García Luna vendió equipos de espionaje a la Fiscalía de Peña Nieto

La red de corrupción y complicidades tejida por Genaro García Luna y funcionarios del Gobierno mexicano no termina de desenmarañarse. Nueva documentación obtenida por EL PAÍS demuestra que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón hizo un negocio redondo con equipo de espionaje para la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto. La PGR, entonces encabezada por ...

La red de corrupción y complicidades tejida por Genaro García Luna y funcionarios del Gobierno mexicano no termina de desenmarañarse. Nueva documentación obtenida por EL PAÍS demuestra que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón hizo un negocio redondo con equipo de espionaje para la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto. La PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, compró una plataforma de intervención telefónica a una empresa ligada al exfuncionario, y luego contrató a otra compañía de su red corrupta para dar mantenimiento a dicho equipo. El exfuncionario, que ya fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en febrero pasado en Nueva York, es acusado por la Administración de Andrés Manuel López Obrador en un tribunal de Florida por el desfalco de cientos de millones de pesos del erario a través de numerosas contrataciones entre sus empresas y dependencias públicas. Sin embargo, ningún contrato suscrito por la Procuraduría fue incluido en la demanda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Estados Unidos contra el antiguo jefe de la Policía Federal, que amasó más de cinco millones de pesos (alrededor 250.000 dólares) gracias a dos adjudicaciones directas.

Un contrato inédito hasta hoy señala que el exfuncionario usó sus influencias para que la Fiscalía comprara primero el equipo de vigilancia telefónica NiceTrack a la compañía israelí NICE Systems Ltd., que pertenecía a sus testaferros de la familia Weinberg. Y después, el 19 de noviembre de 2013, para que la dependencia contratara a otra empresa de la que García Luna era beneficiario final, Nunvav Inc., para dar mantenimiento a los aparatos de espionaje comprados por la PGR a sus socios. La plataforma, argumentaba la institución comandada por Murillo Karam, tenía “toda la carga de intervención de comunicaciones privadas de telefonía fija y móviles” de la Procuraduría. Para el Ministerio Público, la firma del contrato por más de 2,5 millones de pesos respondía a “necesidades urgentes”, manera de justificar que se haya contratado directamente a la empresa de García Luna sin concurso ni licitación. “Es de suma importancia contar con la póliza integral del servicio de soporte y mantenimiento”, se lee en el documento confidencial y reservado por motivos de seguridad nacional durante años.

“El proveedor (…) se obliga ante la Procuraduría a mantener la más absoluta confidencialidad, y a no divulgar o revelar a persona física o moral de forma parcial o total, la información derivada del presente contrato”, se lee en el contrato archivado bajo el folio PGR/AD/CN/SERV/159/2013. A cambio del dinero, la empresa se comprometió a prestar el servicio, así como a proveer los materiales y la mano de obra necesarios. Nunvav era una compañía creada en Panamá en octubre de 2005 y es la principal señalada por la red de corrupción gubernamental atribuida a García Luna por la UIF, el brazo contra los delitos financieros de la Secretaría de Hacienda. NICE Systems Ltd era titular de la patente tecnológica del sistema NiceTrack Location Tracking BE Solution, nombre del equipo de espionaje. A su vez, Nunvav tenía desde abril de 2013 una carta que lo acreditaba como representante exclusivo de la empresa de los Weinberg en México. La representante legal de Nunvav en México era Rosalba Tapia Alvarado, firmante de los dos contratos hallados a la PGR.

El mismo 19 de noviembre de 2013, García Luna logró que Nunvav Inc. fuese contratada por la Procuraduría de Murillo Karam (hoy encarcelado por el caso Ayotzinapa) para dar soporte y mantenimiento a otro equipo de espionaje —Sistema Laguna— fabricado por la compañía estadounidense Spectra Group. Por este contrato (de numeración 160/2013) se le pagaron 2,7 millones de pesos. La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ya había dado a conocer este negocio de García Luna con la PGR después de un litigio de acceso a la información. Al menos hasta 2021, la Fiscalía reportó en su inventario de bienes un “servidor de comunicación de telefonía vía red marca Spectra Group”, valorado por la propia dependencia en 8,6 millones de pesos, de acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia. R3D había solicitado a la PGR toda la información de los contratos suscritos con Nunvav, pero el primer contrato, de terminación 159/2013 y que se da a conocer ahora, no fue incluido en la información que entregaron las autoridades. “Nos mienten y nos ocultan contratos todo el tiempo”, afirma Luis Fernando García, el director ejecutivo de R3D.

“Es un negocio redondo y para alguien que es señalado de ser corrupto, es el paraíso”, señala García. El especialista afirma que lo común es que empresas como Nunvav vendan “servicios” de espionaje a las agencias gubernamentales de seguridad, lo que les asegura una entrada constante de dinero por concepto de actualizaciones o mantenimiento, en medio de una gran secrecía y sin que sus clientes conozcan todos los pormenores de lo que les están vendiendo. “Por ser asuntos de seguridad nacional o procuración de justicia, se benefician de adjudicaciones directas y argumentan que todos esos contratos están reservados. Como es alta tecnología, pueden justificar un dispendio de altísimas cantidades de recursos públicos”, agrega. “Además, espían y utilizan esa inteligencia con fines políticos, económicos y para perpetuar esa ambición de poder y abuso de poder”, afirma. García asegura que estos contratos están “fuera de control” porque “facilitan la corrupción” y suponen una “invasión de la privacidad”.

