Propiedades en el extranjero y empresas en paraísos fiscales: la riqueza del clan Murillo Karam bajo la lupa

El clan familiar del exprocurador de justicia mexicano Jesús Murillo Karam, de 71 años, está en el ojo del huracán. En prisión desde el pasado agosto por el caso Ayotzinapa, quien estuvo al mando de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia (PGR) con Enrique Peña Nieto ha entrado en la mira de las autoridades junto a su círculo más cercano por su patrimonio millonario. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ...

El clan familiar del exprocurador de justicia mexicano Jesús Murillo Karam, de 71 años, está en el ojo del huracán. En prisión desde el pasado agosto por el caso Ayotzinapa, quien estuvo al mando de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia (PGR) con Enrique Peña Nieto ha entrado en la mira de las autoridades junto a su círculo más cercano por su patrimonio millonario. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le denunció esta semana por operaciones con recursos de procedencia ilícita tras una investigación realizada a raíz de los Pandora Papers. Detrás del arquitecto de la verdad histórica emerge una red de empresas y propiedades en el exterior, de acuerdo a una investigación de EL PAÍS.

Los documentos que formaron parte de la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y de la que formó parte este periódico, señalan que el hijo del exprocurador Jesús Murillo Ortega, de 51 años, formó una sociedad en marzo de 2014 en Panamá con su entonces esposa, Valentina Davo. El objetivo de la compañía, llamada Sweet Land Ltd., era administrar inversiones en bienes raíces. Los fondos con los que contaban era un millón de dólares, que provenían de ahorros personales, según reportó la pareja, que además dijo que él era constructor y ella ama de casa. La sociedad fue dada de alta a través de un despacho de abogados en Miami que contrató a su vez los servicios del proveedor de firmas offshore Overseas Management Company.

Para abrir la offshore, Murillo Ortega y Davo tuvieron que presentar certificados emitidos por varias entidades bancarias, entre ellas Santander y Citibanamex, en las que se establecía que eran clientes “muy bien conceptuados” que residían en Ciudad de México. “No tenemos problema en recomendarlo como una persona con moral y solución económica”, dice una de las cartas de referencia. Entre los datos que dejaron en el formulario está la dirección de su casa, un lujoso departamento en el acomodado barrio de Polanco, frente al Bosque de Chapultepec, en una torre donde las propiedades cuestan más de cuatro millones de dólares.

Davo, también de 51 años, posee además una compañía en Florida, Estados Unidos, desde 2016 bajo el nombre de Valod LLC. Consultado sobre la empresa abierta en un paraíso fiscal, el hijo del exprocurador aseguró que nunca había sido utilizada. “En ningún momento llevó a cabo operación, actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, e incluso ni siquiera aperturó una cuenta de banco y fue disuelta prácticamente desde su inicio, derivado del término de mi vínculo matrimonial con mi entonces socia y pareja”, respondió al equipo de investigación.

La riqueza del exprocurador mexicano fue expuesta esta semana por la UIF, que ha señalado que, entre 2020 y 2021, Murillo Karam transfirió 26,5 millones de pesos a cuentas propias en el extranjero sin declarar los recursos al fisco en México, y en 2017 recibió 2,8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. La bonanza del clan familiar ha quedado retratada además en una serie de compra y venta de casas y departamentos en Estados Unidos durante la última década por un valor global de más de ocho millones de dólares. Una investigación de EL PAÍS muestra que los mismos familiares que se enriquecieron durante el mandato de Murillo Karam al frente de la PGR efectuaron negocios inmobiliarios al amparo de su poder.

Se trata de siete casas y departamentos ubicados en ciudades de Texas y Florida. Las propiedades fueron adquiridas a través de compañías constituidas en EE UU específicamente para efectuar las transacciones y en las que figuran como accionistas los integrantes de la familia Murillo. En los documentos de propiedad y fiscales de las compañías y los inmuebles aparecen el hijo del exprocurador; sus hermanos José Gerardo y Edgar Daniel Murillo Karam; su yerno Gerardo Saade Kuri, y sus sobrinos Patricia y Alejandro González Murillo, y Edgar Daniel Murillo Solana, de acuerdo con los registros públicos estadounidenses.

Jesús Murillo Ortega compró un piso en un condominio ubicado en Hollywood Beach, al norte de Miami, el 22 de abril de 2015, al poco tiempo de que su padre dejó la titularidad de la entonces Procuraduría para asumir como secretario de Desarrollo Agrario, un enroque del Gobierno de Peña Nieto para contener el descontento por el desastre en la investigación del caso Atoyzinapa. Murillo Ortega adquirió su departamento por 766.900 dólares a través de la empresa KD Beach LLC, que constituyó en Florida el 11 de octubre de 2014 con su entonces esposa. En 2020 lo vendió a un precio de 610.000 dólares.

