La sombra de la corrupción se agranda sobre Cuauhtémoc Blanco

Morelos ha inaugurado la temporada de caza esta semana, con el exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, en el punto de mira. El Gobierno del Estado, encabezado por Margarita González, de Morena, presentaba hace unos días cuatro denuncias penales y dos administrativas, contra funcionarios de la Administración pasada, dirigida por Blanco, por presuntas irregularidades cometidas en el gasto de 40 millones de pesos del presupuesto estatal, alrededor de dos millones de dólares. Fuentes que ha consultado EL PAÍS y auditorías federales que este diario ha revisado indican que esas denuncias son solo la punta del iceberg de las corruptelas que habría cometido el Gobierno de Blanco.

De momento, el exfutbolista, ídolo nacional, controvertido como pocos, guarda silencio. En las elecciones de junio, obtuvo un curul en la Cámara de Diputados por Morena, mismo partido de Margarita González, formación que, con sus satélites, ha cobijado a Blanco estos años. El fuero protege a Blanco, también el partido, que ahora mismo se antoja como el principal obstáculo para que la justicia llame directamente a su puerta. Queda por ver qué intenciones tienen González y su equipo, si irán hasta arriba en la jerarquía de sus predecesores o si, por el contrario, evitarán apuntar a lo más alto.

“Me parece que no debe importar la persona o el rango”, opina Roberto Salinas, de la organización no gubernamental Morelos Rinde Cuentas. “Si se comprueba que hay corrupción, Morena debería ser coherente con sus principios, investigar y sancionar a los culpables”, señala. Algunos son poco optimistas. “No veo vocación política para llevar a Blanco ante los tribunales”, opina Gerardo Becerra, asesor anticorrupción durante los primeros meses de mandato del exfutbolista, reconvertido en su azote en los años siguientes. “Sería decepcionante que no ocurriera”, añade.

Los 40 millones presuntamente malversados de las últimas denuncias parecen poca cosa, a la luz del relato de Becerra y otras fuentes consultadas, y de los informes que ha realizado estos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre 2019 y 2023, años de Blanco en el Gobierno estatal, el ente fiscalizador señaló el gasto irregular de 3.269 millones de pesos, por parte de diferentes dependencias del Ejecutivo, principalmente la Secretaría de Hacienda, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, Servicios de Salud de Morelos, o la Comisión Estatal de Agua.

Pero ese monto podría ser incluso mayor. La ASF audita el uso que hacen los gobiernos estatales de los recursos federales. Así, hay parte del presupuesto que se sale de los caminos que vigila la dependencia. El caso del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo ilustra lo anterior. El fideicomiso gestiona, entre otros asuntos, la venta de predios junto al lago, uno de los principales atractivos turísticos del sur del Estado. La ASF no entra en sus actividades. En los últimos años, los señalamientos por irregularidades en el manejo del presupuesto han sido constantes. Y ahora, precisamente, parte de las denuncias que ha presentado el Gobierno de González tiene que ver con el lago.

“Es una institución muy opaca, no nos han dado información”, señala Roberto Salinas, respecto al fideicomiso. El experto denuncia que, desde finales de 2020, el Gobierno se ha negado en general a contestar sus solicitudes de información, vía la ley de transparencia. Pese a ello, la opinión del experto es clara. “La suma [de millones de pesos supuestamente malversados] debería de incrementarse [más allá de los 40 millones denunciados] en diferentes áreas de la Administración Pública. No hubo un ejercicio adecuado de los recursos”, defiende. Becerra es de la misma opinión. “Hay temas de corrupción gravísimos en compra de medicamentos y contratación de servicios médicos, en el fideicomiso de la laguna, en el presupuesto de construcción y rehabilitación de escuelas, en el Instituto de Educación Básica”, enumera.

