Una jueza federal suspende por tiempo indefinido la eliminación de los fideicomisos millonarios del Poder Judicial

Una jueza federal ha frenado por tiempo indefinido la transferencia millonaria de 15.280 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, recursos que corresponden a los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación extintos por el Congreso de México. La jueza de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, ha concedido una suspensión definitiva ante el recurso que presentó la Asociación ...

Una jueza federal ha frenado por tiempo indefinido la transferencia millonaria de 15.280 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, recursos que corresponden a los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación extintos por el Congreso de México. La jueza de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, ha concedido una suspensión definitiva ante el recurso que presentó la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (Jufed) contra el decreto de reforma que desaparece los fondos. Esta medida cautelar implica que hasta que no se haya resuelto de fondo el amparo se cancelen los efectos de la reforma aprobada el pasado 25 de octubre. Otra de las consecuencias del fallo es que estos recursos tampoco podrán ser destinados a los damnificados por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aceptó la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Esta resolución supone que no se extingan 13 de los 14 fideicomisos judiciales, que en su mayoría benefician a trabajadores de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial en temas relacionados con pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios. La justificación de la reforma por parte del gobierno es que esos fondos estaban, en su mayoría, duplicados en otras partidas presupuestarias. De momento, no se podrán entregar los fondos ni nada que a ellos corresponda a la Tesorería federal. Seguirán operando de manera normal, como hasta antes de la reforma, en tanto no se resuelva el juicio de amparo mediante sentencia. En una primera resolución, el pasado 8 de noviembre, la juzgadora admitió a trámite el recurso de impugnación y concedió una suspensión provisional. Siete días después, un Tribunal Federal solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad de atracción para resolver la suspensión y meter freno a la extinción de los fondos.

Los impartidores de justicia han determinado que el caso debe ser estudiado por la Corte debido a que se advierte que la extinción de los 13 fideicomisos podría tener impacto en los derechos adquiridos de los trabajadores. Como era esperado, el máximo tribunal se encamina de este modo a decidir sobre una cuestión que afecta a la propia institución judicial. Este último fallo y los anteriores han aumentado la tensión entre el Gobierno Federal y el Poder Judicial en los últimos meses. López Obrador ha señalado en los últimos días que la ministra presidenta Piña sí tenía la intención de donar los 15.000 millones de pesos a los damnificados, pero acusó que la ministra “está rodeada” de grupos de intereses que “la sometieron a fuertes presiones”.

Con esta resolución la batalla legal que iniciaron parte de los 55.000 trabajadores del Poder Judicial rinde sus primeros frutos. El pasado 30 de noviembre, los inconformes entre sindicalizados y personal de confianza presentaron un amparo para echar atrás los efectos de la reforma. Los trabajadores han insistido en aclarar que los fondos no benefician a los 11 ministros en funciones del máximo tribunal ni a los 22 en retiro y ninguno está relacionado con gastos personales de estos. Adicionalmente, el pasado 1 de noviembre el juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luevano, otorgó una suspensión provisional sobre los efectos de la reforma. Es decir, los fondos aún no podían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación para su posterior reenvío a Acapulco. Dicha resolución detuvo parcialmente el recurso de amparo solicitado por los trabajadores y tuvo una vigencia de nueve días. Finalmente, con esta resolución el único plazo que habrá para descongelar los efectos de la reforma, será la sentencia que se dicte como respuesta a la impugnación presentada por los trabajadores y para eso no hay fecha.

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