Al momento de comprar propiedades y abrir empresas en EE UU, el hijo del exprocurador gozaba en México de una repentina bonanza empresarial. El origen del dinero del clan Murillo, al menos en parte, provenía de contratos públicos que se otorgaron a empresas familiares —Kouro Desarrollo S.A. de C.V. e Itrio Arquitectos S.A. de C.V.— entre 2013 y 2015, cuando Murillo Karam estuvo a cargo de la Procuraduría y luego de la Secretaría de Desarrollo Agrario. En los tres años en que ejerció cargos públicos, ambas empresas hicieron crecer sus ingresos por contratos del Gobierno un 537% y un 387% respecto del sexenio anterior, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La UIF ha señalado que la firma Kouro, que ha dirigido Murillo Ortega, se benefició con contratos particularmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el fallecido Gerardo Ruiz Esparza, mientras el hijo de este trabajaba como secretario particular de Murillo Karam en la PGR. “Posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde, a través de influencias, se benefició con contratos a la empresa familiar”, ha sostenido la unidad. Además, la autoridad hacendaria ha apuntado que Kouro registró como domicilios fiscales sedes fachada; reportó al fisco ganancias mínimas, lo que podría configurar el delito de evasión de impuestos, y efectuó envíos y recepción de recursos con empresas fantasma, es decir, que no cuentan con infraestructura y simulan prestar servicios.

En la firma Kouro figura como socia otra hija del exprocurador, Sandra Georgette Murillo Ortega, así como el esposo de esta, Gerardo Saade Kuri, y un primo, Carlos Castañeda Murillo, según documentación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. La otra empresa familiar, Itrio Arquitectos, fue constituida por dos sobrinos del exfuncionario, Patricia González Murillo y Gerardo Roqueñí Murillo, y un cuñado, Edmundo González González. Esta compañía ha sido dirigida por Alejandro González Murillo, exdiputado federal y también sobrino.

Bonanza inmobiliaria

Gerardo Saade Kuri, yerno del exprocurador y socio de su hijo, constituyó en Florida la empresa Divan USA LLC, a través de la que adquirió, el 27 de noviembre de 2018 —a tres días de que concluyera el Gobierno de Peña Nieto—, un piso en el condominio The Harbour, en el norte de Miami Beach, a un costo de 890.000 dólares.

Patricia y Alejandro González Murillo son hijos de Faride Murillo Karam —hermana del exprocurador— y Edmundo González González. Ambos hermanos son administradores de las empresas Grupo GM LLC, constituida en junio de 2020, y Grupo GM 2 LLC, formada en mayo de 2021, las dos en Florida. A través de la primera firma, adquirieron, en mayo de 2021, un piso en el condominio localizado en el distrito financiero de Brickell, en Miami. Comprado a un precio de 400.000 dólares, lo vendieron en agosto de este año por 529.000 dólares. Los hermanos aún poseen una propiedad adquirida mediante su segunda compañía en el Icon Brickell Condo, también en Miami, que compraron en junio de este año a un precio de 1,1 millones de dólares.

Otros familiares del exprocurador también han hecho negocios inmobiliarios en Estados Unidos. En 2008, cuando Murillo Karam era senador por el PRI, sus hermanos José Gerardo y Edgar Daniel compraron dos casas en el fraccionamiento Cibolo Canyons, en San Antonio, Texas. En 2015, el mismo año que el hijo del exfuncionario adquirió su departamento en Florida, los hermanos vendieron sus propiedades.

El 25 de abril de 2015, José Gerardo Murillo Karam vendió una casa de la calle Sunset Cliff, en San Antonio, por 364.411 dólares a la empresa Mayol Investments LLC, constituida en Texas y propiedad de Jorge Márquez Alvarado. Hidalguense como la familia Murillo, Márquez Alvarado se convertiría ese año en diputado federal por el Partido Verde, que entonces era aliado del PRI. En Tulancingo, en el Estado de Hidalgo, es propietario junto con su familia de la compañía Corporación Mayol S.A. de C.V.

El otro hermano del exprocurador, Edgar Daniel, formuló otro esquema para la transacción de su propiedad, localizada también en Sunset Cliff. El 30 de octubre de 2015 la vendió a la empresa Grandem Investments Inc., creada por él y por su hijo, Edgar Daniel Murillo Solana. La transacción fue por 424.410 dólares. El 8 de octubre de 2021, mediante una filial de su firma en Florida, adquirieron un departamento del condominio ubicado al lado de las Torres Trump de Miami, en Sunny Isles Beach. La propiedad les costó 4,2 millones de dólares.

La investigación que inició la UIF comenzó a partir de un análisis de las personas políticamente expuestas de México cuyos nombres aparecieron en los Papeles de Pandora, según dijo la Secretaría en un comunicado. Otros personajes políticos que tenían empresas offshore, de acuerdo a la investigación, eran Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador; Jorge Arganis, secretario de Comunicación y Transporte durante los primeros años de este sexenio; y el senador oficialista Armando Guadiana. De todos esos nombres, las autoridades han reconocido únicamente investigar a Murillo Karam. La Fiscalía General de la República es la encargada ahora de desentramar ese esquema millonario del que apenas se conoce la superficie.

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