El nexo García Luna-Weinberg

García Luna, hombre clave en la estrategia de la guerra contra las drogas durante el calderonismo (2006-2012), fue hallado culpable por un jurado de Nueva York de obtener sobornos millonarios del Cartel de Sinaloa, que comandaba Joaquín El Chapo Guzmán. A la par de ese juicio, el exsecretario fue denunciado en 2021 ante una corte de Florida por la UIF, que lo acusó de haber “robado” recursos del patrimonio nacional mediante los contratos que sus empresas y las de sus testaferros suscribieron con dependencias del Gobierno de Calderón y de Peña Nieto. Con esta demanda civil, el Estado mexicano intenta recuperar unos 750 millones de dólares obtenidos mediante 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018.

La UIF no incluyó en su demanda civil contra García Luna los dos contratos adjudicados por la Procuraduría a las empresas del exsecretario que ahora se presentan en esta investigación. Los medios mexicanos documentaron que la FGR, que ahora comanda Alejandro Gertz Manero, nunca apoyó la demanda de la UIF. Incluso, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación contra el entonces titular de la unidad antilavado, Santiago Nieto, por supuestamente no tener facultades para representar los intereses del Gobierno mexicano ante EE UU. La rivalidad política entre Gertz y Nieto se hizo patente en varias ocasiones.

La clave de la demanda de la UIF está en la relación entre García Luna y los Weinberg, documentada desde que el funcionario era parte del CISEN, la oficina de inteligencia civil más importante del Gobierno mexicano, en los años ochenta. El clan de Mauricio Samuel Weinberg López se dedicó a vender equipos de tecnología israelí a países de Latinoamérica. Él es referido como el dueño de Nunvav Inc., junto a su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su socio Natan Wancier, en la demanda de la UIF en Miami, en la que todos aparecen como demandados, incluso la empresa panameña. “Nunvav sirvió como el principal conducto para fondos desviados ilegalmente desde México”, acusó el Gobierno de México.

Los Weinberg tuvieron también un papel clave para facilitar la mudanza de García Luna a Florida: el exfuncionario vivió en lujosas propiedades de sus socios, hizo uso de un yate facilitado por ellos y fue apoyado para tramitar su naturalización como ciudadano estadounidense. Fue en medio de ese trámite cuando el exsecretario fue detenido en Texas a finales de 2019 para ser enjuiciado en Nueva York. En la demanda de la UIF en Florida, los familiares aparecen una y otra vez como dueños, directores de empresas o testaferros en el esquema de más de 40 empresas que la red de García Luna utilizó para comprar coches de alta gama, propiedades millonarias y triangular recursos desde México hacia Barbados, Israel y Estados Unidos.

Nunvav tenía una filial panameña, Nunvav Technologies Inc., que también es señalada como parte del esquema corrupto. El objetivo de las autoridades mexicanas es recuperar el dinero, que salió de las arcas públicas bajo la sospecha de corrupción, sobornos y redes de complicidad que facilitaron los desvíos. También hay otros tres procesos abiertos en la Fiscalía General de la República, han informado las autoridades. Las empresas fachada, pensadas como intermediarias, no solo permiten ocultar el rastro del dinero hasta García Luna, sino que dejan partes opacas en el proceso: se sabe que firmó Nunvav con la PGR, pero no qué beneficios acordó la compañía con sus proveedores de espionaje israelí. “Muy probablemente hubo moches, se inflaron precios, se ocultaron muchas partes que debieron ser públicas”, sostiene García.

Tecnología de punta para espiar

NICE promocionaba NiceTrack como una herramienta que “transforma datos de localización en inteligencia crítica para las misiones” de sus clientes, de acuerdo con un folleto filtrado por WikiLeaks. El software es capaz de reunir volúmenes masivos de datos en tiempo real y cruzar la información de rastreo con otras fuentes de información, como compras con tarjeta de crédito y datos de geolocalización satelital (GPS), “sin que el blanco se dé cuenta”. También arroja un historial de los lugares en los que ha sido ubicado un objetivo: si va a la iglesia los domingos, si duerme ocasionalmente fuera de casa, si se reúne en uno u otro lugar con sus colaboradores. “La localización no es trivial, a veces dice mucho más que el contenido de las comunicaciones”, afirma García.

“Ubique a quién sea, cuándo sea, dónde sea”, se lee en la lista de beneficios que ofrecía la compañía. La empresa de tecnología israelí presumía que había cerrado contratos con empresas y gobiernos de más de 150 países “para reducir el crimen y prevenir el terrorismo”. “Identifique nuevos blancos y sospechosos”, “cierre brechas de inteligencia” y “detecte incidentes sospechosos” eran también parte del menú de la compañía. Los programas de NICE fueron utilizados ampliamente por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cartera que García Luna dejó en diciembre de 2012 y que después convirtió en su cliente. La SSP adquirió NiceTrack a los Weinberg en 2009, cuando García Luna aún era secretario, en tres contratos valorados en 69 millones de dólares, adelantó R3D en 2020. Los convenios abarcaban la compra de la plataforma, complementos y la instalación del equipo.

Por su parte, el Sistema Laguna, comercializado por la empresa estadounidense Spectra Group, es una herramienta para la intercepción de frecuencias de radio y señales de teléfono en tiempo real. La última versión del equipo, que aún se promociona en su página web, promete una “extraordinaria tasa de éxito del 99,9%”. Su venta está “explícitamente restringida a miembros calificados de agencias de seguridad, entidades gubernamentales y la inteligencia militar, exclusivamente”. En noviembre de 2012, a pocos días del cambio de Gobierno, Nunvav vendió a la Secretaría de Seguridad ―que todavía dirigía García Luna― un servicio de soporte y mantenimiento del Sistema Laguna, semejante al contrato que suscribiria un año después con la PGR, aunque a un precio mucho mayor. Por ese contrato, la SSP pagó a la empresa de García Luna y sus testaferros 12 millones de dólares. Otros contratos aún no han visto la luz. “Solo vemos la punta del iceberg”, asegura García.

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