La complicada misión de llevar la reforma judicial a tribunales internacionales

La batalla de los jueces para frenar la reforma que altera su carrera profesional no ha visto su fin. La resolución de la Suprema Corte mexicana, que ha dejado intacta la enmienda y con ello la elección de jueces, magistrados y ministros por votación popular, no es la última trinchera. El camino jurídico en México es largo, aunque con pocas posibilidades de obtener un resultado distinto. La Corte aún deberá resolver las controversias constitucionales y recursos de amparo antes de dar carpetazo al asunto. En paralelo, los juzgadores han iniciado la complicada misión de llevar la enmienda a tribunales internacionales. Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), ha conseguido, junto con un puñado de representantes de otros sectores judiciales, una audiencia este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. En el encuentro público, los interesados fundamentarán sus argumentos en dos ejes: la independencia judicial, los derechos de los ciudadanos y los laborales de los cientos de jueces y magistrados que han sido destituidos de sus cargos para someterlos a voto popular.

En una primera instancia, será la comisión la que se encargará de analizar e investigar la controversia. Posteriormente y en caso de avanzar, sería la Corte interamericana la que podría llegar a ordenar al Estado mexicano frenar los efectos de la reforma. Los juzgadores mantienen la esperanza, entre otras cosas, porque existe antecedente de casos similares en América Latina que han tenido éxito. “Otros jueces y magistrados han acudido a la Corte interamericana a impugnar los actos de su Estado, por ejemplo Perú. Hay una clara expectativa de que tras el diálogo con la comisión pudiéramos establecer un punto de acuerdo con el Estado mexicano. Puede pasar un buen tiempo, sí, cinco, siete, diez años. Pero hay precedentes de reparación integral, algo que se impondría al Estado mexicano a favor de los jueces y magistrados que estamos siendo destituidos de esa forma”, explica Fuentes.

Los juzgadores no han quitado el dedo del renglón para que los recursos jurídicos que aún faltan en México lleguen a buen puerto, pese a la votación del martes que les cayó como balde de agua helada. El ministro Alberto Pérez Dayán, con su voto en contra, sepultó la primera y más fuerte esperanza de matizar la elección judicial y suspender una buena parte de la reforma. “Tenemos pendientes las controversias constitucionales, lo que resolvimos el martes fueron acciones de inconstitucionalidad que promovieron los partidos. Sin embargo, debo ser muy franco y no despertar falsas expectativas”, dijo el ministro Javier Laynez Potisek en una entrevista transmitida en Milenio. La última batalla se encamina a que sea en tribunales fuera del país, coincide. “Quedan, en lo individual o de manera colectiva, acciones que podemos interponer a nivel internacional. Los jueces y magistrados lo hicieron desde hace meses ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A la audiencia de este martes, además de la directora de la JUFED, también asisten Rosa Elena Alonzo, en representación del Colegio de Secretarios y Actuarios; Víctor Manuel Rodríguez, del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, así como un representante del Estado, de nombre aún desconocido. Las cartas que los jueces han preparado para exponer ante la Corte interamericana son dos: “La independencia judicial como un derecho humano no solo de los juzgadores, sino de la ciudadanía, afectada al establecer la elección popular para los jueces y magistrados. Por otro lado, los derechos adquiridos que tenemos de que no se nos destituya”, añade Fuentes.

La audiencia será el primer paso de un largo camino. Queda un largo proceso para llegar a la Corte Interamericana. “De prevalecer la violación y si no hay conciliación o una plática que lleve a minimizar el daño a jueces y magistrados, entonces se abre la puerta para promover ante la Corte interamericana las acciones jurídicas, el equivalente a una demanda”, explica la jueza, una de las voces más activas en defensa de los derechos de los impartidores de justicia.

Adriana Greaves, experta en Derecho Internacional y cofundadora de Tojil, organización sin fines de lucro integrada, en su mayoría, por abogadas contra la impunidad, reconoce que la audiencia ya es por sí sola importante. “Tienen un pie dentro”, pero es apenas el inicio de un proceso que dependerá de múltiples factores para que pueda tener repercusiones en favor de los afectados. “Va a depender mucho de cómo sea planteada la petición. Lo que sí puedo adelantar es que los efectos de cumplimiento van a ser muy complicados”, refiere.

A la esperanza de los jueces se suman los antecedentes, la Corte Interamericana ya se ha pronunciado respecto a esta reforma judicial y no en los mejores términos. En septiembre manifestó su “grave preocupación” por la aprobación de la enmienda, sus argumentos se han encaminado a los posibles impactos negativos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho. “Ya tienen una audiencia pública, es un gran camino y lo hicieron de manera muy expedita, se ve que sí hay interés de la comisión por escuchar en dónde puede estar la violación a los derechos humanos. Tienen un pie dentro”, concluye Greaves.