El caso de la película ‘Familia de medianoche’ y la denuncia por violencia mediática que enfrenta a una mujer y su abogada con la industria del cine

Fue aclamado en cines de todo el mundo. Calificado por muchos como uno de los mejores documentales mexicanos que se estrenaron en 2019, y premiado por decenas de festivales nacionales e internacionales. Pero para una joven de entonces 18 años, una de las víctimas que son auxiliadas por la ambulancia de la familia Ochoa, el documental Familia de medianoche, del director estadounidense Luke Lorentzen, ha significado vivir algunos de los peores momentos de su vida. En 2018, esta mujer fue golpeada por su pareja, en las calles de Ciudad de México. Después de unos minutos fue auxiliada por una ambulancia y llevada al hospital para ser atendida, todo esto mientras era grabada por una cámara de video sin que antes o después del episodio se le informara que aparecería, un año más tarde, en las salas de cine de México y de otros 127 países. Ahora, ella y su abogada, Larissa Moreno, han demandado al director y a varias otras personas de la industria del cine implicadas en el documental, por violencia mediática.

El de esta joven —ha pedido no ser citada por su nombre— es uno de los primeros testimonios que aparecen en el documental Familia de medianoche, estrenado en México en enero de 2019. Durante los más de siete minutos que dura su aparición, se le ve atravesar por un momento traumático. Su nariz sangra y pese al episodio de violencia que acaba de experimentar, se muestra preocupada por el costo de la atención que está recibiendo. Aunque su rostro no se ve claramente en las tomas que le hace una cámara —que la graba a sus espaldas— dentro de la ambulancia, su voz es reconocible y fácilmente identificable. Además, una de las tomas usadas incluso para algunos de los promocionales del documental, muestra el momento en el que ella levanta su brazo izquierdo en el que se aprecia un tatuaje manchado por la sangre que intenta limpiarse mientras está acostada sobre una camilla.

Esas características personales hicieron que algunos familiares y amigos la reconocieran en las salas de cine en donde se proyectó el documental y después, en las diversas plataformas de películas: “Sufrí ataques de pánico, ansiedad, coraje, frustración, me sentí demasiado vulnerable por haber sido exhibida después de ser violentada”, dice en su declaración, contenida en la carpeta judicial que ha abierto, junto con su abogada, Larissa Moreno, para solicitar medidas de protección tras considerar que sufrió violencia mediática al ser grabada en el estado en el que se encontraba, y sin que le hubieran notificado que el material sería exhibido en una película.

Moreno, abogada penalista a quien le llegó este testimonio en 2020, ha logrado, después de un largo litigio, que esas medidas de protección le fueran otorgadas. Una decisión histórica, pues, además de ser una de las primeras sentencias en dar la razón a la víctima por violencia mediática, también obligó a plataformas como Netflix, Apple TV+, Prime o Google, y a páginas de festivales como el Ambulante, para que quitaran el largometraje de sus transmisiones: “A ella la graban adentro de una ambulancia después de que su novio la había golpeado. La suben, pero nunca le avisan ni de que está en un set de filmación [que forma parte de un rodaje], ni que va a ser filmada. Lo que a mí me intriga saber es cómo lograron pasar ese primer filtro de la Secretaría de Gobernación sobre los permisos de las personas que aparecen ahí, porque ella sale más de siete minutos, sale contestando ciertas preguntas, se alcanza a ver toda ella desde antes de que la ingresen porque ya la estaban grabando”, cuenta la abogada.

La primera demanda que interpuso Moreno en contra de la producción fue por daños y perjuicios, pero luego, se dio cuenta de que la película había sido nominada y había ganado varios premios en festivales de cine (recibió el Gran premio del Jurado en Sundance —uno de los más importantes en Estados Unidos—). Entonces decidió indagar todavía más y no desistir en todos los delitos que se habían cometido, pues la violencia mediática, aunque ha sido reconocida en este caso, no está tipificada.

