La jueza niega la libertad anticipada al polémico exgobernador de Veracruz Javier Duarte

La jueza federal Ángela Zamorano Herrera ha denegado la petición de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte (2010-2016). Con esta resolución, el político priista deberá cumplir hasta el final la sentencia de nueve años que se le impuso por asociación delictuosa, desvío de recursos del Estado de Veracruz y lavado de dinero. La condena de Duarte, que purga en el Reclusorio Norte, en Ciudad de México, concluye en abril de 2026, en cinco meses. La jueza Zamorano, titular del centro de justicia adscrito a esa prisión, concluyó este viernes que el exgobernador, uno de los mayores símbolos de la corrupción política del PRI, no cumple con dos de los siete requisitos de que establece la ley para que se le concediera el beneficio de la preliberación, el más importante, no estar sujeto a otros procesos judiciales. La jueza ha señalado que Duarte tiene pendiente un caso en el que se le señala por presuntamente obstruir una investigación por desaparición forzada. El abogado del exgobernador anunció que impugnarán la negativa de la jueza.

La defensa de Duarte, encabezada por el letrado Pablo Campuzano, había solicitado su libertad anticipada, visto que el político veracruzano ya ha cumplido con creces el 70% de su sentencia en prisión, una de las salvedades que establece la normatividad para la preliberación. La defensa presentó testigos, en su mayoría funcionarios del propio Reclusorio Norte, que hablaron en su favor. En contra, la Fiscalía General de la República (FGR) llamó, a lo largo de las dos semanas que duró el juicio, a fiscales que acreditaron que el comportamiento del priista estaba lejos de ser ejemplar, por mucho que hubiera purgado ya incluso el 95% de su sentencia. Nada de esto tuvo peso frente al criterio que esgrimió la jueza de que Duarte aún tiene deudas con la justicia.

La audiencia donde se dirimió la liberación de Duarte ha transcurrido por partes y con tropiezos, y duró, al fin y al cabo, poco más de dos semanas. EL PAÍS había adelantado en exclusiva que para el exgobernador ya era una cosa segura su salida del Reclusorio Norte, pues sus compañeros de reclusión le hicieron una fiesta de despedida y él obsequió objetos que ya no requeriría, como si se tratara de una herencia. El abogado Campuzano sostenía que todos los frentes judiciales abiertos de su cliente estaban cerrados. Para la jueza, no fue el caso.

Desde el primer momento, la FGR se opuso a la liberación anticipada del político veracruzano. “No es cualquier servidor público ni un funcionario ordinario. Fue un gobernador que se caracterizó por ser artífice de uno de los mayores escándalos políticos y jurídicos del país”, defendió el representante de la FGR, Manuel Granados, en la audiencia inicial del 3 de noviembre. Encima de todo, la Fiscalía señaló que a Duarte se le han encontrado objetos ilegales en su celda, como una pluma con cámara, un celular, un televisor y acceso a internet. Además, fiscales veracruzanos —llamados como testigos por la FGR— refirieron cómo el exgobernador ha retrasado el avance de otras causas que ha habido en su contra con tácticas burdas, por ejemplo, alegando problemas de salud o retirándose de audiencias sin permiso del juez. En uno de los casos, tuvieron que sacarlo de su celda y llevarlo amarrado en una silla ante el juez.

De acuerdo con las crónicas periodísticas, Duarte ha estado presente y escuchado con aspecto tranquilo todas las audiencias. Pese a que se trata de un derecho reconocido por la ley, la libertad anticipada del exmandatario ha generado una enorme discusión en la opinión pública de México. Duarte gobernó Veracruz en una etapa marcada por el regreso del PRI a la presidencia de México, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, tras dos sexenios de Gobiernos del PAN muy criticados. El “nuevo PRI” se presentaba como una generación de políticos más jóvenes, más preparados académicamente y muy técnicos, que prometían un contraste respecto del viejo partido que gobernó el país en el siglo pasado. No obstante, al poco tiempo, esos políticos se vieron envueltos en enormes escándalos de corrupción, desde el presidente hasta los gobernadores.

Duarte fue uno de ellos y destacó entre todos en materia de corrupción mediante el uso de empresas fantasma y testaferros. Fue sentenciado por el desvío de 1.670 millones de pesos en septiembre de 2018. La condena que se le impuso comenzó a contar desde abril de 2017, fecha en que fue detenido y extraditado de Guatemala, adonde se fugó. Meses antes, Duarte había solicitado licencia a la gubernatura de Veracruz, 48 días antes de concluir su sexenio, asegurando que, así, se ponía a disposición de las autoridades ante las cada vez mayores presiones por los escándalos de corrupción en su Gobierno. Sin embargo, terminó huyendo al país centroamericano.

Años después, Duarte declaró ante la justicia que su renuncia anticipada al cargo y su fuga a Guatemala fue una petición del Ejecutivo de Peña Nieto, que, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le comunicó que se necesitaba en Veracruz una “transición tersa”, según recogió Animal Político. Los escándalos de Duarte habían golpeado muy duro la ya maltrecha reputación del Gobierno de Peña Nieto, sumido a su vez en graves escándalos de desvíos de recursos y corrupción a nivel federal. Para entonces ya se había revelado el conflicto de interés detrás de la “casa blanca” presidencial y el entramado de corrupción que posibilitó la adjudicación del contrato para el tren México-Querétaro, sin contar el caso Ayotzinapa y los rastros de complicidad de funcionarios públicos. En un intento de control de daños, el PRI expulsó a Duarte de sus filas, cosa testimonial, porque en el imaginario mexicano el exgobernador está inevitablemente asociado al partido más longevo del país.

La sentencia impuesta a Duarte en 2018, de nueve años de prisión y el pago de una multa de casi 59.000 pesos, además de la incautación de numerosas propiedades, no dimensionó, sin embargo, el tamaño real de los desvíos en Veracruz. Un reportaje de Animal Político y MCCI señaló el uso de una red de 400 empresas de papel para desviar 3.617 millones de pesos del erario de Veracruz. Según Milenio, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en el sexenio de Duarte se usaron de manera irregular más de 62.000 millones de pesos de fondos federales destinados a salud, educación, seguridad e infraestructura. Se trata del mayor saqueo a nivel estatal del que se tenga registro. No obstante, ni Duarte ni la cúpula política que le ayudó a esfumar monumentales cantidades de dinero han respondido por ello ante la justicia.

El exgobernador pidió salir antes de prisión porque, ha argumentado, todo este tiempo ha estado lejos de su familia, amén de su ejemplar rehabilitación. La esposa de Duarte, Karime Macías, que ha sido señalada como parte de la red de corrupción del político priista, ha vivido desde hace años en Londres. Hace más de ocho años, Duarte se declaró culpable para someterse a un proceso abreviado, pero ahora ha referido que aceptó su responsabilidad “por razones políticas”.

Mientras cumplía su sentencia por corrupción, el exgobernador enfrentó otra acusación por obstruir la investigación de un caso desaparición forzada, delito que creció durante su Administración con la participación de policías estatales. Sin embargo, un juez federal le exoneró de esta acusación en noviembre de 2024, lo que le despejó el camino solicitar su libertad anticipada. Esa exoneración fue impugnada por la Fiscalía de Veracruz y no se ha resuelto de fondo, lo que ha sido tomado como percha por Zamorano para su negativa. El sueño de prematura libertad de Duarte se ha frustrado.