Narcomenudeo, asesinatos y negligencias: los presuntos criminales que se colaron en la boleta judicial

Dos noticias brutales marcaron el inicio del 2024 en el Estado de Sonora. El 14 de enero, la joven Paula Josette Arizona, de 23 años, ingresaba en una cárcel de Hermosillo para hacer una visita conyugal a un preso, y tres horas después salía muerta del penal. No tenía permiso de entrada, pero el reo al que visitaba le aseguró que ya había pagado para que autorizaran el encuentro, y antes se vería con el comandante de la prisión. Esa fue la primera irregularidad de todas las que se sucederían en un caso que continúa sin resolverse. Cuatro días después, el 18 de enero, dos presos murieron y otros cuatro resultaron intoxicados en otra cárcel estatal, esta vez en Ciudad Obregón, en Cajeme, tras consumir un narcótico mezclado con fentanilo. No se sabe quién o cómo ingresaron las drogas al lugar. Todo ello ocurría bajo la supervisión del coordinador de las prisiones estatales, Nicollino Cangiamilla, hoy candidato a magistrado del quinto circuito de Sonora tras ser incluido en la lista de aspirantes del Poder Legislativo.

No es un caso aislado. En las últimas semanas, los ciudadanos se han puesto manos a la obra para revisar exhaustivamente las listas que los tres poderes han configurado para las elecciones del 1 de junio, en las que se renovará por voto popular la mitad del plantel judicial del país. El escrutinio de las organizaciones civiles está dejando en evidencia las fallas de un sistema de evaluaciones mal concebido desde un inicio y ejecutado después de forma laxa y poco responsable, según los expertos consultados. El resultado es un goteo de casos que, en el mejor escenario, cuestionan la idoneidad de los postulantes y, en el peor, revelan la inclusión en las listas de presuntos criminales.

En el caso de Cangiamilla, fue la mamá de Paula Josette quien dio la voz de alarma tras enterarse de su candidatura, de la que le avisaron unos amigos que trabajan en el Poder Judicial. “Se me revolvió el estómago, me dieron ganas de vomitar. Sentí mucha impotencia, frustración, enojo”, explica Briceida Arizona por teléfono. “Nicollino ha estado envuelto en una serie de situaciones que dejan mucho que desear como para que sea candidato a magistrado”, sintetiza la mujer, que hizo llegar su hallazgo al colectivo Ni una más Hermosillo, desde donde hacen oposición a la candidatura.

La plataforma Defensorxs, fundada por el abogado Miguel Alfonso Meza, ha reportado otros cuatro casos similares, todos contrastados con documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Jesús Humberto Padilla Briones, exdirector del departamento jurídico del Ayuntamiento de Los Ramones, en Nuevo León, fue detenido en 2023 por narcomenudeo de metanfetaminas y portación ilegal de armas de fuego. Hoy es candidato a juez del cuarto circuito de este Estado en materia penal, también aprobado por el Legislativo.

Fernando Escamilla Villareal fue detenido en 2016 por portar un arma de fuego sin licencia, y está vinculado a la defensa legal de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, líder del cártel de los Zetas, enviado a Estados Unidos la semana pasada junto a otros 28 narcos. Entre los crímenes que se le imputan está la masacre de 300 habitantes en Allende, Coahuila, y la tortura y asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. En una conferencia de prensa en la que se puede ver al candidato sentado con los abogados del capo, él mismo reconoce que años antes representó al narcotraficante Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, también integrante de los Zetas y extraditado al vecino del norte en 2023. Hoy es candidato a juez de distrito del cuarto circuito especializado en el sistema penal gracias a la validación del Poder Ejecutivo.

