando para las redes criminales. “Estos delincuentes de alto perfil, aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos” reconoció Harfuch, el zar de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Aprovechaban esos contactos con el mundo exterior “para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación”. Jorge Luis Guitérrez, director de la organización Así Legal, explica precisamente que para que los criminales conserven su influencia delictiva desde la prisión, bajo la tutela del Estado, es necesario que un acceso al exterior, a través de llamadas o de las visitas. “Tiene que ver con la falta de capacidad que pueda tener el Estado para controlar a toda esta población y todas las problemáticas”, señala Gutiérrez y apunta a “la falta de personal” en los centros carcelarios. Según el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre supervisión penitenciaria, el 77% de las prisiones carece de suficiente personal y muchos de los funcionarios, más del 44%, ni siquiera han recibido formación específica para esa tarea.

Otro de los aspectos que dificulta que el Estado tenga mayor control dentro las cárceles es la sobrepoblación. De los 276 centros penitenciarios que hay en el país, más de la mitad -142- albergan más presos de lo que permite su capacidad. Ese exceso es desmesurado en algunos casos, como el del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco, en el Estado de México. Frente a las 591 plazas oficiales, a diciembre de 2025 albergaba a 3.128 presos -cinco veces más de lo debido-, según el último Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria. Ese nivel de hacinamiento en el sistema es caldo de cultivo para el autogobierno dentro de las prisiones donde el 60% de los reclusos ya cumple condena -cifras a nivel nacional- frente a un 40% de ellos que está en prisión preventiva sin sentencia a la espera de proceso. El caos camufla cualquier delito que pueda llevarse a cabo en su interior.

La Secretaría de Seguridad publicó meses atrás que el 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar provenían de 12 centros penitenciarios, sin especificar cuáles eran en concreto. Una tercera parte fueron bloqueadas al retirar la antena en Altamira, Tamaulipas, al cambiar la de Matamoros y al bloquear los servicios 3G y 4G en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México. Aún así, el delito de la extorsión, uno de los identificado como de alto impacto por las autoridades, sigue imparable en México, a sabiendas del rol que juegan las prisiones como origen de llamadas en cadena hasta que alguna víctima es engañada y paga por miedo. Víctor Hernández, profesor director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos y exasesor de seguridad en la Administración de Enrique Peña Nieto, asegura que hay mecanismos dentro de los penales para evitar esto, pero apunta al abandono y la corrupción como impedimentos para que cumplan su función. “Hay falta de presupuesto. Tenemos muchas presiones sin cámaras o con cámaras que no funcionan”, señala. Y añade que en centros donde hay inhibidores de señal para impedir llamadas de extorsión, “los propios custodios los apagan”.

Ambos expertos reprochan que los centros penitenciaros, lejos de servir para la reinserción social, se acaban convirtiendo en ecosistemas del crimen a pequeña escala que arrastran a todos a las dinámicas de los más fuertes. En muchos casos, explican, ante la insuficiencia de personal penitenciario, se delegan tareas administrativas en los reclusos y estos acaban cobrando a sus compañeros de la cárcel, forzándolos a que busquen recursos para pagar también a través de la extorsión. Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, advierte de que delegar ciertas tareas a los custodios deriva en que estos controlar el acceso a recursos o servicios dentro de las prisiones y eso abona a que existan desde redes de explotación sexual a cobros ilegales por poder tener visitas de familiares. “Te puedes encontrar con temas de prostitución, con temas de drogas, que es lo más habitual, gobernanza de los reclusos en el tema de los servicios mínimos indispensables como el tema del agua, jabón o del uso de papel de baño. Tienes que pasar por un monopolio de alguien que está teniendo el control de todas estas cosas, incluidas las llamadas telefónicas”, detalla.

Tanto Hernández como Guerrero sugieren que se implemente un programa de contrainteligencia dentro de los penales, de manera que no se pierdan los esfuerzos del Gabinete de Seguridad que han conducido a más de 37.000 detenciones en el primer año de mandato de Sheinbaum. Ese sistema de contrainteligencia debería no solo vigilar y castigar a funcionarios corruptos de los penales, sino analizar a las bandas que conviven para evitar que hagan alianzas entre ellas mientras cumplen condena. Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro a José Antonio Yépez Ortiz, alias Marro, cabecilla del Cartel de Santa Rosa de Lima, volvieron a poner en evidencia estas deficiencias del sistema penitenciario. Pese a que fue detenido en 2020, las autoridades estadounidenses lo acusan de seguir siendo un miembro activo del cartel desde la cárcel federal de Durango, desde donde enviaba instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares.

Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, coincide también en que la estrategia de seguridad de Harfuch y Sheinbaum —que acumula operativos con aprehensiones, decomisos y desmantelamiento de células criminales al capturar a sus líderes— no dará los resultados esperados si no se atiende el tema de las prisiones. “Mientras esto no esté colocado en la agenda, difícilmente tendremos políticas que reviertan esta crisis. Insisto, el saneamiento de las cárceles no solamente pasa por el endurecimiento de las penas o por cortar los sistemas de comunicación, sino en un fortalecimiento institucional del sistema penitenciario en su conjunto”, apunta.