Una guerra improbable en Campeche

Arrecia la tormenta política en Campeche. Cientos de policías mantienen un plantón desde hace más de un mes, frente a la sede de la Secretaría de Seguridad del Estado, hartos, según han contado, de la actitud de sus mandos y de la titular de la dependencia, Marcela Muñoz. Los policías piden la destitución en bloque de la cúpula de la secretaría, Muñoz incluida, exigencia omnipresente en los lemas de las marchas que los agentes, y miles de ci...

Arrecia la tormenta política en Campeche. Cientos de policías mantienen un plantón desde hace más de un mes, frente a la sede de la Secretaría de Seguridad del Estado, hartos, según han contado, de la actitud de sus mandos y de la titular de la dependencia, Marcela Muñoz. Los policías piden la destitución en bloque de la cúpula de la secretaría, Muñoz incluida, exigencia omnipresente en los lemas de las marchas que los agentes, y miles de ciudadanos que les apoyan, han protagonizado en la capital estos días.

El conflicto amenaza la tranquilidad de un Estado poco acostumbrado a la bronca, relativamente a salvo de la ola de violencia criminal que afecta a buena parte del país. El enfado de los agentes, desbordado desde el operativo fallido que la Secretaría de Seguridad llevó a cabo en una prisión estatal a mediados del mes pasado, ha crecido aceleradamente y ha provocado un choque de solución incierta con la gobernadora, Layda Sansores, de Morena, que se niega a cesar a Muñoz y sus directores, a excepción de Antonio Saradán, responsable del operativo, ya fuera de la dependencia.

Sorprende la evolución del asunto. Varios cientos de policías, alrededor de la mitad de los 1.200 que integran la corporación, siguen en el plantón. Ellos aseguran que trabajan con normalidad, pero el Gobierno del Estado dice que no. Walther Patrón, portavoz del Ejecutivo, explica: “Nosotros vemos que no reportan su actividad con los mandos y que han bajado las puestas a disposición. Entonces, para nosotros no están trabajando”. De ahí que estos días, Sansores les haya cortado el suministro de combustible y haya exigido que entreguen las patrullas.

La gobernadora asume desde hace semanas la decadencia política de la protesta. Hace unos días, dijo incluso que Campeche estaba “más tranquilo” sin policías y anunció la destitución de nueve agentes, aunque Patrón dice que de momento serán siete. El portavoz señala que los policías inconformes “no quieren dialogar”. Defiende que la destitución del resto de directores, de Muñoz y de su segundo, Alejandro Yosafat, no están sobre la mesa. “Sería una injusticia, no tuvieron nada que ver con el operativo en la prisión”, dice. Además, añade, Sansores aceptó la mayoría de cambios en “temas administrativos” que pidieron los agentes.

Políticos de diferentes partidos de la oposición han aprovechado la bronca y se han acercado a los policías para apoyarles, ampliando el alcance de las protestas varios niveles. Hace una semana, los agentes lograron juntar a 20.000 personas –según su cuenta, 6.500 según el Gobierno estatal– en una marcha en la capital, donde incluso se pidió la dimisión de la gobernadora. La participación de la oposición no desvirtúa en todo caso las demandas de los agentes, que parten del operativo fallido, pero apuntan a una larga cadena de malos tratos, vejaciones y decisiones cuestionables.

En la cronología del conflicto hay una fecha clave, el 15 de marzo. Ese día, cientos de policías de la Secretaría de Seguridad estatal se concentraron junto al penal de San Francisco Kobén, en un operativo doble. Fuentes cercanas al Gobierno estatal señalan a EL PAÍS que, por un lado, el Ejecutivo quería trasladar a 11 presos a un penal federal. Por otro, el gabinete de seguridad local había pedido recientemente que se revisara el penal, “por reportes de que los internos tenían armas, puntas, teléfonos y cosas así”, explica.

La misma fuente señala que el operativo doble requería de un protocolo especial. “Primero había que separar a los internos que estaban controlando las diferentes zonas del penal, y ya después revisar. Pero no se hizo. Y el día que se trató de trasladar a esos internos, se intentó hacer también la revisión”, detalla. La mayoría de agentes que fueron aquel día al penal desconocían el objetivo del operativo. Los concentraron en la sede de la Secretaría en la tarde, les pidieron que agarraran su equipo antimotín, les llevaron, de noche, a las puertas de la prisión, y les mandaron adentro.

Patrón reconoce que el operativo se ejecutó mal. “Se da el operativo, no queríamos que se cometieran errores, pero cuando se autoriza el ingreso, no había llegado la Guardia Nacional”, explica. Patrón señala que la encargada de autorizar la entrada al penal fue Natasha Bidault, subsecretaria del sistema penitenciario estatal, cesada igual que Saradán. “Entonces, los agentes entran, los internos ya sabían y hubo choques”, dice. La fuente del párrafo de arriba señala que los policías estuvieron mucho rato en la puerta del penal y que para los reos fue fácil saber que iban a entrar, lo que les dio tiempo para prepararse.

Patrón dice que ha habido mucha desinformación alrededor del operativo, que califica de exitoso, porque los policías pudieron sacar a ocho de los 11 presos que querían trasladar. “Pero se han dicho muchas cosas que son mentira. No hubo violaciones [de policías mujeres] ni muertos, ni heridos graves”, señala.

