La justicia decide el futuro de Rosario Robles tras más de dos años en prisión preventiva

El caso ha seguido los raíles de una montaña rusa y enfila ahora una curva decisiva. Rosario Robles, secretaria de Estado de dos carteras bajo la Administración de Enrique Peña Nieto, cumplió en agosto dos años de prisión preventiva por una trama de desvíos millonarios conocida como La Estafa Maestra. La investigación, que estuvo estancada durante meses, ha pasado desde marzo por distintos giros de guion, de las negociaciones entre la acusada y la Fiscalía General de la República (FGR) a una oferta que estuvo a punto de cerrar la carpeta. Robles propuso inicialmente declararse culpable de los ...

El caso ha seguido los raíles de una montaña rusa y enfila ahora una curva decisiva. Rosario Robles, secretaria de Estado de dos carteras bajo la Administración de Enrique Peña Nieto, cumplió en agosto dos años de prisión preventiva por una trama de desvíos millonarios conocida como La Estafa Maestra. La investigación, que estuvo estancada durante meses, ha pasado desde marzo por distintos giros de guion, de las negociaciones entre la acusada y la Fiscalía General de la República (FGR) a una oferta que estuvo a punto de cerrar la carpeta. Robles propuso inicialmente declararse culpable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión por un fraude que, en todas sus ramificaciones, supuso el desfalco de más de 400 millones de dólares. A cambio, pedía una reducción de condena de 21 a seis años. No pasó ni una semana y la exfuncionaria rectificó, declaró su inocencia y optó por ir a juicio, ya que según su abogado la Fiscalía tenía la intención de mantenerla en la cárcel en cualquier caso.

Este miércoles la justicia mexicana debe definir si la exsecretaria de Desarrollo Agrario y de Desarrollo Social sigue detenida en el penal de Santa Martha o si le levanta esta medida cautelar durante el proceso. Robles compareció ante el juez el 13 de agosto de 2019 para escuchar los cargos de los que se le acusaba. El juez abrió un juicio penal y le impuso prisión preventiva. El alcance simbólico de ese arresto fue enorme, puesto que se trataba de la primera decisión de calado para perseguir la corrupción bajo la última Administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La lucha contra la descomposición y las malas prácticas en el sistema público es una de las principales banderas del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, Morena. A esa detención le siguió, meses después de la de Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex entre 2012 y 2016.

Sin embargo, 26 meses más tarde todavía no hay claridad sobre la evolución del juicio de Robles y el letrado de la acusada, Epigmenio Mendieta, ve desproporcionada la medida de prisión cautelar. Según la defensa, además, no existe riesgo de fuga, el arraigo familiar de Robles en México está probado y la antigua dirigente, que fue una de las fundadoras del PRD, no cuenta con recursos suficientes para irse. Al ganar un amparo a principios de mes se abre la puerta a que pueda defenderse en libertad.

Para entender la la importancia del caso hay que tener en cuenta el contexto. La llamada Estafa Maestra fue destapada por una investigación periodística en la última etapa del Gobierno del PRI. El trabajo, ganador en 2018 de los Premios Ortega y Gasset, que concede EL PAÍS, dejó al desnudo una trama de desvíos de fondos públicos principalmente a través de Pemex y el Banco Nacional de Obras. La defraudación, no obstante, involucró a decenas de dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social, que estuvo dirigida por Robles entre 2012 y 2015. Las acusaciones en su contra partieron del delito de cohecho y se rebajaron finalmente al de omisión en el ejercicio de su cargo. Al margen de las consideraciones jurídicas sobre el tipo penal, se ha cuestionado que la exfuncionaria se convirtiera en una suerte de chivo expiatorio y sobre ella recayera buena parte del peso del caso. Sobre todo, cuando también esta investigación afecta también a la gestión de un peso pesado como Lozoya, quien además está investigado por el caso Odebrecht.

El exdirector de Pemex fue detenido en febrero de 2020 en una urbanización de lujo cerca de Málaga, en España, por cohecho y lavado de dinero. En julio del año pasado el político fue extraditado a México. Al aterrizar, ingresó en una clínica privada por problemas de esófago, aseguró. Desde entonces, no ha pisado la cárcel y ha tenido la oportunidad de colaborar con la justicia, una opción que por ejemplo Adriana Greaves, cofundadora de la plataforma de abogados TOJIL, rechaza porque en su opinión refleja un agravio comparativo, es decir, una interpretación de la ley para ciertas figuras, como también ocurrió en caso de Alonso Ancira.

Hace diez días unas fotografías de Lozoya comiendo en un restaurante de lujo de la Ciudad de México desató una tormenta política precisamente por las premisas del caso y porque da la idea de una aplicación discrecional de las medidas cautelares. El exdirectivo de Pemex, que es presentado por su defensa como un simple engranaje de La Estafa Maestra y de la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, tiene la obligación de llevar un brazalete electrónico y cada dos semanas debe acudir en el juzgado a firmar. Pero al mismo tiempo puede afrontar en libertad el desarrollo de la investigación, que no ha registrado avances significativos desde que empezara el procedimiento de instrucción.

El mandatario habló de conducta “inmoral” y calificó esa comida de ser un “acto de provocación”. Aun así, concedió durante una de sus conferencias de prensa matutinas que no lo tiene prohibido pese a su condición de testigo protegido. “Creo que es legal”, dijo. La difusión de las imágenes, captadas por la periodista Lourdes Mendoza y que corrieron como la pólvora en las redes sociales, se dio precisamente días después de la concesión del recurso de amparo a Rosario Robles. La audiencia, convocada para las cinco de la tarde de este miércoles, definirá su futuro en el proceso y, con toda probabilidad, tendrá también un impacto en la percepción de la administración de justicia.

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