Parlamento abierto sobre la reforma energética: una lucha por la narrativa sin claro vencedor

México debate con pasión un tema tan poco atractivo como es la electricidad. Durante mes y medio, la reforma energética propuesta por el Gobierno ha sido objeto de un largo “parlamento abierto” en la Cámara de Diputados. Académicos, asociaciones empresariales y hasta un monero han expuesto sus opiniones sobre la iniciativa, con la notable ausencia de las grandes empresas del sector. El debate, desde luego, no siempre ha sido técnico; la batalla se juega sobre todo en la narrativa: “soberanía energética” o “expropiación”, “fortalecimiento de la CFE” o “monopolio estatal”. Aun así, los fo...

México debate con pasión un tema tan poco atractivo como es la electricidad. Durante mes y medio, la reforma energética propuesta por el Gobierno ha sido objeto de un largo “parlamento abierto” en la Cámara de Diputados. Académicos, asociaciones empresariales y hasta un monero han expuesto sus opiniones sobre la iniciativa, con la notable ausencia de las grandes empresas del sector. El debate, desde luego, no siempre ha sido técnico; la batalla se juega sobre todo en la narrativa: “soberanía energética” o “expropiación”, “fortalecimiento de la CFE” o “monopolio estatal”. Aun así, los foros han acercado una discusión compleja a la ciudadanía y eso, coinciden ambas partes, es mejor que nada.

El foro puso frente a frente, por primera vez, a dos polos de la discusión. A mediados de enero, después de haber acusado a las empresas energéticas de “saqueo” y “robo”, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se sentó a unos metros de José Abugaber, presidente de la Confederación de cámaras industriales (Concamin). Bartlett tiró del repertorio habitual; dijo que la liberalización de la generación buscaba “el despojo” y la “desaparición” de la CFE, pero en un tono casi amistoso afirmó que la paraestatal era “la empresa de los industriales mexicanos” y que no habría apagones. Abugaber, el único representante del sector privado en la sala, defendió la legalidad de los contratos y los beneficios de la competencia.

Hay un abismo entre las dos opiniones pero al menos hubo intercambio. Eso supone un respiro en un debate polarizado cuyos fuegos el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de avivar. “Se va a saber quiénes están a favor de que se fortalezca la CFE, que es una empresa pública, y quiénes están a favor de Iberdrola y de las empresas extranjeras”, dijo en enero. El mandatario está acostumbrado a marcar la agenda política del país desde su mañanera y hasta ahora había definido los términos del debate sobre esta reforma que busca limitar la participación privada: patriotas frente a traidores.

Los foros, dice el analista Severo López-Mestre, han ayudado a quitarle un poco de protagonismo a López Obrador. “En la cancha que se está jugando, la simbólica y política, se está en un mejor lugar con el foro que sin él. Me parece que ya fluye información más allá de un solo micrófono, el que tenía el presidente”, asegura el experto, que también participó en el debate. “Para los que están a favor de la reforma, ha sido una tentativa de hacer una caja de resonancia política más grande aún. Y para los que están en contra ha sido útil porque sabían que si no iban a la opinión pública, en la narrativa estaban perdidos”.

El argumento político ha ahogado a veces el técnico. En uno de los debates más recientes, dedicado a los comunicadores, una joven experta en energía, Alice Landin, presentó datos sobre la amenaza climática y criticó que el Estado “quede a cargo” de la transición energética, como plantea la reforma. “Estamos en una emergencia y no podemos estar peleándonos de que si la CFE o las empresas. Tenemos que incluir a todos los participantes”, dijo. A continuación, Rafael Barajas, viñetista de La Jornada y cercano de López Obrador, cargó contra lo que denominó los “partidarios de la privatización” y dijo que las leyes actuales estaban hechas para favorecer a multinacionales como Iberdrola. Se le unieron Pedro Miguel, otro amigo del presidente, y la youtuber Meme Yamel.

Pese a su alarma por la reforma, las grandes empresas privadas decidieron no participar en el parlamento abierto para evitar un encontronazo. Dejaron en manos de las asociaciones la defensa del sistema actual. “Si fuese un foro técnico, todavía, pero no tenemos encaje como está planteado. Quieren lincharnos”, justifica a este periódico el máximo ejecutivo de una de ellas. López-Mestre considera que esa postura ha sido un error: “Las empresas han otorgado terreno. No les ha interesado comunicar a la opinión pública los aciertos, lo que han invertido, la tecnología que han traído. La energía es política”. “Me preocupa que hayan desistido. Algunos nos informaron por escrito, otros sencillamente no acudieron a nuestro llamado”, reclamó Rubén Moreira, el diputado del PRI que encabeza las discusiones.

En el debate dedicado a los grandes generadores, solo participó el dueño de una pequeña planta fotovoltaica de 16 MW. El empresario trató de llenar el vacío dejado por las multinacionales presentando su caso con firmeza: “No me he asociado con ninguna empresa extranjera, pagamos costos de transmisión a la CFE, eliminamos 62.000 toneladas anuales de CO2 y como premio quieren dar preferencia en el despacho a los combustibles fósiles. Creí en un marco regulatorio… ¿cómo explico a los bancos que no me alcanza para pagarles con estos cambios?”. También habló un asesor del Grupo Bachoco que se enzarzó en un intercambio tenso con Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. “¿Por qué no vino tu jefe?”, le espetó el diputado.

Hasta hace poco, el desconocimiento sobre el contenido de la iniciativa era grande. En una encuesta de finales de octubre de la consultora Gabinete de Comunicación Estratégica, se reveló un apoyo del 64% a la reforma pero, al mismo tiempo, se señaló que un 86% estaba a favor de una mayor participación de energías limpias. La contradicción es evidente: la reforma da prioridad a las plantas termoeléctricas de la CFE sobre las centrales eólicas y solares privadas. No está claro si los debates han despejado la neblina.

En cualquier caso, los buenos datos de audiencia muestran que por lo menos hay interés. Canal 11 y Canal 14, ambos públicos, han registrado audiencias por encima de los 100.000 espectadores durante la transmisión de varios de los foros. En el debate del 23 de febrero, se llegó a los 621.000. “Se puede hacer mucho más en términos de difusión, pero para sorpresa incluso de quienes veían con suspicacia la transmisión de estos debates, han tenido muy buena audiencia”, afirmó durante el parlamento abierto Jenaro Villamil, presidente del sistema público de radiodifusión.

Detrás de esta aparente voluntad de diálogo, se percibe un intento por ganar tiempo. Morena y sus aliados no tienen los votos para aprobar la reforma. Esta situación contrasta con las iniciativas constitucionales que el Ejecutivo impulsó durante el primer año del sexenio. La creación de la Guardia Nacional, por ejemplo, gozó de un apoyo casi unánime entre los partidos y, pese a las críticas de la sociedad civil, el parlamento abierto duró solo cinco días en el Senado y otros cinco en la Cámara de Diputados.

No ha habido prisa esta vez. El parlamento abierto ha terminado este el lunes, después de haber sido ampliado dos semanas más de lo previsto. Lo que no queda claro a partir de ahora es el calendario de discusión en el Congreso. Morena, la formación de López Obrador, quiere tener aprobada la iniciativa en abril y se ha mostrado dispuesta a modificar ciertos puntos para conseguir más apoyos. Sin embargo, el PRI, cuyos diputados son necesarios, ha afirmado querer posponer la discusión hasta pasadas las elecciones estatales de junio.

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