El Ejército mexicano espió con Pegasus al activista Raymundo Ramos para interferir en una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales

El Ejército mexicano espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el malware Pegasus en el contexto de una investigación sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos militares en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en la que el activista fungía como representante de las familias de algunas de las víctimas, de acuerdo con ...

El Ejército mexicano espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el malware Pegasus en el contexto de una investigación sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos militares en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en la que el activista fungía como representante de las familias de algunas de las víctimas, de acuerdo con una investigación de la organización R3D y un grupo de periodistas mexicanos. El objeto de la intervención ilegal de las comunicaciones de Ramos era proporcionar a la Policía Ministerial Militar información para desprestigiar al defensor, acusándolo, sin pruebas, de tener nexos con el Cartel del Noreste. La investigación de R3D revela dos puntos cruciales: que el Ejército cuenta con un área de inteligencia especializada en el uso de Pegasus y que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, estaba al tanto del uso del programa espía en contra de Ramos.

El 3 de julio de 2020, el Ejército informó de un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios del Cartel del Noreste, organización criminal que surgió tras una escisión de Los Zetas. La Sedena reportó en un comunicado que “resultaron 12 agresores reducidos”, amén de que se aseguraron armas largas y vehículos. No hubo ninguna baja del lado del Ejército. Días posteriores al enfrentamiento, familiares de tres de los hombres “reducidos” por los militares contactaron a Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A. C. El activista recibió información de que los tres habían sido víctimas de desaparición días antes del enfrentamiento. Se trataba de Damián Genovés Tercero, un migrante de Chiapas de 18 años; Ángel Núñez, un mecánico de 27 años, y Arturo Garza, estudiante de ingeniería de 19 años. “Los testimonios de los familiares de las víctimas ponían en tela de juicio la versión oficial del Ejército”, apunta R3D, Red por la Defensa de los Derechos Digitales.

El 24 de agosto, el periódico El Universal filtró un video grabado de la cámara corporal de un militar que participó en el “enfrentamiento”. Las imágenes mostraban el uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército y la ejecución extrajudicial de al menos una persona. “Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó en su conferencia matutina que se investigara el caso. La respuesta del Ejército fue espiar ilegalmente a Raymundo Ramos”, añade R3D.

La organización ha presentado este día documentos internos de la Sedena —obtenidos como parte de la filtración de Guacamaya— que muestran las evidencias del espionaje cuando ya estaba en curso la investigación, que encabezaba el propio Ejército conforme el fuero militar. Un oficio confidencial dirigido a “la Superioridad” (el general Sandoval) detalla los contactos que Ramos sostuvo entre el 14 y el 26 de agosto con diversas personas, varias periodistas, para compartirles información sobre el caso, desde las denuncias del padre de Damián Genovés por la desaparición y la muerte de su hijo hasta las declaraciones ministeriales de los elementos castrenses que participaron en los hechos. Al final del reporte de inteligencia, en el que se mencionaba insistentemente que Ramos tenía nexos con el Cartel del Noreste, se anotaba esta recomendación para el secretario de la Defensa: “Que este producto de inteligencia se proporcione con carácter confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”.

“Esto deja ver la verdadera intencionalidad de este espionaje, que es tratar de interferir con las investigaciones sobre los abusos cometidos el 3 de julio de 2020 que el presidente había ordenado que sucedieran. En lugar de investigar al personal militar involucrado en los abusos sucedidos el 3 de julio, el aparato militar se enfocó en espiar, estigmatizar y tratar de interferir con la verdad y justicia de ese caso, dirigiendo su inteligencia hacia Raymundo Ramos”, ha señalado este martes Luis Fernando García, director de R3D, en conferencia de prensa.

El informe de espionaje enviado a Sandoval fue elaborado el 2 de septiembre de 2020 por “una estructura militar secreta” denominada Centro Militar de Inteligencia (CMI), que tiene entre sus objetivos aportar a la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor “productos de inteligencia que se generen de la información obtenida en medios cerrados”. “Es decir —apunta R3D—, a través de la intervención a comunicaciones privadas”.

