Grupos feministas de Jalisco denuncian que agresores vicarios se cambian el género como fraude legal

Grupos feministas de Jalisco denuncian que agresores vicarios, hombres que no pagan manutención alimenticia o que están acusados de violación y maltrato a sus hijos, están usando una treta para evadir la ley. En concreto, están acudiendo a las oficinas del registro civil para cambiarse el género. La veta es la aprobación este mismo año de la Reforma en Violencia Vicaria, que establece que las agresiones son exclusivamente de hombres a mujeres. Existe incluso una asociación, No más hijos rehenes, que han promovido en lo que va de año casi 40 solicitudes de cambio de género. Es para “ser tratados con menor discriminación”, afirma por teléfono Anuar Reza, de 41 años, uno de los miembros que dice haber realizado ya el cambio de género. Antes las acusaciones de fraude por parte de los grupos feministas responde: “Sí, es una de las estrategias. Pero los beneficios no están probados”, resuelve Reza y justifica que “en el 80% de los casos de juicio de convivencia es garantía que si eres hombre ya eres culpable”.

Jalisco, a diferencia de muchos otros Estados del país, facilitó el trámite de modificación de datos de nombre y género en el acta de nacimiento tras la aprobación de la Ley de Identidad Trans, en 2020. Andrés Treviño (Guadalajara, 31 años) fue el redactor de la ley como el entonces director de Diversidad Sexual en el Gobierno de Jalisco. Tras los avances y aprobación de la Reforma en Violencia Vicaria, Treviño se reunió con algunos grupos feministas porque sabía que este trámite, que en algunos municipios es gratuito, podría traer problemas. “Era un error suponer que esta agresión sólo se comete de un hombre a una mujer”, dice a propósito del detalle de la reforma al que se están agarrando los presuntos defraudadores.

De todas las voces salen palabras de indignación, pero desde trincheras distintas. Renata Villareal, fundadora de Marea Verde, dice que “prefieren hacer todo, antes que cumplir con sus obligaciones”. La activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez denuncia que esto es un fraude procesal. “Hay mucho soborno. ¡Están siendo tramposos y no hay sanciones!”. Luz es una de las impulsoras de Ley Sabina, una reforma que busca garantizar que los deudores alimentarios cubran con la obligación de satisfacer las necesidades de sus hijo. En caso de no hacerlo, no podrán tramitar pasaporte, licencia de conducir ni acceder a un cargo público, por ejemplo.

Reza, el hombre que ya ha formalizado el cambio de género, no está muy interesado en hablar de ello. “Esa es sólo una de las formas. Hay que ir al fondo del problema”. Según su opinión, no se respeta la presunción de inocencia en el caso de los padres acusados de violencia vicaria. Habla de las “versiones falsas “que tejen los abogados”.

Las voces del feminismo que están denunciando esta treta legal coinciden en que era previsible que eso pasara y piden ajustar la Ley de Identidad Trans para que no quepan estas lagunas que dan pie a los fraudes. Treviño por su poarte defiende que esto “es lo que pasa cuando se mete un tema trans a la ecuación. El sensacionalismo genera confusión, desinformación y machismo”. Señala que el congreso tendrá que cambiar la Reforma de Violencia Vicaria.

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