Condenado a 208 años de prisión el director de obra del colegio Rébsamen, desplomado en el terremoto de 2017

Un tribunal ha condenado este miércoles a 208 años de prisión al director responsable de obra del colegio Enrique Rébsamen, derrumbado en Ciudad de México durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Juan Mario Velarde fue hallado culpable del delito de homicidio doloso de los 19 niños y siete adultos que fallecieron en el colapso de una parte del edificio, ubicado en la alcaldía Tlalpan —al sur de la ciudad—, que había sido ...

Un tribunal ha condenado este miércoles a 208 años de prisión al director responsable de obra del colegio Enrique Rébsamen, derrumbado en Ciudad de México durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Juan Mario Velarde fue hallado culpable del delito de homicidio doloso de los 19 niños y siete adultos que fallecieron en el colapso de una parte del edificio, ubicado en la alcaldía Tlalpan —al sur de la ciudad—, que había sido construido de manera irregular. El hombre fue el encargado de otorgar los documentos para la constancia de seguridad, necesaria para que la escuela privada siguiera operando. La sentencia llega a semanas del cuarto aniversario de la tragedia, y a poco menos de un año de la histórica sentencia contra la directora y dueña de la institución.

El terremoto de 2017 dejó en la capital mexicana miles de imágenes de lo que fue una de las tragedias más impactantes en la historia reciente del país. Incontables relatos de desolación surgieron de aquel día negro en la ciudad en que murieron más de 220 personas. Por el sismo colapsaron decenas de edificios, pero el caso del derrumbe del colegio Rébsamen se volvió un símbolo del dolor de ese 19 de septiembre. Una mole de concreto se había desplomado atrapando a niños y trabajadores de la escuela que intentaban desalojar el edificio ante un terremoto de 7,1 de magnitud. Familiares de víctimas se amontonaron frente los escombros durante días a la espera impaciente del trabajo de los rescatistas. “No nos vamos a ir hasta que saquen a la última persona”, decían entonces.

La sospecha de aquellos días terminó por comprobarse en los tribunales mexicanos tres años después. La edificación había sido levantada en medio de irregularidades. La directora del colegio y dueña de las instalaciones, Mónica García Villegas, había construido ilegalmente un piso de más de 230 toneladas en la parte superior. Los cimientos no soportaron el sismo y aquella mañana se vinieron abajo. En lo que fue la primera sentencia en este caso, García Villegas fue condenada en octubre del año pasado a 31 años de prisión por el homicidio culposo de las 26 víctimas fatales.

A la primera condenada se ha sumado este miércoles Velarde Gámez, detenido en julio de 2018 en el Estado de Querétaro. Al ingeniero se le ha señalado de ser quien dio luz verde para que la institución educativa continuara con sus puertas abiertas tras la construcción irregular. En una audiencia llevada a cabo en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, se le impuso además una reparación del daño de unos 370.000 pesos (18.600 dólares) a cada víctima mortal del derrumbe. La Fiscalía había solicitado 270 años de cárcel, pero el juez lo ha dejado en 208.

Esta segunda condena no es suficiente para las familias de las víctimas, que han repetido este miércoles el reclamo que mantienen desde el primer día. Quieren que todos los culpables, materiales y políticos, sean sentados ante un tribunal. Y quieren también saber qué responsabilidad tuvo el Gobierno local en la tragedia. Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la ciudad, era en 2017 la jefa de la delegación de Tlalpan. La tragedia del Rébsamen marcó su carrera política entonces. Aunque no llegó a dañarla de verdad, las familiares de los fallecidos acusaron opacidad durante todo el proceso.

Patricia Aceves, actual alcaldesa de Tlalpan, del mismo partido que Sheinbaum, aceptó las responsabilidades que la Alcaldía había tenido en el derrumbe y anunció una indemnización millonaria para las familias de las víctimas. Hasta el momento, ningún funcionario de la Administración local ha sido procesado en este caso.

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