Inicia en Estados Unidos el juicio a una red de corrupción de Pemex que operó en el sexenio pasado

Comienza en Estados Unidos el juicio contra Alexandro Rovirosa Martínez, el empresario acusado de haber sobornado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para lograr contratos millonarios. Irá solo. Su socio, el panista y antiguo directivo de Pemex, Mario Alberto Ávila Lizárraga, sigue prófugo de la justicia estadounidense. La corte del Distrito Sur de Texas será la sede de un proceso con el potencial de mostrar cómo funcionó la corrupción dentro de la petrolera mexicana durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Rovirosa intentó desestimar los cargos contra él o, por lo menos, las pruebas principales, que salen del teléfono de Ávila Lizarraga. Su defensa alegó que fueron traducidas de forma incorrecta y que, como se le entregaron fuera de los plazos legales, violarían la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. La corte negó esta moción alegando la continuidad del juicio y que Rovirosa tiene la opción de presentar sus propias traducciones. De acuerdo a los documentos del juicio, algunas de las frases eran que “debían cumplir el trato” con los funcionarios, en varios mensajes discutieron de cuánto debía ser el soborno y en un punto llegan a prometer, que, si les ayudaba a solucionar un problema, recibiría una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot de 12.500 dólares. “Un Hublot como comisión, jaja”, se lee.

Esta trama de corrupción fue expuesta el pasado agosto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Rovirosa Martínez y su socio Ávila Lizárraga son acusados de pagar sobornos a funcionarios de Pemex para lograr contratos millonarios. El escrito de acusación los describe un equipo de corruptores que durante años pagaron con dinero, relojes de lujo y viajes a tres altos cargos de Pemex tanto para conseguir contratos de obras, servicios y plataformas como cerrar una auditoría sobre sus empresas. El periodo de los delitos fue de 2019 a 2021, y coincide con parte del mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), durante cuyo sexenio se inyectaron miles de millones de pesos para intentar, sin éxito, sanear a la petrolera.

Rovirosa intentó otras estrategias legales para tratar de evitar el juicio. Según su defensa, al acusarle de estar en colusión con el crimen organizado, habían violado sus derechos, y además alegó que los cargos habían prescrito ya que la supuesta conspiración habría finalizado en abril de 2020. La corte le contestó que sus nexos con el crimen organizado salen de las pruebas y que éstas muestran sobornos hasta octubre de 2021.

También solicitó que le modificaran las condiciones de su arresto, para “permitirle irse a unas vacaciones de lujo a México con su mujer e hijos y asistir a una celebración combinada de boda y cumpleaños” en San Miguel de Allende. La respuesta del juzgado fue una negativa rotunda, al considerar “la riqueza del defendido, sus conexiones en México y la fuerza del caso contra él”, combinado con que “Ávila Lizarraga sigue fugitivo en México, el mismo país al que el defendido quiere viajar”, lo que hace que “la propuesta sea un gran riesgo de fuga”.

Tanto Rovirosa como Ávila son residentes legales en Estados Unidos desde 2016. Les acusan de cuatro cargos de conspiración y prácticas corruptas en el extranjero, con sobornos por 150.000 dólares (2,8 millones de pesos) a tres directivos de Pemex para “manipular los procesos de licitación y asegurarse millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”.

EL PAÍS reveló que Rovirosa firmó un contrato para explotar un campo petrolero, el VC-01 en Veracruz, de 125 kilómetros cuadrados. En un solo año, este campo le dio ingresos por al menos 1,2 millones de dólares sobre 24 millones de pesos. La licencia es por 30 años. También que sus empresas Tubular Technology e Isa Data lograron, al menos, 746 millones de pesos y 19 contratos para construcción y mantenimiento de pozos y gasoductos y adquisición de material con Pemex y sus subsidiarias.