El tercer caso denunciado por la plataforma corresponde a Pablo Andrei Zamudio Díaz, que cuenta con un antecedente de extorsión del año pasado. Aunque después de hablar personalmente con él, Meza considera que su situación “tiene una explicación razonable”, Zamudio Díaz ya había reprobado dos veces las oposiciones para ser juez, lo que ilustra otro de los problemas que ha quedado patente en el proceso de evaluación y que el investigador jurídico de la UNAM Javier Martín Reyes resume así: “Ninguna de las personas que están hoy en la boleta a nivel federal presentó siquiera un examen general de conocimiento. Ni una”. Pero Zamudio Díaz es hoy candidato a magistrado del primer circuito de Ciudad de México en materia civil con la aprobación del Poder Legislativo.

El cuarto y último aspirante que ha reprobado la evaluación paralela es Sabas Santiago Ipiña, expolicía vinculado con el asesinato de los hijos de una antigua compañera, Rosalinda Ávalos, que consiguió que lo sacaran de la lista elaborada por el Congreso de San Luis Potosí al oír su nombre durante la sesión en la que realizaban la tómbola de la que saldrían los aspirantes finales.

Santiago Ipiña ya no podrá contender, pero los demás forman parte del listado definitivo que competirá en junio por alguno de los casi 900 cargos judiciales que estarán en juego. “No estoy seguro de que alguien dentro de los comités quisiera impulsar a estas personas. Es que simplemente no se hizo una revisión”, lamenta Meza. Su plataforma está analizando otras 17 denuncias específicas, aunque el objetivo es examinar el mayor número de perfiles posibles.

“Todo esto que estamos viendo ahora se pudo haber incorporado al proceso de evaluación”, considera el investigador de la UNAM. “Los comités pudieron haber dicho: sociedad civil, quiero que ustedes me ayuden y que me proporcionen información y les vamos a abrir espacios”, desarrolla. No se hizo, y los criterios de evaluación fueron insuficientes, imprecisos y dispares entre los tres comités.

“El Poder Judicial tenía la ruta más precisa, con un criterio basado en puntaje, información, trayectoria y exámenes, pero desafortunadamente renunció y ahí tuvimos uno de los problemas”, explica Josafat Cortez, de la misma universidad. Tras una paralización de sus labores por orden de un juzgado de distrito de Michoacán, el Tribunal Electoral finalmente facultó al Senado para sustituir a la Suprema Corte en la tarea. Con el tiempo encima, la Cámara terminó por elaborar la lista mediante una tómbola, eliminando los criterios que inicialmente iban a sentar las bases del proceso del comité del Judicial.

Ambos analistas concuerdan en que este contaba con los criterios más robustos, frente a los de los otros dos poderes, con requisitos que “rayan en lo ridículo”, en palabras de Martín Reyes, y que tienen su origen en el vacío legal que dejó la polémica reforma judicial. “La puerta primero la abrió el diseño institucional, y luego la discrecionalidad de los comités”, abunda Cortez.

Ahora, con el plazo de impugnaciones cerrado (apenas era de cuatro días desde la publicación de las listas), la única opción es promover a unos candidatos y disuadir a la población de votar a otros, una labor titánica y una batalla que se librará casi exclusivamente en la opinión pública. “Es un reto enorme. Hay perfiles muy buenos, otros malísimos, y otros donde ni siquiera sabemos quiénes son, qué han hecho y cuál es su trayectoria”, dice Javier Martín Reyes. “La ciudadanía no conoce a los candidatos”, incide el otro analista, “las ONGs, la propia ciudadanía y la academia tienen ahora la tarea de ubicar los mejores perfiles para permitir que la gente se oriente”.

En Defensorxs preparan un sitio web en el que la población podrá consultar quiénes son los candidatos y cuál es su historial. La labor de los próximos dos meses definirá gran parte del paisaje judicial del país de la próxima década, a la espera de culminar el proceso en 2027, con la renovación del resto de la judicatura. Entonces se abrirá una nueva oportunidad para enmendar los errores que han marcado el paso de estos comicios. Sin embargo, y por ahora, dice Martín Reyes, “seguiremos escuchando casos así, y habrá muchas cosas que desgraciadamente conoceremos después de la elección”.