La ONG ha añadido a su investigación un reporte forense de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que confirmó que el teléfono de Ramos fue “puesto en la mira e infectado con el spyware Pegasus” entre el 18 de agosto y el 3 de septiembre, prácticamente en el mismo periodo en que el Ejército dio cuenta de sus intercambios con periodistas. El reporte de Citizen Lab vino a corroborar una primera alerta enviada por Apple a Ramos en la que le advertía de que su teléfono podía haber sido objeto de ataques “patrocinados por el Estado”. “Los atacantes están probablemente poniéndote en la mira a ti por quien eres o por lo que haces”, decía la alerta de la firma para el activista.

“El espionaje que lleva a cabo el Centro Militar de Inteligencia es absolutamente ilegal pues el Ejército carece de facultades legales para intervenir comunicaciones privadas de civiles”, dice la publicación de R3D. “Aun si las Fuerzas Armadas tuvieran dichas facultades, la Constitución requiere que cualquier intervención de comunicaciones privadas cuente con una autorización judicial federal previa”.

Raymundo Ramos ha condenado el espionaje del que fue objeto y ha advertido de que lo pone en riesgo a él, a su familia y las personas con las que ha intercambiado información. “No solamente me afectan a mí, sino que ponen en riesgo a las víctimas que confían en nosotros, que nos comparten información, que denuncian sus casos y que esperan ayuda de parte nuestra para que se haga justicia en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, violación, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos”, ha dicho en la conferencia de prensa. “Nos pone en riesgo a mis colaboradores, a mi familia, a mis fuentes de información, porque este espionaje no tiene límites, tienen recursos ilimitados para llevarlo a cabo [...] Eso nos da un temor fundado, porque no sabemos qué sigue. Si ya nos espiaron, si ya crearon una carpeta de investigación en el orden militar, ¿qué sigue? ¿Un atentado, una desaparición? No lo sabemos”.

El general Sandoval lo supo

Existen pocos datos sobre cómo opera el CMI del Ejército. Gracias a la filtración masiva de Guacamaya, documentación interna describe que su misión es “operar el Sistema de Inteligencia Militar para obtener y procesar información sensible sobre los temas que sean del interés del Alto Mando”, nombre clave para referir al titular de la Sedena. El CMI, consciente de que su operación es en las sombras, identifica como una “amenaza” el hecho de “que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro”.

R3D ha identificado quiénes son los mandos militares que participaron en la elaboración y revisión de la tarjeta informativa del 2 de septiembre de 2020 que da cuenta del espionaje ilegal a Ramos: Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Conrado Bruno Pérez Esparza, subjefe de Inteligencia del Estado Mayor, así como el director, el subdirector de análisis y un jefe de grupo del CMI, cuyos nombres fueron omitidos intencionalmente por la ONG por motivos de seguridad.

Otro documento desvelado por Guacamaya y en poder de la organización indica que el mismo 2 de septiembre, a las ocho de la noche, el secretario Sandoval se reunió en su despacho con el jefe del Estado Mayor, el subjefe de Inteligencia, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena y el comandante de la Policía Ministerial Militar —el mismo que investigaba a los soldados que participaron en el “enfrentamiento”—. El tema por abordarse en esa reunión, según el documento interno, era: “Nuevo Laredo, Tamaulipas”.

“No imaginaba yo que fuera el general secretario de la Defensa quien tuviera conocimiento de estos hechos. Por algún momento pensé que se trataba de operaciones que implicaban a mandos territoriales, pero con esta investigación que hoy se presenta sabemos que la información ha llegado a los más altos niveles de la Secretaría de la Defensa, y no solamente se les ha dado conocimiento, sino que obtuvieron autorización para realizar este espionaje en mi contra”, ha dicho Ramos. “Hago responsable al Ejército mexicano, al general secretario, de lo que nos pueda pasar a partir de este día, tomando en cuenta que no tienen a quién rendirle cuentas, que no tienen límites y que tienen todos los recursos para hacer con nosotros lo que ellos quieran”.

En 2017, aún durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se reveló que agencias de seguridad mexicanas habían contratado el malware Pegasus, comercializado por la firma israelí NSO Group a través de filiales mexicanas que actuaban como fachadas. La Administración de López Obrador ha asegurado que el software no se usa más con intenciones de espionaje, pero en octubre de 2022 se dio a conocer que el Ejército adquirió el programa y que lo usó para vigilar a periodistas y defensores de los derechos humanos.

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