Un estudio sitúa al Estado de México como la entidad con mayor impunidad en el país
El informe coloca a Baja California Sur como el territorio del país en el que se imparte más justicia ante los delitos
El Estado de México es la entidad del país en la que menos personas reciben una pena tras haber cometido delitos, según señala Estructura y Función de la Impunidad en México, un estudio publicado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP). El análisis clasifica por puntuación los grados en los que existe una mayor o una menor impunidad en los 32 territorios del país. Así, con 74,55 puntos, el Estado de México se sitúa 14 puntos p...
El Estado de México es la entidad del país en la que menos personas reciben una pena tras haber cometido delitos, según señala Estructura y Función de la Impunidad en México, un estudio publicado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP). El análisis clasifica por puntuación los grados en los que existe una mayor o una menor impunidad en los 32 territorios del país. Así, con 74,55 puntos, el Estado de México se sitúa 14 puntos por encima de la media nacional, que está en los 60,08 puntos. En lo más bajo de la tabla, con 49,09 puntos, se encuentra Baja California Sur, en este Estado, más personas reciben castigos por haber cometido delitos.
La investigación sostiene que ninguno de los territorios de México se pueda clasificar dentro del grado de “impunidad baja”. La institución cuenta que esta situación se produce no solo por la falta de recursos “humanos, físicos y monetarios”, sino también por “falta de capital humano calificado” que puede suponer “un obstáculo para implementar políticas públicas, el desarrollo humano, social y económico”. Indica que para erradicar la impunidad se requieren “políticas públicas basadas en evidencia”.
El análisis refleja que el número de encarcelados por homicidios en el país “ha aumentado”, aunque señala que la cifra “sigue siendo baja”. Mantiene que los ministerios públicos estatales continúan sufriendo “un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos de la población en el país”. México terminó el 2021 con un total de 35.625 homicidios, según los datos del Instituto Nacional de Geografía (Inegi).
El país ha conseguido mejorar sus resultados frente a 2018, fecha del informe previo, y ha reducido nueve puntos su índice de impunidad, que entonces era de 69,08. A pesar de ello, indican que los datos no son comparables, debido a que la institución ha cambiado la metodología tras añadir la variable de los derechos humanos, que ha provocado grandes cambios. Un ejemplo de ello es el de Baja California Sur. La entidad pasó de ocupar el puesto 20 en 2018 a ser el que mejores resultados tiene en 2022. Es el caso contrario al de Tamaulipas, que ha descendido del segundo puesto con mayor impunidad a estar por debajo de la media nacional con 59,55 puntos.
El estudio clasifica en cuatro grados los Estados: muy alta, alta, media y media baja. Así, las entidades dentro del grado “muy alta” de impunidad son: Estado de México, Baja California, Veracruz, Puebla, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Aguascalientes, Chiapas, e Hidalgo; las que se sitúan dentro de la división “alta” son: Nuevo León, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Durango, Quintana Roo, Sonora, Guanajuato, Tamaulipas y Tabasco; las de la “media” son: Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Chihuahua, Zacatecas y Nayarit; y, por último, dentro de la “media baja” se sitúan: Campeche y Baja California Sur.
A nivel internacional, la UDLAP recogió datos de 2020, en los que se señalaba que México era el noveno país con mayor nivel de impunidad de los 69 analizados. Con 49,67 puntos, el país quedaba lejos de los 39,9 puntos de la media global. Eslovenia, el país en el que se imponían más penas por los delitos, contaba con 20,26.
En América, México se situaba como el cuarto país con mayor impunidad, aunque el estudio no cuenta en esa clasificación otros países como Argentina, República Dominicana, Brasil o Venezuela al clasificarlos bajo el grado de “impunidad estadística”, luego de que no aportaran cifras claras a Naciones Unidas.
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