Sentencia reducida para un capo del cartel relacionado al caso del general Cienfuegos

El caso del general Salvador Cienfuegos aún tiene repercusiones en Estados Unidos. Deovaldo Gutiérrez Alfaro, alias El Leoba, miembro del cartel del H2, una organización criminal con la que se relacionaba al exsecretario de Defensa mexicano, consiguió una sentencia reducida al argumentar que no podía reci...

El caso del general Salvador Cienfuegos aún tiene repercusiones en Estados Unidos. Deovaldo Gutiérrez Alfaro, alias El Leoba, miembro del cartel del H2, una organización criminal con la que se relacionaba al exsecretario de Defensa mexicano, consiguió una sentencia reducida al argumentar que no podía recibir una pena mayor después de que las autoridades estadounidenses decidieran no perseguir las acusaciones contra Cienfuegos por narcotráfico. Las miradas están puestas en más de una veintena de personas involucradas en la misma causa judicial que pueden escudarse exactamente bajo el mismo argumento para buscar castigos menores, en medio de una investigación que los fiscales han extendido por años y que describe a los H2 como un grupo “violento” y con “numerosas células de distribución de droga” en ese país.

Estados Unidos sacudió México con la detención de Cienfuegos, arrestado el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles. El jefe del Ejército mexicano fue acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas al norte del río Bravo, además de lavar el dinero derivado de estas operaciones ilícitas. Las investigaciones se referían al general como El Padrino y lo señalaban de colaborar con el cartel del H2 entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, cuando aún estaba en el cargo durante la Administración de Enrique Peña Nieto. La reacción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue furiosa y amagó con terminar la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico, al alegar que no había sido avisado de la orden de aprehensión contra el militar. Después de 33 días de batalla diplomática y encierro en una cárcel de Brooklyn, Cienfuegos volvió a su país. Estados Unidos aceptó retirar los cargos para que fuera juzgado en México, pero a las pocas semanas de aterrizar fue exonerado por la justicia mexicana.

La crisis diplomática entre ambos países, la mayor que ha habido en décadas, quedó atrás al cabo de los meses, pero no frenó la investigación de Estados Unidos al cartel del H2. “Con la sentencia de hoy, el acusado es hecho responsable de conspirar para traficar grandes cantidades de heroína y otras drogas peligrosas a Estados Unidos y por transmitir cientos de miles de dólares a partir de movimientos ilegales entre Estados Unidos y México”, se lee en un comunicado del Departamento estadounidense de Justicia, publicado el pasado 21 de diciembre, sobre El Leoba. Gutiérrez Alfaro admitió ser un operador financiero y canalizar el dinero obtenido por el grupo criminal de vuelta a México, así como coordinar la distribución de la droga en EE UU. Fue sentenciado a cinco años de cárcel.

Lo que no recibió cobertura mediática en este último mes fue cómo se llegó a esa sentencia. “Esperábamos un castigo de alrededor de 10 años, incluso mi cliente estaba preparado para recibir mucho más que cinco años de cárcel”, reconoce Steve Zissou, el abogado del capo, quien defiende que su cliente era un “don nadie” comparado con cómo se representó a Cienfuegos durante la investigación de los H2. “El argumento que dimos fue cómo le vas a dar a mi cliente una sentencia de tantos años, cuando el Gobierno ni siquiera procesó al general”, explica Zissou.

El representante legal fue, incluso, más allá. En el memorándum de sentencia, un documento en el que la defensa puede presentar sus argumentos para recibir una pena menor, Zissou reclamó: “La ausencia completa de cualquier castigo contra El Padrino del mismo cartel justifica que se deje ir a mi cliente por el tiempo que ya ha cumplido en prisión”. En entrevista con EL PAÍS, el abogado simplifica su razonamiento. “El general era ciertamente parte de la conspiración que se juzga en este caso, al menos eso se puede suponer al leer los cargos que se le imputaban”, reclama, “si él no va a ser castigado, ¿por qué Gutiérrez Alfaro tiene que estar en prisión cinco años?”. Gutiérrez Alfaro fue detenido en marzo de 2019 en México y extraditado en noviembre de ese mismo año, pero su juicio se retrasó por la pandemia.

