Arturo Zaldívar, sobre la Ley de Amparo: “En este Gobierno no se avalan actos contrarios a la Constitución”

El exministro de la Suprema Corte y asesor en el gabinete de la presidenta, Arturo Zaldívar, ha acudido este viernes a la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum para poner fin al revuelo que ha causado la introducción por parte del Senado, a última hora, de una cláusula que no estaba prevista en la propuesta presidencial de reforma de la Ley de Amparo. El artículo, reinsertado mediante una reserva al dictamen después de que las comisiones lo hubieran descartado, establece que los asuntos en trámite continuarán su tramitación conforme a las disposiciones del nuevo decreto. Esta redacción sugiere una contradicción flagrante del artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad de las leyes, y ha encendido las alarmas entre los expertos. Zaldívar ha defendido la cláusula que, dice, no incurre en retroactividad al aplicarse a una ley procesal, como adelantó EL PAÍS con fuentes del Gobierno, pero ha solicitado a la Cámara de Diputados, que tomará el relevo en la corrección del texto, que la redacte mejor para que no dé lugar a dudas. “En este Gobierno no se impulsan ni avalan leyes ni actos contrarios a la Constitución. No hay cabida a la aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna”, ha asegurado, reafirmando el mensaje de la presidenta del día anterior.

“Quizá esta redacción no es la más adecuada, la más clara”, ha matizado, “pero vamos a ver cuál es la intención del legislador en este precepto”. La argumentación de Zaldívar parte de la idea, establecida por la jurisprudencia de la Suprema Corte, de que un proceso está conformado por diferentes etapas y “no se agotan en un solo acto”. “En las leyes procesales, como la de amparo, se aplican las leyes nuevas a los actos sucedidos con posterioridad a su entrada en vigor”, ha detallado. De esa forma, los actos terminados en las etapas anteriores, ha desarrollado, se mantendrán conforme a la normativa vigente en el momento en el que se resolvieron, mientras que los nuevos serán resueltos conforme a la nueva. “No se pueden modificar las suspensiones que ya se concedieron”, ha aclarado, despejando una de las principales preocupaciones entre los especialistas.

La propuesta de reforma a la Ley de Amparo ya había despertado multitud de recelos entre las organizaciones civiles y los juristas, que han visto en ella un intento de debilitar una figura que ha sido motivo de orgullo en México porque dota a la ciudadanía de un instrumento eficaz para defenderse de los abusos de autoridad. La iniciativa presidencial tocaba algunos aspectos delicados que afectaban al corazón de la figura, como la redefinición de quién puede alegar interés legítimo para presentar una demanda de amparo, la restricción de las suspensiones temporales de los actos reclamados en el juicio o la obligatoriedad o no de cumplir las sentencias condenatorias.

La Cámara Alta acogió a principios de semana varias audiencias públicas en las que diversos expertos pudieron plantear sus preocupaciones y propuestas de reforma. Las comisiones encargadas de redactar el dictamen final ―Justicia, Estudios legislativos y Hacienda— tomaron nota e incorporaron algunas de ellas. Aunque el resultado no satisfacía a los críticos, especialmente en lo que respecta a las suspensiones, el proyecto que iba a votarse el Senado el miércoles ajustaba, en opinión de los juristas, varios aspectos de la propuesta inicial que habían sido limados durante los trabajos legislativos, encabezados por el morenista y presidente de la Comisión de Justicia Javier Corral. La introducción de la cláusula de retroactividad dinamitó el debate sobre el resto de asuntos, que han pasado a un segundo plano a la espera de ver si se corregirá o no el precepto cuestionado por su inconstitucionalidad.

Sheinbaum ha sido muy clara en su deseo, que implica eliminarlo o redactarlo de tal forma que no quede atisbo de duda sobre su coherencia con lo dispuesto en la Carta magna. El jueves hizo un llamado disciplinador a la Cámara de Diputados que fue agarrado al vuelo por el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal. Apenas dos horas después de la intervención de la presidenta en su conferencia matutina, el diputado apuntó que, en su opinión, la redacción actual sí violaba el texto constitucional, y anticipaba una corrección muy cuidadosa por parte de los legisladores de la Cámara.