Pueblos en llamas y matanza de civiles: la guerra del narco de la era López Obrador

Una frase repetida mil veces no siempre se convierte en una verdad. Especialmente si la realidad se muestra tan rotunda, como los dos hombres crucificados, las masacres y colgados de puentes estas semanas en Zacatecas, la cacería de inocentes en Tamaulipas y el regreso de los peores tiempos de Tijuana (Baja California). Pero antes en Guanajuato, en Michoacán o en Guerrero. La lista de Estados con episodios de extrema violencia, controlados de facto por el crimen organizado y sus guerras intestinas cuestionan la estrategia de combate al narcotráfico por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, sobre todo, refutan de manera tajante la máxima de su discurso: “El país está en paz”.

Cuando López Obrador tomó el poder en 2018 prometió acabar con la guerra contra el narcotráfico que había sembrado de cadáveres el territorio nacional, una etapa oscura de ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos entre los cárteles de la droga que no solo no frenó al narco, sino que aumentó la cifra de sangre. Su eslogan de campaña, “Abrazos y no balazos”, prometía un modelo diferente por el que la población no pagara con su vida. No obstante, el presidente enfrenta una de las épocas más violentas de la historia del país.

Casi 100 muertos al día es el saldo que soporta México, más grave incluso que en algunos de los peores años de la guerra contra el narco. Las escenas de terror observadas hace una semana muestran que aunque el mandato oficial es evitar el enfrentamiento del Ejército y los criminales, los ciudadanos continúan muriendo. Casi 15 años después de que el entonces presidente Felipe Calderón impulsara una cruzada nacional contra el crimen organizado, los cárteles y sus herederos siguen utilizando sistemáticamente el terror para someter a la población. La violencia como herramienta de poder. Y un país adaptado en lo general a altos niveles de estrés postraumático, según los expertos.

Los dos cárteles más poderosos del país, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, tienen presencia en todo el territorio nacional a través de enviados o de bandas aliadas. Su capacidad de fuerza es tal que no solo se han infiltrado o tienen a sueldo funcionarios en diferentes puestos de la Administración, según la agencia antidrogas estadounidense (la DEA), sino que incluso, como el caso de Jalisco, se ha atrevido a atentar contra el jefe de Gobierno de la capital, Omar García-Harfuch.

La era de los grandes capos de los noventa terminó tras la guerra y la persecución de sus cabecillas desmembró un sistema por el que pequeñas mafias locales son también capaces de los actos más atroces en sus municipios: el Gobierno de Texas pidió en abril considerar a los cárteles mexicanos dentro de la lista de organizaciones terroristas. La impunidad roza el 90%.

La cifra de sangre se ha mantenido en una tendencia constante desde la llegada de López Obrador. Los homicidios no se han disparado, pues desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto se soportaban esas cifras de violencia récord y la Administración obradorista celebra una cierta contención, pero la situación es crítica en algunos Estados. Guanajuato, por ejemplo, cuenta con más de 15.000 homicidios desde enero de 2018 hasta junio de este año, una entidad reconocida como tradicionalmente próspera y segura. Eso es, alrededor de 12 homicidios al día, en una población de seis millones de habitantes. “Hay algunos Estados donde la situación ya era preocupante y se ha agravado: como el caso de Aguililla [Michoacán] y municipios aledaños; o el caso de Tamaulipas con los eventos recientes. Pero hay dos focos importantes que se han disparado con el Gobierno de López Obrador: Zacatecas y San Luis Potosí”, cuenta el experto en seguridad Eduardo Guerrero.

Zacatecas se ha convertido desde hace dos semanas en el epicentro de una violencia que no cesa. En Fresnillo fueron colgados de un puente dos policías estatales del Estado vecino, San Luis Potosí, que habían sido reportados como desaparecidos. Un enfrentamiento entre presuntos miembros del cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, continuaron su batalla por el control territorial hasta el municipio de Valparaíso, donde en un enfrentamiento más propio de guerra civil murieron acribilladas más de 18 personas. Algunos medios locales contaron hasta 35 cadáveres regados entre coches en llamas en la sierra. Y esta semana, la entidad registraba un nuevo rostro del terror: nueve ejecutados, dos de ellos crucificados, empalados a una cruz, espalda con espalda.

El lunes 20 de junio, la localidad fronteriza de Reynosa amaneció desierta y muda. Sus habitantes soportaron ese fin de semana lo que en la macabra jerga del narco —incorporada ya al habla común— se conoce como “calentar la plaza”. Un grupo de hombres armados dispararon sobre una avenida al azar y mataron a 14 personas, además de dos mujeres que fueron secuestradas y amordazadas en el maletero de una de las tres camionetas que utilizaron ese día. En menos de dos horas acribillaron a una familia completa, trabajadores, estudiantes y vecinos con el único fin de utilizar la violencia y a la población como moneda de cambio para ejercer el control sobre la localidad. Calentar la plaza para echar a sus enemigos: el plan del narco que consiste en sembrar el caos mediante prácticas terroristas para llamar la atención del Ejército y debilitar a la banda rival que era dueña del lugar.

El objetivo de los criminales de Reynosa —de los cuales al menos siete de los presuntos responsables han sido detenidos—, era arrebatarle el control del puente fronterizo Pharr a la banda de Los Metros (aliada con el poderoso Cartel Jalisco). Para ello, Los Escorpiones y Los Ciclones (escisiones del antiguo Cartel del Golfo) se aliaron y en apenas dos horas sembraron el caos en uno de los pasos clave hacia Estados Unidos.

