Operación Enjambre: el primer golpe de Sheinbaum contra la colmena de la corrupción en México

La alcaldesa y el jefe de la Policía de Amanalco, el esposo de la presidenta municipal de Tonatico, mandos policiales de Ixtapaluca, Naucalpan y Tejupilco, y un oficial de Texcaltitlán que se suicidó para evitar ser capturado. Ellos son los protagonistas de la Operación Enjambre, la primera redada del Gobierno de Claudia Sheinbaum contra una red de funcionarios corruptos en el Estado de México acusados de colaborar con la delincuencia y de estar involucrados en asesinatos, secuestros y extorsiones. “No habrá protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, afirmó la presidenta en su conferencia de prensa de este lunes. Las detenciones fueron anunciadas por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, para mandar el mensaje de que la corrupción no será tolerada y pedir un voto de confianza para la estrategia gubernamental contra el crimen, anclada en fortalecer las labores de inteligencia y la coordinación entre autoridades. El golpe judicial y mediático contra la colmena llegó también en un momento álgido de la crisis de violencia en el país, uno de los principales frentes abiertos en el arranque del nuevo Gobierno.

Los involucrados

La Operación Enjambre puso en la mira a siete funcionarios en activo, que cayeron después de que la Fiscalía estatal les siguiera la pista durante meses por sus vínculos y los anillos de protección que brindaban al crimen organizado. Los arrestos se dieron el viernes, uno tras otro, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad de Harfuch, el hombre a quien Sheinbaum ha encomendado la pacificación del país. El despliegue incluyó más de 1.500 elementos de las distintas corporaciones.

La primera captura que anunciaron las autoridades ministeriales fue la de Rodolfo Chávez, director de Seguridad de Ixtapaluca, un municipio conurbado a Ciudad de México. Chávez recibió prisión preventiva por extorsionar a un comerciante y exigirle, pistola en mano, el pago de 5.000 pesos (250 dólares) para permitirle vender sus productos en un mercado local. Roberto Malpica, otro mando policial del municipio, también fue detenido por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Chávez, además, ha sido señalado por sus rivales de nepotismo y de tener vínculos familiares con el presidente municipal, Felipe Arvizu, de acuerdo con el diario La Jornada. El alcalde, miembro de Morena, el partido gobernante, se dijo sorprendido y dispuesto a colaborar en las investigaciones.

Sin embargo, la detención de María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco, fue la de mayor impacto mediático. La presidenta municipal es acusada de ordenar el asesinato de otro funcionario del Ayuntamiento, el síndico Miguel Ángel Lara, en enero. Martínez Robles dio el salto del opositor Movimiento Ciudadano (MC) a Morena poco después de las elecciones y Lara, su antiguo compañero de militancia, la acusó de imponer a cargos en el directorio municipal de su nuevo partido, a pesar de que había ganado bajo las siglas de MC. En una audiencia este fin de semana, la política fue acusada de tener vínculos con La Familia Michoacana y de entregarles sobornos de forma recurrente.

El Fresa, un capo ligado a ese grupo criminal, intentó apagar el conflicto entre ambos funcionarios para evitar que Amanalco, un municipio cercano a la zona turística de Valle de Bravo, recibiera demasiada atención y se comprometieran las entregas de dinero público al grupo criminal. El juez ordenó que la edil permaneciera presa por el delito de homicidio calificado en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. El director local de Seguridad, Manuel Alejandro Rangel, también fue capturado por este caso.

El esposo de la alcaldesa panista de Tonatico, Ellery Guadalupe Figueroa, también fue acusado de tener nexos con la Familia Michoacana. Figueroa ocupaba la dirección del DIF local (un cargo gubernamental que tradicionalmente se asigna a los cónyuges de los gobernantes) y es señalado de pedir a un vendedor que entregara el 10% de sus ganancias al grupo criminal para seguir con su negocio. “Con la Familia Michoacana no se juega o vas a valer madre”, dijo supuestamente el funcionario tras ordenar que el comerciante fuera “levantado” y extorsionado por policías locales, de acuerdo con los recuentos de su audiencia.

El resto de los funcionarios detenidos eran mandos policiales de otros municipios: Eraclio Campuzano de Tejupilco y Omar Leyva, subdirector de Seguridad en Naucalpan. Leyva fue señalado por el alcalde electo, Isaac Montoya, de ser uno de los principales factores de que no bajara la delincuencia en el municipio, uno de los más poblados en la zona metropolitana de Ciudad de México, y de abrir las puertas de la Policía a criminales. La nueva Administración ha prometido una “purga” para cortar los lazos entre criminales y uniformados. Tanto Leyva como Campuzano son acusados de extorsión, aunque aún no se revelan detalles específicos de sus casos y sólo se ha precisado que participaron en “diversos ilícitos”.

