El ‘rey del acero’ Alonso Ancira paga otros 54 millones de dólares por el ‘caso Agronitrogenados’

Alonso Ancira, dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), ha vuelto a desembolsar 54 millones de dólares para garantizar su libertad. El llamado rey del acero efectuó el segundo pago a Pemex de un total de 216 millones de dólares que debe pagar como parte del acuerdo reparatorio con el que consiguió salir de la cárcel luego de ser acusado por la petrolera de lavado de dinero por venderle a sobreprecio...

Alonso Ancira, dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), ha vuelto a desembolsar 54 millones de dólares para garantizar su libertad. El llamado rey del acero efectuó el segundo pago a Pemex de un total de 216 millones de dólares que debe pagar como parte del acuerdo reparatorio con el que consiguió salir de la cárcel luego de ser acusado por la petrolera de lavado de dinero por venderle a sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrogenados, en Veracruz. De acuerdo con fuentes allegadas a la empresa, el tercer y último pago por 112,5 millones de dólares se cubrirá en noviembre de 2023. Debido a que dejó en garantías las acciones de la empresa, de incumplir con el acuerdo, Ancira está en riesgo de perder su empresa, una de las mayores acereras del país.

Justo hace un año, el dueño de AHMSA realizó el primer pago por 54 millones de dólares, operación que se realizó desde un banco de San Antonio, Texas, a una cuenta bancaria de la paraestatal en territorio de Estados Unidos. El convenio, sin embargo, advierte que el acerero puede volver a pisar la cárcel y perder su compañía si no cumple con la reparación del daño causado a Petróleos Mexicanos. Un juez dictará la extinción de la acción penal contra el empresario hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones pactadas.

Ancira fue arrestado en mayo de 2019 en Palma de Mallorca acusado de cohecho y lavado de dinero relacionado con la trama de corrupción que dejaron los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en México. El empresario fue encarcelado en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, pero recuperó su libertad en abril de 2021 después de que pactara con Pemex el acuerdo reparatorio millonario y con ello un juez suspendiera el proceso en su contra.

La denuncia que persigue a Ancira tiene como epicentro el complejo industrial en Veracruz que AHMSA vendió en 2012 a Pemex, con el aval del entonces director de la petrolera, Emilio Lozoya. En ese entonces, tanto Lozoya como el empresario siderúrgico celebraron la compra-venta como una operación estratégica que volvería a poner en el tablero del negocio de fertilizantes a la empresa petrolera. Las dudas y sospechas sobre la transacción millonaria se confirmaron un sexenio después cuando en 2019, ya en el Gobierno de López Obrador, Pemex denunció ante la Fiscalía que el complejo industrial que adquirieron tenía inactivo más de 14 años y el valor de los activos era realmente de 58 millones de dólares y no de 275 millones de dólares.

Desde que recuperó su libertad, el llamado rey del acero que antaño figuraba en todos los congresos ha optado por alejarse de los reflectores mientras su empresa languidece. Al tercer trimestre del año, AHMSA reportó una pérdida neta de más de 4.000 millones de dólares. En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía precisó que ante la contracción de precios en el mercado internacional del acero y menos flujos operativos estaban buscando financiamientos para incrementar la producción y recuperar posición financiera.

Mientras Ancira ya ha desembolsado más de 100 millones de dólares para no volver a pisar la cárcel, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sigue en espera de ser juzgado por el caso Agronitrogenados. Lozoya, uno de los hombres más cercanos del entonces presidente priista Enrique Peña Nieto, en este caso está acusado de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al igual que Ancira, la defensa de Lozoya busca liberarlo la cárcel a través de pactar un acuerdo reparatorio con la petrolera por 3,4 millones de dólares. Sin embargo, una jueza ha dejado en suspenso el proceso ante la muerte de un testigo clave en el caso.

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