Un ex alto cargo denuncia desvíos por 1.000 millones de pesos durante la Administración de Mancera
Miguel Ángel Vázquez Reyes, exsubsecretario de Administración y ahora testigo protegido, señala como beneficiarios a una red de exfuncionarios del Gobierno de Ciudad de México
Un antiguo colaborador ha asegurado que una red de funcionarios del Gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) desvió alrededor de 1.000 millones de pesos (unos 50 millones de dólares) del erario público en Ciudad de México. Miguel Ángel Vázquez Reyes, entonces subsecretario de Administración, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en testigo protegido y aportó nombres, documentos y números de cuenta que apuntan a funcionarios de alto nivel, a falta de que las autoridades corroboren que la in...
Un antiguo colaborador ha asegurado que una red de funcionarios del Gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) desvió alrededor de 1.000 millones de pesos (unos 50 millones de dólares) del erario público en Ciudad de México. Miguel Ángel Vázquez Reyes, entonces subsecretario de Administración, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en testigo protegido y aportó nombres, documentos y números de cuenta que apuntan a funcionarios de alto nivel, a falta de que las autoridades corroboren que la información sea cierta para hacer una acusación formal.
Vázquez Reyes fue detenido en febrero del año pasado tras ser imputado por uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos. En concreto, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México lo acusó de no pagar 293 millones de pesos en pensiones de trabajadores jubilados del Gobierno, manejo indebido de recursos públicos y engrosar la nómina de empleados gubernamentales al crear 32.000 plazas de base. Se le señala por nepotismo, al supuestamente haber formado una “nómina especial” en la que dio altos salarios a familiares y personas cercanas a él.
Las autoridades de la capital dieron a conocer la semana pasada que Vázquez Reyes se había acogido al criterio de oportunidad, una figura jurídica que permite reducir la sentencia a cambio de colaborar con la investigación y aportar pruebas en contra de implicados de mayor jerarquía. Hasta entonces, el exfuncionario, señalado en la prensa como operador financiero de Mancera, estaba en la cárcel. Ahora enfrenta su proceso en prisión domiciliaria. Otro caso notable de colaboración bajo este principio jurídico ha sido el de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos y principal implicado en la trama mexicana de Odebrecht, con la Fiscalía General de la República.
“El imputado ha aportado al Ministerio Público, datos, nombres y documentos que podrían acreditar la distribución de cerca de 1.000 millones de pesos entre diversos servidores públicos y actores políticos en forma indebida”, ha señalado la Fiscalía en un comunicado. En el boletín se agrega que Vázquez Reyes “no ha sido exonerado de ninguno de los delitos que se le imputan”.
Las autoridades no han revelado quiénes son los funcionarios que pueden estar implicados ni ha dado más detalles sobre el supuesto esquema que se utilizó para desviar los recursos. Vázquez Reyes había sido detenido por primera vez en diciembre de 2019, pero promovió un amparo para evitar pisar la cárcel.
La Fiscalía y el Gobierno de Claudia Sheinbaum, sucesora de Mancera, han descartado en varias ocasiones que detrás de la investigación exista una motivación política. “La Fiscalía reitera que no tolerará conductas al margen de la Ley en las que puedan estar relacionadas ex servidoras y servidores públicos, por lo que refrenda su compromiso de investigar y buscar sanciones, a fin de evitar la impunidad”, señala en el documento.
Mancera, ahora senador por el opositor Partido de la Revolución Democrática, no se ha pronunciado sobre las acusaciones de desfalco en sus redes sociales. Tras dejar el poder, su Administración ha estado bajo escrutinio. En septiembre de 2020, por ejemplo, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Dromómanos reveló la existencia de un aparato de espionaje creado durante su Gobierno financiado con recursos públicos y con el que se intervino los teléfonos de Sheinbaum y el presidente, Andrés Manuel López Obrador. En mayo pasado, Morena, el partido gobernante, amagó con quitar la inmunidad a Mancera al acusarlo como responsable del colapso de un tramo en la Línea 12 del metro, una tragedia en la que murieron 26 personas y que ha enfrentado políticamente a los últimos tres Gobiernos de la capital: el de Sheinbaum, Mancera y Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores.
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