Edgar Veytia, ‘El Diablo’ desapareció

Nadie sabe dónde para Edgar Veytia, El Diablo, facilitador del horror en Nayarit, el Estado del Pacífico mexicano, bisagra entre Jalisco y Sinaloa, donde fue fiscal tantos años. Quizá su madre, Virgen Veytia, sepa; quizá lo sepa también algún agente de alguna corporación de seguridad de Estados Unidos, donde ha estado preso los últimos ocho años, por narcotráfico. Pero, fuera de ahí, El Diablo ha desaparecido de los radares. Debía salir de prisión este lunes, pero hace un mes que no aparece en custodia del Buró Federal de Prisiones. ¿Lo liberaron, lo tienen escondido? México se pregunta por uno de sus grandes villanos, que todavía debe enfrentar a la justicia al sur del río Bravo.

Símbolo de la trenza entre política y crimen en México, Veytia encarna los males del país, resumido estos días en un concepto, gobernanza criminal, que parece construido a la medida de aquel Nayarit que lo vio crecer, como delincuente y como funcionario. Entre 2011 y 2017, Veytia fue amo y señor del aparato de seguridad del Estado, al frente de la Fiscalía local y de la Policía Nayarit. Colaboró con una de las patas del Cartel de los Beltrán Leyva, Los Haches, hasta que los traicionó, en 2017. Trabajó igualmente con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Recibió sobornos, traficó con droga, torturó a sus víctimas, asesinó, secuestró, despojó… Y nadie hizo nada durante años.

Nacido en Tijuana en 1970, criado en San Diego, portador de la doble nacionalidad, Veytia ha sido fundamental en el trabajo de las agencias de seguridad de EE UU estos años. Detenido en San Diego en 2017 por narcotráfico, se declaró culpable en 2019. Recibió una condena de 20 años, que acabó reducida a ocho, rebaja que respondía a su colaboración con el Departamento de Justicia. Veytia declaró en el juicio contra Genaro García Luna, el zar de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), condenado a 38 años. El exfiscal ayudó igualmente en la acusación que construyó la agencia antidrogas de aquel país, la DEA, contra el jefe del Ejército mexicano durante los años de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos.

Esas colaboraciones marcan el presente del exfuncionario, también el de sus víctimas. “El actual fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, declaró que hay seis órdenes de aprehensión en contra de Veytia”, destaca Rodrigo González Barrios, portavoz de la Comisión de la Verdad de Nayarit, una organización que ha documentado y llevado ante la justicia casos de secuestro, tortura y despojo, supuestamente cometidos por Veytia y otros altos funcionarios de la época. Las órdenes de captura fueron trasladadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar el proceso de extradición, pero de momento no hay noticias al respecto. Preguntadas esta semana, ni la FGR ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han contestado sobre su estatus.

La extradición de Veytia no es una posibilidad remota. La justicia estadounidense ha entregado previamente a criminales buscados en México, que han cumplido su condena en el norte. Es el caso de Osiel Cárdenas, antiguo líder del Cartel del Golfo, que fue extraditado a México hace unas semanas, tras cumplir su condena en EE UU. González Barrios destaca el caso de funcionarios de la época de Veytia, compinchados con el fiscal, caso del gobernador entonces, Roberto Sandoval, del PRI, o del presidente de la mesa del Congreso, Carlos Saldate. “Están todos presos, menos Veytia, que no sabemos”, explica. “Sandoval tiene varios procesos abiertos, y Saldate tiene ya dos condenas, por casos en los que estuvo implicado Veytia, de secuestro y tortura”. En esos casos que menciona el activista, Saldate recibió penas de más de 100 años de prisión.

El caso del exfiscal rescata un debate que yace en el núcleo de la relación entre México y Estados Unidos, y la cooperación de ambos en materia de seguridad, a nivel operativo y de investigación. A pesar de los graves delitos por lo que se acusa a Veytia en México, la justicia de EE UU contemporiza y aguarda, confiada en las posibilidades de su testigo contra nuevos indiciados. A finales de febrero, por ejemplo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum extraditó al norte a uno de los antiguos líderes de Los Haches, Jesús Ricardo Patrón Sánchez, alias El H-3, líder del grupo, o lo que quedaba de él, tras los golpes que recibió en 2017, todavía con Veytia en el poder. Su llegada a Nueva York podría implicar el uso de Veytia como testigo, en un futuro juicio en su contra.

Este limbo en que se ampara Veytia resulta doloroso para sus víctimas. Sus casos han sido documentados en estos años, ya con el exfiscal detenido en EE UU, y varios de sus compinches recluidos en prisiones mexicanas. Más allá de casos concretos, se repite un patrón, la detención irregular de ciudadanos a los que Veytia y su equipo de policías detectaban, y que luego despojaban de propiedades o robaban dinero, bajo la amenaza de procesos penales en su contra. En esas situaciones, las víctimas eran retenidas ilegalmente, torturadas, coaccionadas… Era difícil enfrentarse a Veytia, contactado con los escalones más altos de la Armada, ahijado político del gobernador. Aun con toda su red fuera de juego, su poder continuó. Cuando empezaba el proceso de denuncias, González Barrios, vocero de las víctimas, sufrió dos atentados a balazos.

El caso Veytia, el volumen de información obtenida de sus declaraciones, de documentos judiciales de EE UU, de los testimonios de sus víctimas, etcétera, dibuja un caso de libro de gobernanza criminal. El exfiscal dirigió una red policías corruptos, amparada por el gobernador, ignorada –al menos ignorada– por las autoridades federales, que, además de delinquir, gestionó el trabajo de grupos delictivos. Llegó a acuerdos con ellos, les dejó hacer. Y cuando consideraba que alguno se pasaba de la raya, que mataba demasiado, que desaparecía a demasiadas personas, o que, simplemente, trataba de armar redes de protección fuera de su control, los eliminaba.

Así ocurrió, por ejemplo, con Los Haches. En febrero de 2017, Veytia y un grupo de élite de la Armada mataron a sus dos líderes del grupo en varios operativos en Tepic, además de otros de integrantes del grupo. Luego Los Haches fueron conocidos por su presunta relación con el general Cienfuegos, que habría fungido de padrino de la red criminal, en su empresa de trasiego de drogas. El caso contra Cienfuegos nunca prosperó, en gran parte por empeño del Gobierno mexicano, que forzó su traslado al sur del río Bravo, después de su detención en Los Angeles, en octubre de 2020. Pero siempre quedó la duda de su implicación en las actividades del grupo.

Tras cumplir su condena de ocho años, las víctimas mexicanas de Veytia quieren que rinda cuentas por los delitos que supuestamente cometió en el país. Según información que él mismo dio al FBI, su patrimonio es amplio. Empresario transportista en sus inicios, Veytia cuenta con 28 autobuses en propiedad, además de cinco a crédito, sus empresas llegaron a gestionar tres estaciones de camiones, cuatro grúas y un estacionamiento. Es propietario de oficinas en Tepic, tiene un negocio notarial, cortesía del exgobernador Sandoval y posee además un rancho ganadero. En total gestiona cinco propiedades en Nayarit, una al menos en Guadalajara y tres en San Diego. La justicia estadounidense llegó a estimar su fortuna en 250 millones de dólares.