En las galeras

Fuera como fuera, el operativo fue desastroso. El oficial Arturo Martínez, parte de los policías que participó, relata lo ocurrido. Cuando ellos entraron, dice, ya en la noche, muchos internos se habían subido al techo, con piedras y cócteles molotov. “Los que se quedaron abajo, en las galeras, sacaron machetes, punzones, incluso tubos a los que les habían soldado puntas con filo”, añade. En las galeras, los dormitorios de los internos, perdieron de vista a algunas compañeras, que quedaron en manos de los internos.

Durante horas, todo fue un caos. Mientras parte de los agentes sacaban a algunos de los presos que iban a trasladar, otros batallaban con “la turba”, como la llama Martínez. El objetivo de revisar los dormitorios quedaba ya muy lejos de su alcance. Se trataba de sobrevivir. Muchos agentes ni siquiera habían alcanzado a completar el equipo antimotín más básico, casco, chaleco y escudo. Llegaron al penal a cabeza descubierta, sin chaleco, ignorantes de lo que se les venía encima.

“Algunos de los míos, que iban sin casco ni nada, salían corriendo. Y desde el techo nos tiraban molotov y piedras. Y abajo, vemos que ellos empiezan con los machetes y así. Yo gritaba, ‘repléguense, repléguense’. Y por radio pedíamos apoyo. Pero el director, Saradán, decía por radio, ‘tranquilos, tranquilos, ya va’, pero no llegaba”, cuenta. “Otros compañeros, por iniciativa, trataban de entrar a la galera, pero era difícil, las puertas son estrechas. E imagínese, nada más entraron dos con escopetín, que son armas de bombas de gas, nada más dos. Y la turba estaba… ¿Vio la película La Caída del Halcón Negro? Pues así, de enjambre. Había compañeras que se orinaron y todo. Y me dieron entonces con piedras, en el casco, en el brazo”, narra.

El desconcierto era total. Martínez consiguió salir al patio, sangrando. En el patio, los mandos pedían tranquilidad. “Y entonces nos dimos cuenta de que los internos tenían una radio de nosotros y ahí decían que habían agarrado a dos compañeras, y decían, ‘las vamos a violar a estas perras’. Entonces ahí sí que se nos metió el diablo, y nos metimos y ¡órale! Y las rescatamos”.

Pasadas las 5.30 de la mañana de ese 15 de marzo, la situación finalmente parecía controlada. Llegó la Guardia Nacional para ocuparse del traslado de los ocho presos. Llegó la subsecretaria Bidault, del sistema penitenciario. Todavía con la adrenalina a tope, los agentes volvieron a su base. “Nos dieron una torta de jamón y un refresquito y nos dieron el día libre”, explica Martínez.

Cuando regresaron, el día 16, estaban todos “enardecidos”, asegura el agente. “Queríamos una explicación y estando ahí en la cancha de la base, bajó personal de Asuntos Internos para intimidarnos. Pero no, la gente estaba enardecida”, añade. El agente asegura que lo del penal fue “la gota que colmó el vaso”. Y añade: “A las compañeras se les maltrataba y se les ampliaban los turnos. A los compañeros de motos les doblaron turnos en vacaciones de Navidad. La comida es de muy mala calidad. Y tenías que firmar, por ejemplo, que te daban desayuno o comida, aunque no te tocara. O pedías audiencia con el director por algún tema, pero ahí quedaba. Y si insistías, te abrían un expediente por insubordinación y te quitaban sueldo”, explica.

Los días siguientes

Así como hay cierto acuerdo en que el operativo salió mal, no hay forma de conciliar las perspectivas de uno y otro lado en lo que atañe a los días y semanas siguientes. Patrón, el vocero estatal, dice que los agentes exigieron en un primer momento el cese de Saradán. “Nosotros dijimos, no, hay que investigar, analizar qué había pasado”, cuenta. En esos primeros dos días tras el operativo, los agentes entregaron además “un pliego petitorio con 24 puntos, con temas operativos y financieros”, añade.

Patrón asegura que la gobernadora Sansores aceptó 21 de los 24 puntos, algunos como “mejorar el contrato de bebidas y alimentos”, “fundamentar los arrestos por faltas internas”, “reducir el horario de los agentes en moto a turnos de ocho horas”, o “entregar nuevos uniformes y armamento”. Y añadió alguno más, como sacar adelante un plan de vivienda para la corporación y potenciar la carrera policial, esto es, el régimen de ascensos y retribuciones.

Por su lado, Martínez defiende que el Gobierno se tardó demasiado en cesar a Saradán, exigencia inicial. “Además”, dice, “vimos la actitud de los otros mandos y pues, no nos gustó”, explica. Martínez añade que los directores y subsecretarios, seis en total, Saradán incluido, no son campechanos. También explica que el subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, Víctor Contreras, trató de meter cizaña entre ellos y el resto de mandos. “Ya con eso de Contreras y demás, dijimos, ‘no, que se vayan todos”.

El agente asegura que el paro ha provocado que a muchos de ellos les hayan abierto procesos internos por “faltas”. Y dice que un notario les apoya para certificar su asistencia al trabajo. Martínez asume que mientras Morena siga controlando el Gobierno del Estado y el Congreso, donde tiene mayoría, no tienen posibilidades de ganar el pulso. Por eso tiene esperanzas de que los resultados de las elecciones de junio volteen el poder en la Cámara local. Patrón señala que “la protesta se está desinflando. En la calle, la percepción es buena para nosotros. Campeche es chico, todo el mundo conoce a los policías y todos saben de qué pie cojea cada uno”, zanja.

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