López Obrador viaja a Chiapas en plena crisis de desplazados a Guatemala

Andrés Manuel López Obrador inaugurará este viernes un puente en pleno corazón de Chiapas, en la presa de la Angostura. De su mano estará el Gobernador del Estado y amigo cercano del presidente en funciones, Rutilio Escandón. Previsiblemente, habrá algún tipo de ceremonia, discursos, felicitaciones por el trabajo bien hecho. El puente servirá para unir dos regiones, la frailesca y la sierra Mariscal, el epicentro de la guerra en la que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación combaten por el control del territorio fronterizo: la dominación de sus pueblos, del tráfico de drogas y seres humanos, la extorsión a sus habitantes, el monopolio del miedo.

Chiapas sufre una guerra sin cuartel entre ambos cárteles, sazonada por todo un arsenal de grupos armados locales, paramilitares, autodefensas indígenas —algunas que buscan protegerse de las constantes agresiones, otras en la órbita del crimen organizado—. Es poco probable, sin embargo, que durante la inauguración del puente el presidente de la República y el gobernador del Estado se refieran directamente al “conflicto armado”, como lo denominan las organizaciones sociales que monitorean la región. El discurso oficial de las autoridades no se ha movido un ápice a pesar de los miles de personas que han tenido que abandonar su hogar ante la escalada de la violencia.

Para López Obrador, Chiapas es uno de los Estados más pacíficos del país, una de las regiones que más se han beneficiado del desarrollo que ha traído su Administración (a pesar de ser la entidad más pobre de México), y los problemas de seguridad se acotan solo a la sierra Mariscal. La realidad se empeña en contrariar al presidente mientras los cárteles se extienden por todo el territorio chiapaneco. En febrero, un informe denunciaba el desplazamiento de al menos 10.000 personas solo en la región fronteriza y la sierra Mariscal. De eso hace ya seis meses y el éxodo no se ha detenido. El último capítulo del conflicto es la inédita imagen de mexicanos huyendo de las balas para refugiarse al sur de la frontera, en Guatemala.

Medio centenar de oenegés y diversas organizaciones sociales, además de una treintena de individualidades, hicieron un llamado este miércoles al Gobierno federal y estatal de México para una “inmediata intervención en la zona para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, la integridad y otros derechos de las personas afectadas por el crimen organizado”. En una carta pública con el encabezado “La disputa por el control de territorios en Chiapas y la acción poco efectiva del Gobierno mexicano pone en riesgo inminente la vida y la seguridad de miles de familias”, los colectivos denunciaban la violencia que ha conducido a la crisis humanitaria, así como el riesgo del actual relato de las autoridades “que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población”.

Los principales municipios afectados por la nueva ola de desplazamientos, señala la carta, son Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras. Los pueblos se encuentran incomunicados por bloqueos del crimen organizado, con toque de queda, escasez de alimentos y reclutamiento forzoso de la población civil para participar en las “barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales”.

Conflicto armado desde 2021

La situación no es nueva. Las denuncias de las organizaciones y de la población se remontan ya tres años en el tiempo. El informe que denominó “conflicto armado” a la guerra entre cárteles situaba su inicio en el verano de 2021. La inactividad de las autoridades, que se han limitado a desplegar a las Fuerzas Armadas en Chiapas sin atender los problemas de fondo, ha contribuido a empeorarlo, defienden. La carta plantea que en mayo, agosto y septiembre de 2023 ya se produjeron situaciones similares, solventadas temporalmente con la presencia de los militares. “Sin embargo, al retirarse las fuerzas federales, los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo”.

El fin de semana, en un comunicado conjunto, los gobiernos de México y Guatemala anunciaron el despliegue de acciones humanitarias para que los ciudadanos que lo deseen puedan regresar a sus hogares “en condiciones de dignidad y seguridad”. No hay evidencias, por el momento, de que nadie se haya acogido a este mecanismo, ni en qué consiste exactamente. De la frontera siguen llegando noticias de enfrentamientos: entre el lunes y el martes, en torno a 400 habitantes de Chicomuselo huyeron del pueblo ante el ataque de un dron que lanzó una bomba contra ellos. El Ejército guatemalteco vigila las entradas a su territorio y las autoridades han facilitado certificados de permanencia humanitaria, que tienen vigencia de 30 días prorrogables.

No hay datos oficiales y los números son inexactos, pero la mayoría de las organizaciones sobre el terreno y la prensa local que lo cubre coinciden en que en estos momentos entre 400 y 600 mexicanos se han cobijado en Guatemala, un país que está lejos de ser seguro (más aún en la selvática frontera), pero que parece una mejor opción para los desplazados que Chiapas. Lo habitual es lo contrario: guatemaltecos atravesando México para llegar a Estados Unidos.

No solo las organizaciones sociales, hasta la Iglesia Católica se ha posicionado en numerosas ocasiones durante los últimos meses para exigir medidas urgentes contra la espiral de violencia desatada por los cárteles. La última, este jueves, cuando las parroquias de Santa Catarina y de San Pedro Apóstol, en Pantelhó y Chenalhó, dos pueblos de los Altos de Chiapas, exigieron medidas para garantizar la “seguridad y la paz”: “Desde nuestra Fe en Jesucristo, el dolor del pueblo que sufre, y la indignación, por la ingobernabilidad que vivimos en el estado, la minimización que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la violencia que se ha viralizado en dichos municipios, y sin entender en manos de quién está la lucha contra el crimen organizado, ya que vemos que los criminales, cada día se hacen más fuertes en presencia de los militares y la Guardia Nacional, o ¿están protegidos por ellos? [sic]”. Son muchos los ojos que este viernes mirarán a la presa de La Angostura y su nuevo puente.

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