Para algunos expertos, como el politólogo y director del centro de investigación Noria especializado en temas de violencia, Romain Le Cour, episodios como el de Reynosa o como los municipios sitiados de Michoacán y Zacatecas, son una muestra de cómo en México se utiliza la violencia como herramienta de control. “Usar la violencia en México es muy barato en términos de consecuencias jurídicas. Se utiliza para regular la vida local, para imponer reglas. Cuando la utiliza el Ejército es con el mismo fin: cuando abate, asesina, manda un mensaje a los que están en frente. Y dice: el patrón soy yo”, señala Le Cour. “Lo que pasa es que el Estado no es nunca ausente, siempre está. Pero el tema es que con él siempre pueden negociar, a través del empleo de más violencia como amenaza o de corrupción. Pero cuando quiere frenarlo, lo hace”, añade.

La estrategia: “Dejar hacer”

“Cuando hablamos de guerra del narco creemos que hay dos bandos. Pero no es así”, apunta por su parte el periodista y experto en el Ejército mexicano Juan Veledíaz. “El primer objetivo de los cárteles siempre es controlar las policías y las fiscalías. Su control y extensión territorial consiste especialmente en ese punto clave”. Y señala un evento importante que retrató la estrategia contra el crimen que marcó el Gobierno de López Obrador: el Culiacanazo.

El fallido operativo militar para detener a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio, en la capital de Sinaloa en octubre de 2019, mostró, según coinciden algunos expertos, lo que se ha observado después en los planes del Gobierno frente al narco. “Aquello exhibió una falta de conocimiento del terreno y que no hay una estrategia, que lo de ‘abrazos y no balazos’ es totalmente hueco, naif. Y es perverso porque te revela el dejar hacer”, apunta Veledíaz.

Sobre ese punto, agrega Guerrero: “López Obrador estableció una línea de no confrontación directa con el narco, porque esa había sido una constante tanto con Calderón como con Peña Nieto. Entonces ordenó vigilar las zonas, pero eludir el conflicto. Y efectivamente, los indicadores muestran un descenso de masacres con la participación del Ejército. Pero el costo ha sido enorme: se han dejado a la merced del crimen una cantidad de territorios. Esto a la larga generará más violencia, porque habrá más competencia”.

Un factor clave en esta semana negra ha estado relacionado con el cambio de Gobierno en algunos Estados y la debilidad de los gobernadores en otros, como por ejemplo, Tamaulipas. “Aprovechan para hacer más golpes porque la posibilidad de que esto quede impune es muy alta. Muchas veces los grupos ambicionan un espacio, un territorio para vender o guardar droga o extorsionar, pero no lo hacen porque el Gobierno está tras ellos. Pero si lo ven débil, ellos inmediatamente realizan tareas de alto riesgo, como lo que sucedió en Reynosa”, cuenta. El 6 de junio se renovaron 15 cargos a gobernador y aunque Tamaulipas no se encuentra entre ellos, su gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, está en la mira de la Fiscalía General por presuntos nexos con el narco y lavado de dinero.

López Obrador ha concentrado su esfuerzo para poner fin a la violencia en dos direcciones: un plan a largo plazo enfocado en la labor social, en la educación y mejores oportunidades para los jóvenes, carne de cañón para el crimen organizado; y otro, en el despliegue de su cuerpo estrella, la Guardia Nacional, formado por militares y policías federales, coordinado por la Secretaría de la Defensa, pero que todavía no ha logrado implementarse completamente por cuestiones jurídicas y conflictos de competencias entre diferentes administraciones.

La guerra que desde la tarima presidencial se niega, tiene además otras víctimas. Los ciudadanos asediados por los enfrentamientos entre cárteles ante la inacción de las autoridades deben adaptar su vida a unos niveles altos de violencia. En algunos municipios, como Reynosa, hay habitantes que no han conocido la paz y que revisan los grupos de WhatsApp o Facebook para saber si es seguro salir a la calle. Que el fin de semana del 18 de junio permanecieron enclaustrados por miedo a ser ejecutados por una bala perdida, que se asumen como una moneda de cambio perversa en el control de la plaza.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctora en Psicología y Antropología social Cecilia López Pozos, que ha estudiado las consecuencias psicosociales de la violencia en la zona del Altiplano mexicano, advierte de los efectos para las comunidades expuestas a estos niveles de estrés. “El tipo de violencia es la continuación de un código perverso en relación con el tipo de muerte. El modo de morir de los narcos o enemigos es un código terrorífico, y este código básicamente tiene un objetivo: por un lado, el control social; y por otro lado, someter a un miedo sistemático a toda la población”, señala.

La investigadora ha detectado “un repliegue social”, resultado de la persistencia prolongada de altos niveles de violencia. “Se ha perdido la confianza. Es una de las peores consecuencias. Se rompe la comunidad, hay una fractura social en la credibilidad entre todos nosotros”, explica. Además, la población llega a adaptarse a un modo de vivir que “nada tiene que ver con la condición humana”. Y concluye: “Estamos viviendo un trauma colectivo”.

La ley del más fuerte se ha apoderado de Zacatecas y Tamaulipas como antes sucediera en Chihuahua, Baja California, Guerrero, Michoacán, Guanajuato. El saldo final de muertes a nivel nacional puede que concluya con un estancamiento, pues la cifra de 100 asesinatos al día es lo suficientemente alta. Desde la tarima presidencial se celebrará una “contención de la violencia”, como se ha hecho en los últimos meses. Pero los pueblos en llamas, la cacería de inocentes, la exhibición pública del terror con colgados de puentes y el último episodio reciente, dos crucificados en Zacatecas, alerta inevitablemente al Gobierno y al país de que más allá de los datos, la pesadilla continúa.

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