La lenta agonía del Sistema Nacional Anticorrupción

El Gobierno de Enrique Peña Nieto es considerado uno de los más corruptos de la historia, al grado de que los escándalos se han vuelto epítome del priismo de aquella época: la Estafa Maestra, la Operación Safiro, la Casa Blanca, Odebrecht… Paradójicamente, en la Administración de Peña Nieto se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un andamiaje sin precedentes que prometía vincular a todas las autoridades que combaten ese delito y dar un rol central a la ciudadanía para supervisar el mecanismo. Con la llegada de Morena a la presidencia, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, el SNA está abandonado y en la obsolescencia. La gran corrupción persiste, como lo ejemplifican los casos del huachicol fiscal y Segalmex, lo mismo que la impunidad, debido a que una mínima cantidad de casos es juzgada por los tribunales.

El destino trágico del SNA está relacionado con la concepción que tiene Morena de la corrupción en la función pública. López Obrador creía que la desigualdad no era resultado del despojo del valor creado por el trabajador, sino de la corrupción de la clase política, que él llamaba “la mafia del poder”. Con eso hizo campaña y conquistó el Gobierno en 2018, en su tercer intento. Su solución al problema, sin embargo, era mesiánica, a decir de sus críticos. Decía que la corrupción es “como las escaleras” y “se barre de arriba para abajo”. “Si el presidente es honesto, los gobernadores serán honestos”, sostenía. El axioma no se cumplió. Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que más de 5.000 millones de pesos del presupuesto público se gastaron de manera irregular en el último año de su mandato.

Con López Obrador, se centralizó la investigación de la corrupción en el Ejecutivo, se acotó al INAI ―el órgano de acceso a la información pública— y se cerraron las puertas a la vigilancia ciudadana. El caso de Segalmex, que significó un quebranto de al menos 3.000 millones de pesos, es emblemático y muestra todos los fallos de la estrategia anticorrupción de los Gobiernos de Morena. La Fiscalía persiguió selectivamente a los responsables y dejó fuera de la investigación al titular de la dependencia, Ignacio Ovalle, un viejo amigo de López Obrador, a quien el expresidente defendió públicamente, convencido, sin pruebas, de su inocencia. A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción, creada con el impulso del SNA, ha dado carpetazo a más de mil expedientes y ha presentado ante los jueces solo el 3% de los casos, de acuerdo con Milenio. Al inicio de su Gobierno, Sheinbaum prometió crear una Agencia Federal Anticorrupción, una suerte de FBI con policías especializados en ese delito, que solo quedó en el papel.

El SNA, que reúne a representantes de varias instituciones, está colonizado por el oficialismo. Estos funcionarios han bloqueado los esfuerzos de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Vania Pérez, de impulsar la investigación de algunos casos emblemáticos de corrupción de los últimos sexenios del PRI y Morena. A principios de octubre, la abogada puso a consideración del comité la revisión de los desvíos por 187 millones de pesos en la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que dirigió la exatleta Ana Gabriela Guevara ―hoy política de Morena―; los contratos irregulares en la refinería de Salina Cruz, de Pemex, que involucran a una prima de López Obrador; los desvíos en Segalmex y en la Estafa Maestra, y los sobornos de la constructora Odebrecht a políticos de México.

En un primer momento, la propuesta de Pérez no avanzó porque el representante del Tribunal de Justicia Administrativa le dijo que “no era el momento político adecuado” para levantar polvaredas en torno a la corrupción gubernamental, según comparte la funcionaria en entrevista con este periódico. Semanas después, la iniciativa se desbloqueó. Sin embargo, las resistencias internas se volvieron a hacer patentes cuando Pérez publicó un comunicado en el que exigía a las autoridades investigar el patrimonio del influyente senador de Morena Adán Augusto López, envuelto en dudas por no corresponder con sus ingresos como funcionario. De inmediato, otra integrante del comité salió a desautorizar el comunicado y a acusar a su presidenta de “protagonismo”. “Ocurrió una captura muy importante del SNA. El sistema nació como una figura independiente del poder, el gobierno o el partido en turno; sin embargo, lo que terminó pasando a nivel nacional y estatal es que lo fueron capturando, se lo convirtió en un botín de las instituciones”, explica Pérez.

La funcionaria observa que México ha quedado desarmado frente a la corrupción, que “se ha transformado en una conducta de macrocriminalidad que trabaja de manera transnacional”. “A diferencia de otros países con un Estado de derecho fuerte, México no tiene los controles suficientes para atacar los casos de corrupción y, sobre todo, para corregir las condiciones que las generan mediante políticas públicas”, detalla. México ya acusa los estragos del desmantelamiento institucional. En febrero, Transparencia Internacional situó al país latinoamericano en el peor lugar de su historia en el Índice de Percepción de Corrupción, a la altura de Irak, Uganda o Nigeria.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, incide en que la investigación de un caso como el del huachicol fiscal, que avanzó relativamente pronto, responde al antiguo modelo presidencialista donde las instituciones se articulan en torno a los asuntos que le interesan políticamente al Ejecutivo. “Demuestra que el gran articulador del Sistema Anticorrupción es el presidente”, comenta. “Pero hay otras preocupaciones sociales que debería atender el SNA y que no son necesariamente las del Ejecutivo, preocupaciones que tienen que ver con derechos humanos o acceso a servicios públicos”, señala.

El académico coincide con Pérez en que el SNA permite afrontar las múltiples variables de la corrupción contemporánea, que no se queda en el nivel de la falta administrativa, sino que involucra lavado de dinero, delitos financieros y crimen organizado. “Ya no es solo que se robaron dinero del cajón”, ilustra. Combatir el delito, abunda, requiere de una mirada sistémica, nacional y coordinada, y no el trabajo individual de un auditor o un fiscal. Menos aún, la sola voluntad del presidente. “México ha perdido la capacidad de enfrentar redes macrocriminales, que son mucho más fuertes y donde la corrupción es solamente un factor de la operación de dichas redes”, observa. Es como renunciar a ver el bosque por mirar el árbol, la rama, la hoja.