Del escepticismo al Supremo de Estados Unidos: el largo camino de México para exigir justicia contra la industria de las armas

La batalla legal de México contra la industria de las armas de Estados Unidos ha entrado a instancias decisivas. El Supremo estadounidense aceptó una petición de las compañías demandadas para atraer el caso y decidir si el Gobierno mexicano puede demandar a algunos de los nombres más conocidos del principal exportador de fusiles en el mundo. Una posible decisión desfavorable del Alto Tribunal, de mayoría conservadora, acabaría con más de cuatro años de esfuerzos para llamar a cuentas a las principales compañías, acusadas de estar detrás de la crisis de violencia homicida que azota al país latinoamericano desde hace casi dos décadas. Pese al escepticismo inicial y prácticamente contra todo pronóstico, el asunto ha llegado hasta la parte más alta del sistema legal estadounidense y ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre las armas del otro lado de la frontera, uno de los temas más espinosos en ese país, en plena campaña electoral.

El inicio

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó la demanda en agosto de 2021 contra 11 pesos pesados de la industria armamentística, como Glock, Barrett, Colt y Smith & Wesson, entre otros. Las presiones de Estados Unidos para controlar la inmigración y combatir al narcotráfico han sido constantes en la relación bilateral. Hasta entonces, México no había llevado a la mesa el tráfico ilegal de armas y ningún país había presentado una queja similar en el sistema judicial estadounidense. El país latinoamericano adelantó que iba a exigir una indemnización en el orden de los miles de millones de dólares por prácticas comerciales negligentes y por facilitar el acceso a sus productos a grupos criminales. En otras ocasiones, se ha hablado de que la reparación del año solicitada asciende al 2% de PIB mexicano, equiparable a lo que le cuesta la violencia armada al país cada año.

El anuncio de las autoridades mexicanas llegó marcado por las dudas. La opinión mayoritaria era que la demanda era una suerte de maniobra diplomática o, en el mejor de los casos, un golpe simbólico. La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, quería demostrar que el reclamo iba en serio. Los litigantes mexicanos interpusieron la demanda en un tribunal de Boston, Massachusetts por dos razones principales. Primero, querían probar que México estaba dispuesto a jugar bajo las reglas de Estados Unidos, para tumbar el argumento de que una corte mexicana sería parcial y apoyaría los alegatos del Gobierno. Segundo, porque era parte de la estrategia legal. Si el país latinoamericano acudía a una corte en un Estado tradicionalmente ligado a la cultura de las armas, lo más probable era que el asunto fuera desechado.

Lo primero que México tenía que demostrar era que tenía el derecho, pese a ser un Gobierno extranjero, de presentar la demanda en Estados Unidos. Y el principal obstáculo era la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), una norma impulsada durante la Administración de George W. Bush, que protege a las empresas de cualquier reclamo que llegue a los tribunales bajo el argumento de la seguridad nacional. PLCAA ha sido el escudo más efectivo para que las armerías no asuman ninguna responsabilidad legal en otros sucesos, como los tiroteos que asolan a la sociedad estadounidense. Además del frente legal, México ha llevado la batalla contra el tráfico ilegal de armas al plano diplomático, planteando el tema en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas, así como cerrando alianzas con organizaciones civiles, laboratorios de ideas, fiscales, políticos del Partido Demócrata y otros países de la región que han respaldado el reclamo. Un cálculo conservador estima que circulan alrededor de 17 millones de armas en el país y que entre el 70% y el 90% entran ilegalmente desde Estados Unidos.

Altas y bajas

La demanda de México sufrió su primer revés importante en octubre de 2022, después de que el juez que lleva el caso en Massachusetts, Dennis Saylor, mostrara “empatía” con la causa mexicana, pero desechara el caso bajo el argumento del blindaje legal de PLCAA. Ese mismo mes, las autoridades mexicanas presentaron otra demanda civil en Arizona contra cinco distribuidoras, en aras de diversificar y no depositar todos sus recursos en la causa de Boston, y el equipo legal del país impugnó el falló en una corte de apelaciones. La respuesta vino hasta enero de este año, pero dio la razón de México por unanimidad para que continúe el proceso judicial en Massachusetts. “No hay un precedente de un fallo como este en una corte de apelaciones, es histórico”, dijo Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería mexicana y cabeza del equipo legal, a este diario en enero. Dos meses después, Arizona también admitió a trámite la demanda en ese Estado.