La productora y directora mexicana Andrea Quiroz, consultada sobre su trabajo cinematográfico y su experiencia a la hora de grabar ficción y no ficción, ha explicado que tener los permisos y los consentimientos de las personas que participan en un rodaje es una cuestión básica. “En una producción de ficción lo que haces es siempre tener autorización de la imagen de cualquier persona que aparezca frente a cámara. En el caso del documental los estás grabando frente a cámara, no están interpretando un personaje, pero están dando su testimonio”, explica. Quiroz asegura que esta forma de solicitar autorización para el uso de la imagen de cualquier persona es una forma de protegerlas, pero también de cuidar su propio trabajo.

Violencia mediática

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia establece que la violencia mediática es un delito que se castiga con medidas de protección y sanciones. Es descrita como “todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida”.

En un primer momento, las medidas de protección solicitadas por la abogada Larissa Moreno fueron en contra de varias personas: desde el director, productores, distribuidoras y salas, y también contra el exnovio de su representada. La justicia le dio la razón y las otorgó, pero únicamente en contra de la expareja de la joven. Tuvo que pasar más tiempo y que hubiera un amparo de por medio, para que las medidas aplicaran también a las plataformas, que se vieron obligadas a quitar el material. Aunque, hasta el momento en el que se publica este texto, la plataforma de Apple TV+ —que ha producido y lanzado en 2024 una ficción del mismo nombre basada en el documental de Lorentzen— todavía tiene el contenido disponible para su compra y descarga, por 49 pesos mexicanos (poco más de dos dólares).

Documental, periodismo o ficción

La producción Familia de medianoche está catalogada como documental. Según los estatutos del festival Sundance, del que también recibió financiamiento, según se lee en los créditos finales, dice en su apartado 2.4 sobre filmaciones encubiertas: “El registro encubierto de una conversación o situación se considera una invasión ilegal de la privacidad y utilizar este registro ilegalmente puede llevar a un proceso penal. Cuando se usa una grabación encubierta dentro de un contexto periodístico, es necesario apegarse a las leyes locales, que esta grabación se justifique editorialmente, pues sirve a un interés público y que se considere justa su divulgación. Trabajar con un abogado para asegurar que la filmación encubierta se haga de una forma legal ayudará a mitigar riesgos legales innecesarios”.

Para Moreno, este caso es un intento de “restitución de la dignidad” de su representada, pero también de ella. Asegura que durante estos años no ha recibido más que muestras de desinterés por parte de las personas señaladas, en un intento aparente de que todo quede en el olvido. “[Desde que esto comenzó] todo el mundo la pone en duda, incluso a mí me ponen en duda como abogada [...] Me llama la atención que nadie se lo haya cuestionado. Quiero decir ¿cómo tienes a un grupo de privilegiados vanagloriándose, generando lucro, porque ahora sale la serie, y para que tú vendas una serie con ese mismo nombre, tienes que haber dado los derechos”, dice. “Este caso es tan abyecto, tan cruel, que no sé en qué momento nadie se lo cuestionó”.

Revictimización

La víctima de este caso, y única demandante, desea que esto quede pronto —también para ella— en el pasado. Pero también le interesa que no se siga lucrando con su caso y que siente un precedente, lo que su abogada está haciendo para levantar la voz y denunciar la cadena de violaciones hacia su persona que no ha dejado de sufrir. Esta joven ha recibido, a partir de aquel 2020, acompañamiento psicológico y se ha mantenido al margen y fuera del ojo público.

La nueva serie del mismo nombre, basada en el documental, cuenta con una producción que incluye la chilena Fábula (fundada por Pablo y Juan de Dios Larraín) y la multinacional británica Fremantle. Es dirigida por Natalia Beristain, Gibrán Portela y Gabriel Ripstein. La nueva producción muestra en su primer capítulo una versión “ficcionada” de lo que la joven ha denunciado desde hace ya cuatro años, sin que, al parecer, su demanda, signifique algo para los implicados y para gran parte de la industria cinematográfica mexicana que parece mirar hacia otro lado cuando el caso se pone sobre la mesa.

Hasta el momento de la publicación de este texto, ni el director Luke Lorentzen, ni las productoras de la entonces empresa No ficción, y tampoco los representantes legales del largometraje, han respondido a las solicitudes de este periódico.