La trama criminal de El Mayo enfrenta a la Fiscalía con el Poder Judicial

La polémica alrededor de la captura de Ismael El Mayo Zambada ha puesto en curso de colisión a la Fiscalía General de la República (FGR) y a integrantes del Poder Judicial. Tras un mes de silencio, el Ministerio Público Federal publicó nuevos hallazgos de la investigación para esclarecer lo que sucedió en territorio mexicano antes de que El Mayo fuera detenido en Estados Unidos y sobre el montaje de la Fiscalía de Sinaloa tras el asesinato de Héctor Cuén, un influyente político local. Las últimas revelaciones no sólo incomodaron a las autoridades estatales. El colectivo Artículo 41, compuesto por 1.500 jueces y magistrados federales, acusó a la FGR de faltar a la verdad, al asegurar que un juez federal de Culiacán obstaculizó las órdenes de captura para que avanzara el caso y comenzara el reparto de responsabilidades. “No se corresponde con la realidad”, acusó la representación del grupo en ese Estado del país y afirmó que fue la propia Fiscalía quien desistió de la orden de captura. La FGR dobló la apuesta y volvió a culpar al juzgador. En un giro inesperado, la reforma judicial se ha atravesado con la trama criminal de El Mayo.

El Centro Justicia Federal en Sinaloa, parte del colectivo de jueces que ha decidido dar la pelea contra la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador en los tribunales, sembró dudas alrededor de las afirmaciones que presentó con contundencia la FGR el pasado fin de semana. El grupo acusó a los fiscales de “múltiples inconsistencias probatorias” durante su exposición de hechos en un tribunal federal. Dijo que el juez a cargo del caso declaró la audiencia “sin materia”, después de que los representantes ministeriales decidieran por sí mismos, según esta versión, retirar las órdenes de captura para “perfeccionar” y “mejorar” la causa. También afirmó que el rastro de sangre que se encontró en la finca donde El Mayo fue secuestrado según las autoridades mexicanas, la prueba material más convincente que se ha presentado para colocar a Cuén en la escena del crimen, “no son coincidentes” con los restos hemáticos del político asesinado.

La respuesta de la FGR fue mucho más concisa. Defendió su decisión de señalar a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo detenido junto a El Mayo en Nuevo México, como el principal sospechoso del secuestro. Citó la transcripción del juicio, en la que se advierte de que el juez solicitó que la orden de captura fuera emitida por un juez de un penal de máxima seguridad para tomar precauciones frente a la ola de violencia que azota a Sinaloa. Afirmó, finalmente, que los rastros de sangre de Cuén presentados en aquella audiencia de mediados de septiembre ya no son los únicos indicios que se tienen, y que peritos habían logrado identificar otros restos que arrojan “la coincidencia indudable del perfil genético” de la víctima.

El conflicto, sin embargo, no es nuevo. Las instituciones de procuración de justicia (las fiscalías) y las de impartición de justicia (los tribunales) se han culpado durante años por el atolladero legal que persiste en México y la impunidad que prevalece en el país. Los fiscales afirman que los jueces son corruptos, obstaculizan las investigaciones y dejan en libertad a los criminales, echando por tierra su trabajo. Los juzgadores aseguran, en cambio, que las pesquisas son deficientes, los casos se construyen al vapor y que la incompetencia de los agentes ministeriales no les dejan otra opción más que fallar a favor de los acusados. Sólo el 4% de las indagatorias de la FGR avanza en los tribunales, de acuerdo con un estudio de México Evalúa publicado el año pasado.

El cuello de botella ha colmado la paciencia del Gobierno federal y de la FGR, sobre todo cuando están bajo la presión de casos de alto perfil. La batalla judicial contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos imputado por la trama corrupta de Odebrecht, fue paradigmática. Bajo la bandera de acabar con la corrupción, Lozoya pasó de ser una suerte testigo estrella a blanco número uno de la justicia mexicana. Pero cuando la Fiscalía empezó a acumular derrotas en los tribunales anunció que iba a presentar cargos contra los jueces involucrados. La propia reforma judicial es otro caso. Ante los recursos legales de los jueces inconformes, miembros del bloque oficialista han amagado con llevarlos ante la justicia. “¿Por qué no hacen una investigación en Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sobre los amparos que violan la Constitución o sobre las liberaciones de delincuentes?”, reprochó este martes Claudia Sheinbaum tras las burlas sobre la reforma en un evento de esa universidad. Defenestrados de sus cargos, los jueces, que normalmente no respondían públicamente, anunciaron conferencias de prensa diarias.

La polémica alrededor de la reforma judicial alcanzó el caso de El Mayo, más allá del último cruce de acusaciones. La enmienda fue cuestionada por la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros, tras el diagnóstico oficialista de que el Poder Judicial es “corrupto” y está sometido a “intereses oligárquicos”. Pero dejó fuera a las instituciones de procuración de justicia: reconfiguró los tribunales, pero no tocó a las fiscalías. Sheinbaum se ha comprometido a impulsar también cambios legales en el ministerio público, pero tiene en fila una batería de reformas impulsadas, sus críticos dirán impuestas, por López Obrador. El descrédito al sistema judicial es palpable a partes de iguales: sólo el 47,7% de los mexicanos cree que la FGR es efectiva y un 47,3% dice lo mismo de los jueces, según datos oficiales. Los ministerios públicos, las agencias de investigación y las policías corren la misma suerte. También son reprobados por la ciudadanía.

El caso de México sobre El Mayo puede parecer una causa restringida a lo simbólico. Los grandes juicios contra los narcos mexicanos se siguen librando en las cortes de Estados Unidos. Zambada ya navega por el sistema judicial estadounidense, al igual que los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán. Sin embargo, ante el silencio de Estados Unidos sobre lo que sucedió el pasado 25 de julio, la FGR recibió una nueva oportunidad de probar que podía dar respuestas a los mexicanos. Desmontó la versión oficial sobre el asesinato de Cuén, expuso los errores de la Fiscalía estatal, hizo públicos los avances del caso y presionó a sus contrapartes estadounidenses para obtener la información necesaria. En medio del escándalo ha mandado señales de diligencia.

La Fiscalía, sin embargo, va contra sus propias estadísticas, su saturación de trabajo, su falta de entendimiento con los jueces y su récord de impunidad. Con nuevas piezas en el rompecabezas, el relato colectivo arroja luz poco a poco sobre los innumerables puntos ciegos del caso. Más allá de Los Chapitos, la prueba de fuego será llevar ante la justicia a los responsables. La Fiscalía anunció que citará a policías, peritos y funcionarios. Sea por los jueces o por ellos mismos, ninguna orden de aprehensión se ha cumplimentado después de casi tres meses. En medio de la incertidumbre por la refundación del Poder Judicial, está por verse si la FGR logrará que sean condenados en un tribunal de México. Lo que no pasó con El Chapo ni con Genaro García Luna ni con El Menchito ni con El Nini, por citar algunos casos.