La Operación Enjambre también dejó escenas dramáticas. El director de Seguridad de Texcaltitlán, Isidro Cortés, se suicidó con su pistola, antes de que fuera desarmado por los agentes que le leían su hoja de cargos. “Se disparó, se disparó”, se escuchaba en un video que se filtró. Texcaltitlán saltó a los titulares de los medios nacionales en diciembre del año pasado, tras la masacre de al menos 14 personas y la desaparición de una decena más en medio de un enfrentamiento entre miembros de la Familia Michoacana y campesinos hartos de la inseguridad. Cortés iba a ser imputado de secuestro. Sheinbaum lamentó lo sucedido. Ese mismo viernes se dieron a conocer otras detenciones como la de Alejandro Benítez Palacios El Cholo, vinculado al caso Ayotzinapa.

Los mensajes

“Aquí hay investigación e inteligencia”, declaró la presidenta en La Mañanera. Se trata de dos de los cuatro ejes que anunció como parte de su estrategia de seguridad, que también incluye la atención a las causas sociales como medida preventiva y la coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Harfuch señaló que esta es apenas una primera ronda de detenciones y que hay por lo menos otras siete órdenes de captura que faltan por cumplimentarse.

“Es una advertencia muy necesaria a alcaldes de todo el país que han colaborado con el crimen organizado”, señala David Saucedo, un especialista en Seguridad que ha sido crítico con el actual Gobierno, pero que considera que la Operación Enjambre es un avance importante. “Son apenas los primeros pasos”, matiza. Saucedo señala que el operativo destapa un secreto a voces ―los vínculos entre criminales y autoridades― y debe ser replicado en zonas del país azotadas por la violencia, así como ir por blancos que estén más arriba en la jerarquía política, como gobernadores. “La narcopolítica echó raíces en los municipios, pero no se termina ahí”, asegura.

La falta de acciones judiciales contra la impunidad y corrupción de funcionarios en activo ha hecho correr la versión de que la Operación Enjambre “no tiene precedentes”, pero sí los tiene. Apenas en septiembre pasado, por ejemplo, fueron capturados Eulises González, jefe policial de Acambay, por el delito de extorsión y señalado de tener vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de Luis Ángel N y Juan N (se omiten sus apellidos), comisarios de Tlatlaya y de Coatepec Harinas, ligados a la Familia Michoacana.

Todos eran funcionarios municipales del Estado de México, como sucedió dos meses después con el último ataque a la colmena, y ya hay al menos una docena de mandos policiales en esa entidad con causas abiertas ante la justicia. La diferencia es que esta última ronda de detenciones se anunció desde la tribuna presidencial, en un momento en que la inseguridad ha dejado un alcalde decapitado en Guerrero, la explosión de dos coches bomba en Guanajuato y masacres como la del bar Los Cantaritos en Querétaro durante las primeras semanas del Gobierno de Sheinbaum. Algunos sectores lo interpretan como una respuesta directa a las críticas por la ola de violencia y a los mensajes que ha mandado la delincuencia al ejercerla. Harfuch, antiguo jefe de la Policía de la capital, es un alto funcionario que no teme a los reflectores y que tiene amplia experiencia en capitalizarlos para contrarrestar la narrativa de que el crimen “está desbordado” y de que la actual estrategia “no funciona”.

Las detenciones ponen en la mira los vínculos de distintas organizaciones criminales ―ahora la Familia Michoacana, antes el CJNG― y salpican a funcionarios de Morena, como en Amanalco, y de la oposición, como en Tonatico. Manda, por lo tanto, un mensaje de cero tolerancia y cero impunidad frente a la corrupción, uno de los temas que han alimentado las presiones de Estados Unidos en Seguridad, reseña Saucedo. Ese contubernio quedó evidenciado en el juicio contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, sentenciado a 38 años de prisión en Nueva York por colaborar con el Cartel de Sinaloa.

En los hechos, el principal reto de la última ofensiva de Sheinbaum y Harfuch remite a otro “megaoperativo” contra funcionarios corruptos, realizado precisamente durante la Administración de Calderón, en 2009. El episodio se conoció como el Michoacanazo e implicó órdenes de captura contra 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez en Michoacán, vecino del Estado de México y uno de los focos rojos de la violencia. A pesar de que recibió gran publicidad y de que puso en la mira tanto a políticos oficialistas como opositores, la ofensiva se desinfló en los tribunales y todos los alcaldes involucrados salieron libres. La prueba del ácido para la Operación Enjambre es que la colmena no escape en los tribunales. “¿Qué se hace? Lo que no se hacía en las épocas de Calderón y la guerra contra el narco: se judicializa”, afirmó la presidenta.