La propuesta del Gobierno mexicano de homologar el delito de feminicidio abre un debate en el feminismo

La violencia es y seguirá siendo el principal problema que enfrentan las mujeres en México. Cualquier cifra en torno a la violencia machista se queda corta en un país en el que el año pasado fueron asesinadas más de 3.000 mujeres. De ese total, según cifras oficiales, solo un 25% fue investigado como feminicidio, 827 casos de más de 3.000. Una cifra que las organizaciones de la sociedad civil y las especialistas en violencia de género dicen que se queda corta y que podría ser el doble. Los feminicidios que se investigan en México son solo la punta de un problema social aún mayor. La falta de medios, la saturación de casos, los prejuicios o la coacción del crimen organizado en las fiscalías empuja a que muchas de estas muertes nunca se investiguen como asesinatos machistas. La mayoría serán consideradas homicidios comunes o suicidios. Ante esta situación, el Gobierno de López Obrador ha propuesto homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país con el objetivo de agilizar el acceso a la justicia y la protección de las mujeres. Sin embargo, la propuesta ha despertado posiciones a favor y en contra entre las organizaciones feministas, de la sociedad civil, especialistas y legisladoras.

La secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez puso este martes el tema sobre la mesa al compartir las cifras de delitos en el país. Rodríguez sugirió que es necesario “homologar el tipo penal de feminicidio en todas las entidades ya que cada una define de manera distinta este delito y aplican penas diversas”, señaló. La propuesta es algo en lo que el Gobierno de López Obrador ha trabajado desde 2021, cuando la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), recomendó a México unificar los criterios para considerar qué es feminicidio y qué no.

Si bien es cierto que cada Estado tiene variaciones en su definición de feminicidio y en las penas impuestas dentro de su código penal, la mayoría se guía por la tipificación que recoge el Código Penal Federal de 2012, en su artículo 325: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género”.

Para que el asesinato de una mujer sea clasificado como feminicidio además es necesario acreditar unas “razones de género”. Por ejemplo: comprobar si existían antecedentes de malos tratos o violencia psicológica; si hubo una agresión sexual previa al asesinato; si el cuerpo de la víctima fue expuesto en algún lugar público, si tenía lesiones previas; si existía una relación sentimental entre la víctima y su asesino, entre otros. Las fiscalías se encargan de acreditar estos supuestos al realizar la investigación. Confirmar la presencia de estas variables, hace objetiva la discriminación y el odio hacia las mujeres. “Me preocupa que con la homologación acaben con algunas circunstancias o se genere un tipo penal que no vaya a servir”, señala la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada. La directora explica que más de la mitad de Estados en el país comparten razones de género similares para investigar y que en otras fiscalías, las diferencias no son tan grandes.

Entre las voces a favor de la homologación están las de las senadoras Olga Sánchez Cordero, Gabriela López Gómez y la del exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. En 2022 Zaldívar, cuando todavía era presidente del Alto Tribunal, presentó un proyecto de la Ley General para Prevenir Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio. Poco después, Sánchez Cordero y López Gómez propusieron un proyecto de decreto que buscaba derogar varios puntos en el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia respecto al feminicidio. Las propuestas, todas en la misma línea, buscan que solo exista un tipo penal para el feminicidio en todo el país. “Es necesario prevenir cualquier error en la integración de carpetas de investigación derivado de las diferencias que hay entre los códigos penales estatales”, señaló Sánchez Cordero en 2022. Este delito, al pertenecer al fuero común, está recogido con algunas variaciones en los diferentes códigos penales de los 32 Estados. Así que de aprobarse un tipo penal homologado, los congresos estatales deberán votar, uno por uno, la reforma a su código penal.

Desde el OCNF aseguran que homologar el delito en todo el país no es “lo prioritario” para acabar con la violencia feminicida. Estrada considera más importante que las fiscalías investiguen con perspectiva de género, que cuenten con personal capacitado y con recursos suficientes para que exista una verdadera procuración de justicia. También que haya comunicación entre las fiscalías para resolver los casos de manera más rápida.

En este punto coincide Anayeli Pérez, abogada que llevó el caso del feminicidio de Lesvy Rivera, asesinada en Ciudad de México en 2017: “El primer obstáculo que existe no es que el tipo penal no esté homologado, sino que las fiscalías no quieren investigar los feminicidios. Hay Estados como Guanajuato, por ejemplo, que de más de 10.000 asesinatos solo hay 11 carpetas por feminicidio este año, ¿quién se cree eso?”, cuestiona Pérez. “La realidad es que al poder político no le importan la vida de las mujeres y eso no se soluciona homologando el tipo penal”, afirma.

Estrada también señala que varias de las razones de género recogidas en las nuevas propuestas de homologación contemplan términos como “misoginia”, “odio”, “desprecio” que pueden complicar la acreditación del delito. “Esta versión intentaba ser tan específica que se perdía y acababa siendo imprecisa”, apunta la abogada Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, asesinada en Puebla en 2022. “Si no se mantiene la esencia del tipo penal, que es la violencia extrema contra la mujer por el solo hecho de serlo, y se intentan meter conductas demasiado específicas, se corre el riesgo de dejar fuera muchas conductas”, agrega.

Monzón señala otro riesgo en caso de que se lleve a cabo la homologación. “También será clave el concepto de irretroactividad en materia penal que puede servir en favor de los reos. Si el tipo unificado tiene penas inferiores a aquellas que hayan sido condenados, en algunos Estados con más pena podrán pedir la revisión de su sentencia para que les rebajen la condena. Esto ha sucedido con la ley del Solo sí es sí, en España”, explica. Y agrega otra consideración más: el tiempo de implementación. “Habrá que formar a todas las fiscalías y a todos los tribunales en la nueva definición del delito. Pueden pasar años para que esto suceda”.

La abogada, sin embargo, considera que es importante analizar la propuesta y no cerrarse a la discusión para prevenir la violencia machista en todos los espacios, otro de los objetivos del Gobierno al impulsar la medida. “Se necesita [la homologación] para que se pueda hacer un trabajo unificado de prevención del delito y para que la vida de las mujeres mexicanas valga lo mismo en todas partes. La dignidad, la igualdad y la vida no pueden ser diferentes en donde se cometa el crimen”, afirma Monzón.

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