Los informes de la ASF

El primer año de gobierno de Blanco, 2019, fue uno de los más problemáticos en la transparencia de las cuentas. Solo en ese periodo dejó un hueco en las finanzas de 2.200 millones de pesos, sobre los cuales no dio explicaciones. Al grueso de ese monto, unos 1.850 millones, se le perdió el rastro al llegar a las diferentes dependencias estatales, que no rindieron cuentas sobre el dinero. La ASF hace una lista de órganos que no informaron el destino de los fondos, entre los que se encuentran la Comisión Estatal del Agua, el Colegio de Educación Profesional Técnica o el Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Durante esos 12 meses, no justificaron cientos de gastos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados.

Obra pública, Educación y Salud son tres áreas que concentran enormes faltantes de dinero. Las auditorías sirven para pintar el panorama de cómo se manejaba la Administración de Blanco. El otorgamiento de contratos a empresas de manera directa era un factor común, como también lo era la adjudicación a compañías que no tenían experiencia en el sector o la inconclusión de construcciones que ya se habían pagado. En 2019, el órgano contralor detectó que Morelos había abonado 7,9 millones de pesos por cuatro obras supuestamente terminadas –un colector sanitario en Amayuca, un cruce de carretera en Jantetelco, un pozo de agua potable en Temixco y una cancha de fútbol 7 en Emiliano Zapata–, pero que no consiguieron entrar en operación.

En Salud, la compra de medicamentos presentó múltiples irregularidades. La Auditoría revisó una adquisición el primer año de Gobierno de medicinas y materiales de curación por 206 millones de pesos. El contralor federal no encontró ninguna evidencia de que esos insumos hayan sido recibidos en algún momento, aunque sí fueron pagados. En 2020, el año siguiente, la ASF detectó la falta de 52,8 millones de pesos en un programa creado para atender a quienes no tenían seguridad social, formado entre el Estado y el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La irregularidad más onerosa en este último caso fue el sobrecosto en el pago de los medicamentos.

Mientras que en Educación, por ejemplo, el Ejecutivo de Blanco recibió dinero a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa para pagar a los profesores y maestros en 2019. A pesar de que no utilizaron todo el presupuesto de ese año, no devolvieron el excedente a la Secretaría de Hacienda, como establece la ley. Una auditoría hecha a ese fondo detectó un desfalco de 28,2 millones de pesos por motivos como pagos a docentes que tenían licencias sin goce de sueldo o que ya habían muerto. El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en el primer año de operación de Blanco, dejó una cuenta en rojo de 16 millones de pesos por servicios de alimentos que no se pudo comprobar se habían brindado. En el segundo año, volvió a reportar el mismo faltante por el mismo problema.

La Secretaría de Hacienda le dio al Gobierno de Morelos, a través del extinto Fonden, unos 2.165 millones de pesos para que reconstruyera la infraestructura educativa del Estado que había sido dañada en el sismo de septiembre de 2017. De ese dinero, el Ejecutivo estatal destinó unos 110 millones a la rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec. Los trabajos consistían en volver a poner en pie tres aulas nuevas, el laboratorio de fisicoquímica, un tanque elevado, la biblioteca, el laboratorio de cómputo, un colector pluvial y sanitario y el laboratorio de idiomas. Cuando la Auditoría revisó las cuentas de esa obra, encontró un posible daño de 31 millones, un 34% del presupuesto que había sido asignado.

La reconstrucción comenzó antes de que Blanco llegara al cargo, pero su Administración fue responsable de terminar anticipadamente unos contratos que ya se habían pagado, para reasignarlos a otros proveedores. Tan solo ese movimiento le costó a la entidad unos 15,3 millones de pesos. Entre las irregularidades halladas por el órgano contralor, hay adjudicaciones directas sin fundamentar y participación de empresas que no tenían experiencia o habían sido creadas poco antes de recibir el contrato. El Gobierno estatal pagó insumos y servicios “muy por encima” de los precios del mercado, asegura la ASF, y algunos gastos los reportó duplicados, como si hubiese pagado dos veces por el mismo servicio.