En el camino, el número de empresas demandadas se ha reducido. De 11 compañías señaladas en la demanda original quedaron ocho en el caso abierto en Massachusetts, debido a que algunas no tenían su sede ahí y no podían ser enjuicidadas en ese Estado. En agosto vino la derrota más dura para México. El juez Saylor desechó los reclamos contra seis de los ocho demandados, al argumentar que no tenía jurisdicción para resolver el asunto. Las dos firmas restantes, Smith & Wesson y la tienda Interstate Arms, fueron las que solicitaron ese mismo mes que la Suprema Corte atrajera el caso y lo desechara a la luz de PLCAA.

Aunque se presupuestó en un inicio que el caso podía pasar por varias instancias e incluso llegar hasta el Supremo, México buscaba que la Corte no se pronunciara todavía, al argumentar que todavía había asuntos pendientes por resolver en la corte de Massachussets. La representación mexicana había hecho pública su intención de apelar una vez más la decisión del juez Saylor. El problema es que si el Alto Tribunal da la razón a las empresas demandadas, el fallo será inapelable y se daría carpetazo a la demanda sin que se diera oportunidad siquiera de que llegue a juicio. Los últimos cuatro años se han concentrado en etapas preliminares antes de decidir si México finalmente podrá presentar sus argumentos en un tribunal o, como se dice en el argot estadounidense, “tener su día en la corte”. Si el país latinoamericano logra superar todos estos obstáculos, aún tendría que ganar un eventual juicio.

Las implicaciones

León Castellanos Jankiewicz, especialista en Derecho Internacional del Asser Institute de La Haya, señala tres consecuencias a partir de la decisión de los ministros de la Corte. En primer lugar, el asunto tomará más tiempo. “El juez que preside la demanda en la corte de distrito en Massachusetts debe esperar la resolución de la Suprema Corte, que probablemente se desahogará en alegatos durante la sesión de primavera 2025″, afirma.

En segundo lugar, lo que decida la Suprema Corte puede ser crucial para las dos demandas que presentó México. Aunque ambos casos siguen carriles separados, es posible que un fallo negativo siente un precedente para futuros casos contra la industria armamentista y que las compañías demandas en Arizona pidan que se descarte el caso por las mismas razones que en Massachusetts. Castellanos Jankiewicz confía en que la demanda de Arizona no se vea afectada, “dado que los hechos y circunstancias son completamente distintos a aquellos que figuran en la demanda de Boston”.

“Con la demanda de México, el control de armas vuelve al primer plano durante una campaña electoral estadounidense en donde el tema ha sido desatendido”, considera el especialista como tercer punto. Las autoridades mexicanas han sido extremadamente cuidadosas de que la batalla legal no se politice ni se interprete como una oposición al derecho de portar armas amparado por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, una línea que ningún Gobierno de ese país se ha atrevido a cruzar y que es altamente polémica.

En los hechos, sin embargo, es muy difícil que las cuestiones legales se mantengan completamente al margen de la política. “Las decisiones judiciales se toman con base en la ley, pero al final los jueces y las jueces son seres humanos”, dijo Celorio a principios de año. La decisión de la Suprema Corte de tomar el caso le da una visibilidad enorme y la decisión de admitir la solicitud a trámite llega a un mes de que los estadounidenses salgan a las urnas para elegir entre Kamala Harris y Donald Trump como nuevo presidente.

Celorio señaló a principios de año que México ya tiene presupuestado que Trump tome las demandas de México como un arma electoral. “Cada vez que alguien señale que México quiere quitarle las armas a los estadounidenses, nosotros les responderemos que se las queremos quitar a los carteles, que están empoderados y que trafican con fentanilo y otras sustancias. Y les diremos que, en lugar de quejarse, deberían ayudarnos”, afirmó a EL PAÍS.

México cambió de Gobierno y vio el ascenso al poder de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta en la historia del país, esta semana. Desde que arrancó la carrera por la sucesión, la Cancillería mexicana señaló que la ofensiva legal contra la industria de las armas era un asunto de Estado y que iba a continuar sin importar quien ganara las elecciones. Los recursos para seguir con este esfuerzo están cubiertos por los presupuestos de este año y fueron solicitados para 2025. La decisión ahora está en manos del Supremo estadounidense. De sus nueve miembros, solo tres fueron nombrados por gobiernos demócratas y seis por presidentes republicanos, entre ellos tres elegidos por Trump.