La decisión de Carol Bagley Amon, la misma jueza que dio luz verde a desestimar los cargos contra Cienfuegos y enviarlo de regreso a México, fue darle una sentencia menor a la que habría recibido en circunstancias normales. ¿Por qué? Desde los años ochenta hubo un esfuerzo por tener criterios uniformes para las sentencias que se imponían en Estados Unidos. La idea era reducir las discrepancias en los castigos: que una persona no recibiera una pena más o menos severa que otra que hubiera cometido el mismo delito en otro Estado. Ese esfuerzo derivó en las United States Sentencing Guidelines, un documento con las pautas a considerar al formular una sentencia y que da una base, por ejemplo, de cuántos años de cárcel debe pasar una persona al cometer un delito.

Las pautas indicaban entre 70 y 87 meses de cárcel para los cargos que enfrentaba El Leoba, pero la desestimación de los cargos contra Cienfuegos en Estados Unidos por acusaciones similares creaba una discrepancia de esos criterios de castigo dentro del mismo caso, según la defensa. Los fiscales no estaban de acuerdo y argumentaron que el envío a México del general fue un caso “excepcional”. “[El caso contra Cienfuegos] fue desestimado a la luz de circunstancias únicas y sensibles de la relación bilateral entre Estados Unidos y México”, argumentó la Fiscalía. “Si el proceso contra el general Zepeda [el segundo apellido de Cienfuegos] hubiera derivado en una condena basada en los cargos que se le imputaban, habría recibido sin lugar a duda una sentencia mucho mayor a lo que dictan los rangos de las pautas que aplican para el acusado [Gutiérrez Álfaro]”, agregaron para defender que ese criterio no aplicaba.

El razonamiento de la jueza para dar su fallo no se ha hecho público. Para Zissou, no obstante, la sentencia reducida de Gutiérrez Alfaro es una consecuencia directa de la decisión que se tomó con Cienfuegos. “Procesar y acusar a un general y exsecretario de Defensa implica mandar un mensaje, no hay duda sobre eso”, señala el abogado. “Del mismo modo, mandarlo de regreso a su país manda otro mensaje, que es a los poderosos no se les juzga”, opina. “La decisión de dejar ir a Cienfuegos socava otras investigaciones judiciales y, en mi opinión, socava también todo el asunto de la guerra contra las drogas en Estados Unidos”, asevera.

El caso de El Leoba tenía poco interés mediático. No parece haber ocupado un lugar alto en la jerarquía del cartel, no era parte de las organizaciones criminales más poderosas de México y ya se había declarado culpable desde julio pasado. Pero la figura de Cienfuegos estuvo presente hasta el día de la sentencia. Además, su arresto, como el del general, se logró gracias a una operación de gran escala de escuchas telefónicas que, según fuentes cercanas a la investigación, pudieron tener un papel central en la causa paralela contra Cienfuegos. Así lo demostraron los documentos compartidos por el Gobierno de López Obrador sobre las pruebas que había contra el general en Estados Unidos y que el propio presidente acusó a la DEA de “fabricar”.

Es pronto para hablar de que la decisión de la jueza siente un precedente legal, apenas ha pasado un mes. Sin embargo, en la opinión de Zissou, es probable que otros abogados que defiendan a personas involucradas en este caso utilicen el mismo argumento. También implica un cambio de criterio de cómo se han impartido las condenas en el caso. José Dagoberto Pérez, acusado de ser “químico” de los H2, recibió 10 años de cárcel como parte de la misma investigación en 2018, dos años antes de que Cienfuegos fuese arrestado. Para diciembre de 2021, el Leoba recibió una condena menor a la que se podía esperar. “Ahora, la barra está más baja para los involucrados que sigan en el caso”, asegura Zissou antes de concluir la llamada. La investigación en Estados Unidos contra el cartel, ligado a la organización de los Beltrán Leyva, se remonta a 2013.

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