El Gobierno entrega un nuevo informe sobre el ‘caso Ayotzinapa’ a las familias y anuncia más documentos para el lunes

La ruptura sobrevuela el caso Ayotzinapa, situación recurrente desde que iniciaron las pesquisas, hace casi nueve años. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos piden al presidente, Andrés Manuel López Obrador, documentos de inteligencia militar que contendrían conversaciones de integrantes de Guerreros Unidos, en la época del ataque contra los normalistas. Se trata de información pedida hartas veces, solicitud encabezada estos años por ...

La ruptura sobrevuela el caso Ayotzinapa, situación recurrente desde que iniciaron las pesquisas, hace casi nueve años. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos piden al presidente, Andrés Manuel López Obrador, documentos de inteligencia militar que contendrían conversaciones de integrantes de Guerreros Unidos, en la época del ataque contra los normalistas. Se trata de información pedida hartas veces, solicitud encabezada estos años por el GIEI, el grupo de investigadores independientes que la CIDH ha comisionado a México estos años. El mes pasado, el GIEI decidió dejar las pesquisas, en parte por la opacidad del Ejército. Las familias enfrentan ahora solas al aparato del Estado.

Desde Palacio Nacional, la narrativa es distinta. López Obrador ha señalado este jueves que su Gobierno ha colaborado, que toda la información acumulada se ha entregado a las autoridades correspondientes, principalmente la UEILCA, la unidad especial de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso, y la COVAJ, la comisión presidencial que sigue las pesquisas. El mandatario ha anunciado que en la reunión que mantuvo el miércoles con las familias de los 43, el Gobierno les entregó una copia del segundo informe de la COVAJ, una actualización de los hallazgos de la comisión, cuya primera entrega se hizo pública en agosto de 2022.

Se desconoce hasta el momento el contenido del segundo informe. En el primero, el encargado de la COVAJ, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, relataba la cantidad de búsquedas realizadas estos años, en decenas de parajes cercanos a Iguala, en el Estado de Guerrero, lugar del ataque. Señaló igualmente los resultados de peritajes telefónicos, que mapeaban los movimientos de decenas de implicados. Consignó la muerte de más de 20 presuntos perpetradores, situación que dificultaba avanzar en las pesquisas...

Y cometió un error. Dio por válido un paquete de más de 400 mensajes de texto intercambiados presuntamente por integrantes de Guerreros Unidos y su red de apoyo institucional, que dibujaban una serie de escenarios hasta entonces desconocidos, como la implicación de un general del Ejército en el asesinato de un grupo de los 43. La presentación de Encinas generó mucho escándalo y el GIEI, molesto porque se enteró de la existencia de los mensajes el día de la presentación del informe, encargó un peritaje para confirmar su validez. El peritaje tumbó los mensajes: no había forma de verificar su autenticidad.

Encinas y la COVAJ aceptaron el resultado del peritaje del GIEI y han guardado un perfil bajo desde entonces. El fiasco del viaje del subsecretario a Israel, para tratar de traer de vuelta a México a uno de los grandes villanos de esta historia, Tomás Zerón, empeoró su imagen y complicó la extradición de este último. La UEILCA acusa a Zerón, antiguo líder de las pesquisas, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), de tortura y desaparición forzada. Según la UEILCA, Zerón armó una versión falsa de lo ocurrido a los estudiantes, la célebre verdad histórica, el asesinato de los muchachos y su quema en un basurero, para zanjar el caso y evitar desgaste político.

Con esos antecedentes, las familias de los 43 han recibido el segundo informe. De momento, ni López Obrador ni el propio Encinas han anunciado su presentación en sociedad. Lo que sí ha dicho el mandatario este jueves es que el lunes, un día antes del noveno aniversario del ataque, Encinas y otros funcionarios se reunirán de nuevo con las familias para entregarles “todo”. Las familias llegaron a la junta del miércoles con un “pliego petitorio” que recogía, en resumen, las conclusiones del último informe del GIEI, la existencia de documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa, sus posibles ubicaciones y su importancia.

López Obrador ha defendido lo que ya ha manifestado en otras ocasiones, la absoluta colaboración del Ejército. “La Secretaría de la Defensa sostiene que ya entregó toda la información. Y lo que estoy planteando es que se haga, desde ayer, una revisión de todo. Para que no quede ninguna duda y se pueda decir ‘eso es lo que se tenía o, en efecto, faltaba entregar otra información’. Hay que resolver este asunto, en definitiva. Porque si no, empieza la manipulación, o se intensifica”, ha dicho.

Parece difícil ahora mismo que el nudo se deshaga, que las posturas, tan diferentes, converjan a un acuerdo. Las familias de los 43 entienden que los documentos militares resultan clave para el caso. Lo dicen por el trabajo del GIEI y, también, por el contenido de dos documentos del estilo, los únicos conocidos, que se hicieron públicos hace ahora dos años, en la página web de la COVAJ. Los documentos recogían intercepciones de comunicaciones a cuatro integrantes de la red criminal de Iguala, dos policías y dos presuntos miembros de Guerreros Unidos.

Una de las comunicaciones era del mismo 26 de septiembre de 2014, día del ataque, en que el policía, alto cargo de la municipal de Iguala, decía a su interlocutor, de Guerreros Unidos, que tenía a 17 de los 43 “en una cueva” y que otros 17 iban a “la brecha de lobos”, un paraje cercano a Iguala. La otra era del 4 de octubre y un policía le decía a otro presunto integrante de Guerreros Unidos, que al menos “soltaran a 10 como estuvieran, para calmar un poco”.

La certeza de que el Ejército espiaba a Guerreros Unidos, el contenido de los mensajes que alude al destino de los 43, y la lógica de que deben existir más intercepciones como estas, han generado una ansiedad tremenda a las familias. Conscientes de ello, los integrantes del GIEI han empleado su último año de trabajo en intentar que la Secretaría de la Defensa ayude en la ubicación de esta información. Para el Ejército, sin embargo, acceder a esta petición supone un problema, pues sería como reconocer que, efectivamente, agentes a su cargo realizaban labores de espionaje, cuestión que no podían hacer sin permiso de la judicatura.

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