Indignación, imprecisiones y vacío informativo: las sombras que persisten tras el secuestro de 66 personas en Sinaloa

Hay solo una certeza en el caso del secuestro masivo en Sinaloa que tuvo lugar entre el 22 y el 23 de marzo pasados: nada es claro. Este martes, algunas de las familias de las ocho personas que faltaban por ser localizadas —de las 66 que fueron secuestradas por grupos armados, según información oficial— refutaron lo declarado la mañana de este lunes por el gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, cuando aseguró que ya habían regresado “sanas y salvas” a s...

Hay solo una certeza en el caso del secuestro masivo en Sinaloa que tuvo lugar entre el 22 y el 23 de marzo pasados: nada es claro. Este martes, algunas de las familias de las ocho personas que faltaban por ser localizadas —de las 66 que fueron secuestradas por grupos armados, según información oficial— refutaron lo declarado la mañana de este lunes por el gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, cuando aseguró que ya habían regresado “sanas y salvas” a sus hogares. Unas horas más tarde, familiares de por lo menos cuatro de los desaparecidos comunicaron en redes sociales y contactaron con medios locales para declarar que no era cierto lo informado por Rocha Moya y que todavía algunos de ellos no regresaban a casa.

“Vimos que hay una noticia sobre [que] regresaron a los ocho, pero eso no es cierto. Hablamos a Fiscalía y dijeron que no tenían información... ¿Por qué juegan con nosotros así?”, dice una declaración a la revista Espejo, en Sinaloa, de los familiares de Jesús Ricardo Bejarano Covarrubias, un hombre de 28 años de edad, originario de Culiacán, que sigue desaparecido. El pasado domingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado emitió un comunicado oficial en el que adelantaba lo que Rocha Moya presumiría este lunes en presencia del presidente López Obrador, durante su conferencia matutina desde Mazatlán: “Desde el primer momento se implementó un operativo, en coordinación con Ejército, Guardia Nacional, Policía Ministerial Federal y Estatal, Policía Estatal Preventiva, y policías municipales, quienes mantuvieron un despliegue para dar con el paradero de las 66 personas que estaban ausentes de sus hogares por lo que, el día de hoy, dicho operativo queda concluido”.

El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, aseguraba en esa comunicación oficial que la última persona que faltaba por regresar a su domicilio —de los ocho que contabilizaban— lo había hecho la mañana de ese domingo, y especifica en el documento: “información que fue corroborada a través de agentes de información. Con esto se cumple el objetivo de los operativos de que las 66 personas, presuntamente privadas de la libertad, regresaran a sus casas”.

Sin embargo, medios locales y periodistas de Culiacán documentan lo contrario. Además, ante la falta de claridad por parte de las autoridades y la desesperación de que el tiempo transcurra sin noticias de sus seres queridos, algunas familias han decidido dar declaraciones pese al miedo que han manifestado desde que ocurrieron los secuestros. El periodista sinaloense Marcos Vizcarra ha tenido acceso a cuatro de los testimonios de familiares que aseguran no saber que esperar después de haber sentido alivio tras el anuncio oficial del domingo pasado: “Tuvimos una reacción de optimismo, alegría, de esperanza que ya lo íbamos a ver, pero al enterarnos de que no había pruebas contundentes, pues nos desilusionamos. Vemos que es algo como una trampa o un truco de algo que estén planeando. Ya no sabemos qué esperar”, dicen las voces de dos familiares.

“Si el Gobierno lo ha comunicado, que el Gobierno me diga en dónde está”

Según los familiares que han decidido romper el silencio ante la indignación que experimentan, la información del Gobierno no es de fiarse. Afirman que, a pesar de que solo hay ocho personas desaparecidas oficialmente, tienen conocimiento de otras familias que aseguran que son más personas las que todavía no vuelven a sus casas. “Es una cochinada lo que se ve, van de mal en peor, da coraje, impotencia. Es como para quedar bien, ¿con quién, con sus superiores? ¿Con el presidente? ¿Por qué se agradeció el apoyo, apoyar en qué? A las otras personas las soltaron, no las recuperó el Gobierno. ¿Por qué sueltan una información así? Eso es no tener madre, ni principios, ni ética. Si el Gobierno lo ha comunicado, que el Gobierno me diga en dónde está”, dicen.

Además, la información emitida por parte de las autoridades de Sinaloa señala que quienes ya han vuelto a sus casas “sanos y salvos” son todos adultos, pero la información recopilada incluye la desaparición de un niño de 2 años de edad. La inconsistencia entre la información y lo que las familias aseguran aumenta el desconcierto y la falta de seguridad sobre la cifra de personas que fueron sustraídas de sus casas en ese Estado, entre el pasado 22 y el 23 de marzo.

La cronología que ha hecho la prensa local apunta a que fueron por lo menos 10 domicilios a los que llegaron grupos de hombres encapuchados y armados, de los que sacaron a niños, niñas, mujeres y hombres, presuntamente en represalia por hechos delictivos que se habrían hecho a un grupo de la delincuencia organizada, específicamente a miembros del Cartel de Sinaloa. Aunque la información oficial ha sido de un total de 66 personas secuestradas y 58 liberadas —sin contar las ocho sobre las que pesan dudas— todavía no hay certeza sobre lo que pasó y tampoco si todas las personas han sido localizadas, pues se tiene conocimiento de que algunas familias no han denunciado ni lo harán por miedo a represalias en su contra.

Tampoco está claro de qué forma el operativo que incluía fuerzas locales, estatales y federales contribuyó a “rescatar” a los secuestrados, pues los testimonios aseguran que el mismo grupo criminal ha sido el responsable de librarlos. En una tarjeta informativa la secretaría de Seguridad señala que “no puede dar más información al respecto, pues serán las autoridades investigadoras las encargadas de dar a conocer más detalles”. Y agradecen: “Es de resaltar el apoyo por parte de autoridades federales que coadyuvaron con las corporaciones locales con el objetivo de garantizar la integridad de las personas involucradas”.

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